La valoración del patrimonio que poseen Carles Puigdemont y el resto de integrantes que formaban su Govern, destituido por Mariano Rajoy en aplicación de las medidas amparadas por el artículo 155 de la Constitución, cubre tan sólo la mitad de los 6,2 millones de euros que les ha impuesto la Audiencia Nacional como fianza de responsabilidad civil en la causa en la que se les investiga por la posible comisión de delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Accediendo a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía General del Estado en su querella, que valoraba «prudencialmente» en dicha cantidad el coste del 1-O, la magistrada Carmen Lamela concedió el pasado martes un plazo de tres días a los 14 ex altos cargos para que presenten fianza por el citado importe para asegurar sus eventuales responsabilidades pecuniarias. De no hacerlo, como ya les ha apercibido, decretaría el embargo de los bienes hasta cubrir dicha suma. Ésta es la cantidad que como mínimo habría destinado la Generalitat a los preparativos y desarrollo del referéndum de autodeterminación suspendido por el Tribunal Constitucional, motivo por el que la instructora considera indiciariamente que los investigadores malversaron fondos públicos.

Según los últimos datos ofrecidos por la Generalitat de Cataluña, Puigdemont y sus 13 consellers tienen inmuebles y dinero en cuentas corrientes y fondos de inversión que suman 3.305.728,76 euros, algo menos del 54% de la cuantía de la fianza que han de depositar. En concreto, el ex president es el cuarto con menos patrimonio, formado por una vivienda -al 50%- con una valoración catastral o precio de adquisición de 280.000 euros y 14.ooo euros depositados en el banco. En total, 294.000 euros.

El ex ‘president’ y sus consejeros tienen bienes por 3,3 millones y la juez Lamela les ha fijado una fianza de responsabilidad civil de 6,2 millones

Encabeza el escalafón Josep Rull, titular del departamento de Territorio y Sostenibilidad hasta la destitución del Govern. Éste declaraba tener 919.735,39 euros, de los que 830.193,66 corresponden a diversos inmuebles. Entre planes de pensiones, acciones y ahorros en cuentas corrientes, Rull sumaba otros 89.541 euros.

Oriol Junqueras, líder de ERC y número dos de Puigdemont en el último Gobierno catalán, tiene un patrimonio valorado en 393.784,55 euros. De esta cantidad, 158.931,14 euros corresponden al valor catastral de dos viviendas -una al 50% y otra heredada al 100%- y el resto a planes de pensiones, fondos de inversión y dinero en cuentas corrientes. El ex vicepresidente aseguraba no tener pasivo.

También se encuentra por delante de Carles Puigdemont en cuanto al valor de su patrimonio Raül Romeva, el consejero de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores. Éste posee bienes por 304.324 euros, importe que mayoritariamente se corresponde con la tasación de los inmuebles de los que es copropietario (284.324 euros). Los 20.000 euros restantes es lo que suma el valor de liquidación de su plan de pensiones y los ahorros en cuentas corrientes.

El fiscal toma como base para calcular la caución las partidas para consultas populares incluidas por el ‘Govern’ en el presupuesto para el ejercicio 2017

Les siguen Meritxell Borràs (289.986,70 euros), Joaquim Forn (280.896), Clara Ponsatí (237.675), Santi Vila (147.230), Jordi Turull (117.036), Carles Mundó (110.911,24), Lluís Puig (89.940,22), Dolors Bassa (64.865) y Meritxell Serret. Completa la lista el ex conseller de Salud Antonio Comín, que sólo declaraba tener 44.000 euros en el banco y carecer de inmuebles.

La fianza de 6,2 millones a los integrantes del Govern es idéntica a la que el Ministerio Público ha pedido que se fije también para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cinco integrantes de la Mesa (Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet) contra los que se ha querellado ante el Tribunal Supremo por los mismos delitos: rebelión, sedición y malversación. En el auto de admisión a trámite, la Sala de lo Penal del alto tribunal no se ha pronunciado sobre la adopción de esta medida cautelar.

Para fijar la cuantía de la fianza, la Fiscalía Superior del Estado se ha basado en el crédito asignado a la partida presupuestaria para gastos de procesos electorales y consultas populares contenida en la Ley de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2017, recurrida parcialmente por el presidente del Gobierno el pasado mes de abril y declarada inconstitucional el pasado 5 de julio.

La ‘sospechosa’ disposición adicional

En concreto, el pleno del Tribunal Constitucional acordó la nulidad de la disposición adicional cuadragésima (‘Medidas en materia de organización y gestión del proceso referendario’) y declaró que serían inconstitucionales tres partidas presupuestarias (‘Procesos electorales y consultas populares’, ‘Procesos electorales y participación ciudadana’ y ‘Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales’) si «se destinan a la financiación del proceso referendario» al que alude la citada disposición adicional.

En el auto por el que ha enviado a prisión incondicional este jueves al ex vicepresidente Oriol Junqueras y a otros siete ex consellers, la juez Lamela da por hecho que los imputados «han hecho posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto no ya contrario a Derecho, sino constitutivo de delito en tanto vulnerador» de las resoluciones del Tribunal Constitucional. «Habiendo preordenado los gastos para la consumación de un acto delictivo, cabe afirmar que los gastos generados han sido deliberadamente y ab initio destinados a un fin radicalmente ajeno a la Función Pública, desviándose deliberadamente del corrector funcionamiento de la actividad patrimonial de la Comunidad Autónoma de la que eran responsables», sostiene la magistrada.

Consulta del 9-N

La cuantía de la fianza fijada por la juez Carmen Lamela a los integrantes del último Govern es ligeramente superior a la cantidad (5,2 millones) que, también cautelarmente, determinó el Tribunal de Cuentas para el ex president Artur Mas y los ex consejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por posible responsabilidad contable al destinar recursos públicos a la consulta del 9-N (2014), que también había sido suspendida por el Constitucional.

En el plazo inicialmente concedido, Mas depositó tan sólo 2,2 millones y pidió al máximo órgano de fiscalización de las administraciones públicas que le diera 15 días naturales más de margen para terminar de reunir el dinero, petición que ha sido atendida. El antecesor de Carles Puigdemont al frente del Gobierno de la Generalitat dispone hasta mitad de mes para reunir la cantidad reclamada.