La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha accedido a la petición de la Fiscalía y ha decretado prisión provisional incondicional para los ex consejeros de la Generalitat de Cataluña que han declarado este jueves en Madrid acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación. Se trata del ex vicepresidente Oriol Junqueras y los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Josep Rull y Dolors Bassa. Para Santi Vila se ha decretado prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.

Mapa de la distribución de los exmiembros del Govern en los distintos centros penitenciarios

Mapa de la distribución de los exmiembros del Govern en los distintos centros penitenciarios

Junqueras y Forn ingresarán en la prisión madrileña de Estremera. Romeva y Turull, en San Martín de la Vega. Vila y Mundó, en Aranjuez. Bassa y Borràs, en Meco mujeres, y Rull en Navalcarnero.

Vila, que dimitió antes de la declaración unilateral de independencia, ha sido el único que ha respondido a las preguntas de la fiscalía y que ha optado por una defensa personal. El ex consejero de Empresa ha comparecido durante 45 minutos, mientras que el resto de miembros del Govern cesado lo han hecho durante menos de cinco minutos, respondiendo solo a las cuestiones planteadas por sus abogados.

La juez ha decretado el ingreso en prisión provisional incondicional en base al riesgo de fuga de los consejeros, y cita especialmente la huida a Bélgica de Puigdemont y varios ex consejeros. “Algunos ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que puedan haber incurrido”, dice el auto, que hace referencia además al “alto riesgo” de destrucción o alteración de pruebas y de reiteración delictiva.

Ni el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni los ex consejeros Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí han comparecido ante la Audiencia Nacional. Permanecen en Bélgica, donde se remitirá previsiblemente una euroorden de detención que tendrá que resolver la justicia belga si los interpelados no deciden aceptarla voluntariamente.