Política

La juez firma la orden de busca y captura para Puigdemont y cuatro ex 'consellers'

Carles Puigdemont, llegando esta semana al Centro de Prensa de Bruselas (Bélgica).

Carles Puigdemont, llegando esta semana al Centro de Prensa de Bruselas (Bélgica). EFE

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha firmado este viernes las órdenes internacionales de detención contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro ex consejeros que se han negado a comparecer en calidad de imputados en la causa en la que se les investiga por la posible comisión de delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia.

En un auto fechado este viernes, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional ha acordado la busca y captura e ingreso en prisión provisional sin fianza de Puigdemont y de los ex consellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura). Éstos se trasladaron a Bélgica después de que la Fiscalía General del Estado interpusiera este lunes sendas querellas contra todos los integrantes del Govern y contra los seis miembros de la Mesa del Parlament que admitieron a trámite la iniciativa que dio pie a la votación y posterior declaración unilateral de independencia el pasado 27 de octubre, negándose a comparecer este jueves como sí hicieron Oriol Junqueras y otros ocho integrantes del Ejecutivo autonómico destituido por Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155.

Lamela accede así a la petición que le había formulado 24 horas antes el fiscal al no atender la citación para que comparecieran ante la instructora y rechaza la petición de los investigados, que habían solicitado prestar declaración ante la autoridad judicial belga a través de videoconferencia desde Bélgica. Invocaban para ello el Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los estados de la Unión Europea del año 2000 (artículo 10), la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 325 y 731) y la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 229).

En su resolución, la magistrada recuerda que los preceptos invocados no establecen esta posibilidad «con carácter absoluto», al tiempo que llama la atención sobre el hecho de que ninguno de los cinco investigados explique los «motivos» que le llevan a pedir declarar a través de este medio. «Ni siquiera señalan un domicilio en Bélgica a fin de poder arbitrar la videoconferencia», señala.

Arraigo en España

La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional considera que Puigdemont y sus cuatro ex consellers han viajado al país centroeuropeo «con la única finalidad de eludir las posibles responsabilidades que pudieran tener en España», puesto que hasta el pasado 28 de octubre formaban parte del Govern y tenían su domicilio en España. Lamela no pasa por alto que la posibilidad que prevé el Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los estados de la Unión Europea se refiere a las personas reclamadas que residen en el Estado de ejecución, pero no está prevista para quien, teniendo arraigo en España, «se fuga y se refugia en un Estado miembro para no estar a disposición de los tribunales» de Justicia.

Carmen Lamela dice que Puigdemont, «como president de la Generalitat y más alta representación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, apoyado por los miembros del Consejo de Gobierno y con el respaldo de los diputados independentistas, incumplió frontalmente las suspensiones ordenadas por el Tribunal Constitucional», como la Ley del Referéndum de Autodeterminación y su decreto de convocatoria.

La juez da por hecho que el investigado «planificó, organizó y financió con fondos públicos la convocatoria y celebración» de la consulta ilegal del 1-O, lo que supondría la comisión de un delito de malversación de caudales públicos. Es por ello por lo que Carmen Lamela ha fijado una fianza de responsabilidad civil de 6,2 millones de euros para todos los altos cargos que formaban el Govern a fin de asegurar sus posibles responsabilidades pecuniarias en caso de ser condenados en el futuro.

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