La decisión del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de retirar tanto la orden europea de detención y entrega como la orden internacional de busca y captura contra Carles Puigdemont y cinco de sus ex consejeros, no ha pillado por sorpresa a Moncloa. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, “ya había trasladado a personas de su entorno en conversaciones privadas sus temores respecto a que la Justicia belga sólo entregara al ex president para ser juzgado por el supuesto delito de malversación”, según fuentes gubernamentales que conocían las dudas de Rajoy, dejando fuera las que son las dos grandes acusaciones que penden sobre el anterior Govern y la mesa de la Cámara autonómica, esto es, rebelión y secesión.

Así, aunque el independentismo interpreta la decisión de Llarena como una derrota judicial de la Justicia española, lo cierto es que ha sido la única manera de mantener intactas las mismas acusaciones que penden sobre el resto de los imputados por el proceso separatista en Cataluña. Ahora bien, Puigdemont podrá circular libremente por toda Europa y hasta organizar mítines electorales en la frontera con Francia, pero es consciente de que en cuanto ponga un pie en territorio español será detenido y puesto a disposición del juez.  Y todo apunta a que Llarena tampoco será benevolente con él como no lo ha sido con Oriol Junqueras, a quien su permanencia en prisión le está dejando sin un altavoz con el que poder hacer campaña electoral.

Moncloa respira por la decisión del juez LLarena para evitar una respuesta adversa de la justicia belga

No cabe duda de que Puigdemont está en una posición ventajista en esta campaña con la que, poco a poco, va arañando votos a los republicanos de Esquerra y erigiéndose como el único president legítimo ante un Junqueras que manda de avanzadilla a Marta Rovira, apuesta, sin duda, catastrófica. Pero si bien parece capaz de atemperar la caída que todos los sondeos pronosticaban a su partido, el PdCat, hoy preterido, lo único que hace es retrasar , y empeorar, su horizonte penal. Hay dudas sobre si podrá tomar posesión de su escaño -aunque parece que no es necesaria su presencia física para ello-, así como participar en las futuras votaciones parlamentarias, incluida la de investidura. En fin, una situación totalmente anómala en unas elecciones excepcionales,

Moncloa respira así ante la decisión del juez del Tribunal Supremo para evitar una respuesta adversa de la justicia belga, no tanto porque entre al fondo del asunto, como por la distinta consideración que tiene la rebelión en el ámbito penal de ese país. No son delitos armonizados en la Unión Europea. Bélgica entiende la rebelión “cualquier ataque, cualquier resistencia con violencia o amenazas” a autoridades “que actúan para la ejecución de las leyes, órdenes u ordenanzas, mandatos de la justicia o los juicios”, sin hacer referencia a la integridad territorial del país.

Podemos pone el acento en el “falta de credibilidad de nuestro sistema de justicia en Europa”

El portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Rafa Hernando, calificó de “acertada” la decisión de Llarena  porque las órdenes de entrega europea contra Puigdemont y cuatro ex consejeros “limitaban” la posibilidad de juzgarlos por rebelión y secesión. Ha explicado que la retirada “va a permitir que estos prófugos de la justicia puedan ser juzgados por los mismos delitos” que el resto de miembros del Govern que decidió permanecer en España y “hacer frente a sus responsabilidades penales”, informa Efe.

Muy distinta es la opinión de la portavoz de Podemos, Irene Montero, que se suma a las tesis de los partidos independentistas al poner el acento en que “si la decisión del Tribunal Supremo se toma ante la sospecha de que desde otro país europeo nos puedan llegar a decir que los delitos que se trata de imputar no son adecuados o son incorrectos jurídicamente, creo eso muestra la falta de credibilidad de nuestro sistema de Justicia en Europa”.

Sánchez Melgar apunta a nuevas decisiones de la Fiscalía

A las últimas novedades en el ámbito del Supremo se unen las enigmáticas palabras que este martes pronunció el que será nuevo Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar,  apuntando a la posibilidad de nuevas decisiones en fechas próximas. Aunque no ha querido profundizar más en unas declaraciones a la prensa en el Congreso, todo apunta, como ha adelantado El Independiente, a nuevas imputaciones de miembros del llamado “comité estratégico” del procés, definido en el documento “Enfocats”. De dicho comité formaban parte no sólo los miembros del Govern, todos imputados, sino las portavoces parlamentarias de Junts pel Sí y la CUP, Marta Rovira y Anna Gabriel, respectivamente, y la presidenta de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI).

En su comparecencia ante la comisión de Justicia, como paso previo para su nombramiento definitivo este jueves en el Consejo de Ministros, Sánchez Melgar ha anunciado que el Ministerio Público responderá de manera “serena y firme, pero proporcionada” a los actos de “desobediencia a los tribunales o de desprecio a la Constitución” que puedan seguir produciéndose, en alusión al separatismo.