El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha confirmado su amenaza y no se ha presentado ante la juez de la Audiencia Nacional que le investiga por la posible comisión de delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Previsiblemente, la magistrada Carmen Lamela dictará ahora una orden europea de detención.

Al igual que Oriol Junqueras (vicepresidente) y los otros 13 consellers que integraban su gobierno, Puigdemont estaba citado a las 9.30 horas por la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional para tomarles declaración en calidad de investigados tras la querella presentada este lunes por la Fiscalía General del Estado.

El requerimiento judicial ha sido atendido por Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carles Mundó y Santi Vila. Vila ha llegado el último y el ex vicepresidente Junqueras el primero, pasadas las ocho de la mañana. Junto al ex president, no se han presentado Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret, que previsiblemente estarían con Puigdemont en Bélgica.

Según fuentes jurídicas, el ex portavoz del Govern Jordi Turull ha sido el primero en empezar a declarar, a partir de las 09.50 horas aproximadamente. El conseller Puig al parecer se encuentra en Bélgica junto a Puigdemont, mientras que Borràs ha volado desde este país a Madrid para declarar ante la juez Lamela.

La fuentes dijeron que sólo Santi Vila, ex titular de Empresa y Conocimiento, está respondiendo a las preguntas de todas las partes. El resto de los comparecientes sólo están atendiendo las preguntas de sus abogados.

Mas y Homs, arropando

Los miembros del Ejecutivo catalán destituido por el Gobierno de la nación en aplicación de las medidas autorizadas por el Senado al amparo del artículo 155 han estado arropados a las puertas de la Audiencia Nacional por el ex president Artur Mas y el ex consejero Francesc Homs, entre otros.

En su querella, el Ministerio Público acusa a los miembros del Govern de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos -entre otros ilícitos- por actuar con «total desprecio» a la Constitución en el diseño y ejecución del procedimiento independentista. El fiscal, que sitúa el punto de partida el 9 de noviembre de 2015, pide que los querellados depositen una fianza de responsabilidad civil de 6,2 millones de euros para reparar el daño económico que con sus decisiones hayan podido causar a los caudales públicos en caso de ser condenados en el futuro.

A la misma hora estaban citados en el Tribunal Supremo la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa acusados de los mismos delitos por la Fiscalía al admitir a trámite la iniciativa que posibilitó la votación y posterior declaración unilateral de independencia. Estos querellados sí se han desplazado a Madrid para comparecer ante el alto tribunal, si bien finalmente han sido suspendidas las declaraciones hasta el próximo 9 de noviembre.

Además de Forcadell, la acusación alcanza a Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Anna Simó y Joan Josep Nuet. A excepción del último, todos forman parte de la Diputación Permanente (órgano que vela por los poderes de la Cámara al haberse disuelto ésta por la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre), por lo que mantienen el aforamiento.