La defensa de Antoni Comín y Meritxell Serret, dos de los cuatro consellers huidos a Bélgica junto al ex president Carles Puigdemont, interpreta como una “victoria jurídica” la decisión del juez del Tribunal Supremo de retirar la petición de entrega de los cinco ex miembros del Govern formulada a Bélgica por la Audiencia Nacional hace un mes: “Hemos ganado antes de tiempo”.

Los abogados españoles que dirigen la defensa de Comín y Serret consideran que el magistrado que instruye la causa por rebelión contra la cúpula independentista ha realizado este movimiento al percibir que las autoridades judiciales belgas iban a denegar la entrega por todos los delitos por los que eran reclamados los imputados (rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación) o acordarla por tan sólo alguno de ellos. “Cualquiera de estos dos escenarios podría ser devastador no sólo para la imagen de España y de cómo ha gestionado este problema político, sino para la causa española y los efectos que podría haber deparado en las defensas del resto de investigados que se encuentran en España”, sostienen.

En el caso de que las autoridades judiciales belgas hubieran denegado íntegramente la entrega de Puigdemont y sus ex consejeros o haber accedido tan sólo de forma parcial a la pretensión de la Audiencia Nacional, aquéllos ya no habrían podido ser detenidos o encausados en ningún país de la Unión Europea -incluido España- por los mismos hechos por los que eran reclamados ahora. Ese riesgo se conjura dando marcha atrás a la euroorden.

Los abogados de Comín y Serret dicen que Llarena trata de evitar que el juez belga “deniegue” la entrega de los querellados. “Este motivo no es riguroso”, dicen

En el auto dictado este martes, el juez Pablo Llarena argumenta que los hechos que se investigan son de “naturaleza plurisubjetiva” y que la depuración de las responsabilidades penales ha de llevarse a cabo “de manera unificada”, a fin de evitar la ruptura de la continencia de la causa y conjurar el riesgo de respuestas “contradictorias y divergentes”. Ello explica que el magistrado del alto tribunal pidiera a la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional que se inhibiera en su favor del conocimiento de los hechos contra los miembros del Govern.

“El actual mantenimiento de las órdenes de detención, lejos de facilitar un adecuado desarrollo del proceso, puede introducir una restricción de efectos sustanciales, pues al ser posible que el Estado requerido deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se está posibilitando una restricción del título de imputación para los investigados que se encuentran fugados, lo que -de acontecer- dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones ante este Tribunal”, expone Llarena.

Los abogados de Comín y Serret aseguran que ya contemplaron la posibilidad de que el Supremo retirara la petición de entrega en la reunión preparatoria de la vista de este lunes que mantuvieron en Bruselas, si bien como la respuesta “menos rigurosa”. “Un tribunal o juez español no debe dejar de perseguir a sospechosos de ‘graves delitos’, salvo que entienda que no pesan indicios de comisión de delitos, que los haya detenido por encontrarse en España o por fallecimiento. Es el principio de legalidad, que impide dejar de perseguir a sospechosos o investigados. Evidentemente, la motivación viene explícita en el razonamiento cuarto del auto: evitar que el juez belga deniegue la entrega de los cinco querellados. Este motivo no es riguroso, es un motivo de oportunidad que responde más a una estrategia política que a una decisión jurídica”, mantienen.

La defensa de los ex ‘consellers’ insiste en que no hay caso y que se ha construido una causa “sobre la criminalización del derecho de manifestación”

La defensa insiste en que se trata de una “persecución política” y que los hechos por los que España ha reclamado a Puigdemont y los ex consellers “no son delictivos”. Y ello se acredita, sostienen, en la “voluminosa y contundente” documentación que han aportado al juez belga, que tenía previsto hacer pública su decisión sobre si accedía o no a la petición de la Audiencia Nacional el próximo 14 de diciembre.

“En términos generales, tras la vista de ayer, quedamos muy esperanzados de lograr la protección del juez. Siempre confiamos en que la Justicia belga acogiera nuestras alegaciones: el proceso en España no ha sido justo, los hechos no son delictivos y no hay motivos para encarcelar a nadie”, señalan. Y añaden: “Pesa sobre ellos graves imputaciones por la realización de actos parlamentarios y de gobierno: nunca hubo violencia y se ha construido una causa sobre la criminalización del derecho de manifestación”.

“No regresarán a España”

Los abogados de Comín y Serret critican la “escasa seriedad de la Justicia española” por provocar unos gastos a Bélgica con la tramitación de la euroorden que ahora retira y aseguran que la la decisión adoptada por Llarena “refuerza” la postura de que no deben regresar. “Ni antes ni ahora hay garantías de que tendrán un juicio justo. Nuestros defendidos no vendrán a España”, aseguran.

Tanto Comín como Serret ocupan puestos de salida en las listas de ERC para las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, el primero de número siete por Barcelona y la segunda encabezando la candidatura por la circunscripción de Lleida.