Ha pasado casi una década desde que estallara el escándalo. Sucedió apenas unas semanas después de que el Gobierno de Patxi López relevara en mayo de 2009 al PNV al frente del Ejecutivo vasco. La hasta entonces reconocida y en ocasiones envidiada sanidad pública vasca mostraba su lado más oscuro. Diversas informaciones periodísticas revelaban que la salud de los vascos, las listas de espera para ser operados, para someterse a una prueba o para una consulta con el especialista, podrían haberse convertido en un suculento negocio para algunos de los responsables sanitarios del Gobierno saliente de Ibarretxe.

Los hechos denunciados después por la nueva consejería, en manos de Rafael Bengoa, se remontaban al año 2006. Aquel año el departamento de Sanidad, entonces en manos del PNV, decidía establecer un novedoso sistema de gestión de las listas de espera. La fórmula se basaba en ceder a una empresa intermedia entre la red pública y la concertada la gestión de la derivación de pacientes a centros concertados para aliviar así la carga asistencial inasumible de Osakidetza. Las informaciones y sospechas que posteriormente se ratificarían en comisiones parlamentarias apuntaban a que la empresa que comenzó a derivar pacientes cobraba, presuntamente, comisiones de entre el 5% y 20% del coste de cada intervención asignada a algunos centros privados.

Aquella operación la Fiscalía la describió como una “puesta en común” entre un empresario y facultativo-jefe en el Hospital de Cruces-, su socia, un director territorial de Sanidad y un viceconsejero del Gobierno vasco para beneficiar con la adjudicación de contratos públicos, “eludiendo los principios de legalidad, objetividad y publicidad” a determinadas empresas. Según estas acusaciones se habrían beneficiado con adjudicaciones, por un importe estimado en 6,8 millones de euros, a empresas vinculadas a quien era amigo personal del entonces consejero de Sanidad, Gabriel Inclán y que da nombre al caso, el médico, José Carlos Margüello. Una actuación coordinada que la juez de instrucción llegó a afirmar en un auto que se planteó “para lucro y beneficio económico de los investigados y en perjuicio de los intereses públicos”.

Nueve años después

Las informaciones periodísticas posteriores, y que daban forma a lo que hasta entonces era un rumor extendido en los ámbitos sanitarios, suscitó un gran revuelo en el clima político del momento y un profundo tensionamiento entre nacionalistas y socialistas, hoy socios de Gobierno en Euskadi. El Caso Margüello provocó la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento Vasco, un duro informe del Tribunal Vasco de Cuentas y la derivación del caso a la Fiscalía. En los tres casos se dieron por acreditadas numerosas irregularidades en las concesiones de contrataciones sanitarias públicas en tiempos de Juan José Ibarretxe y siempre a empresas vinculadas con Margüello.

Los acusados, entre ellos ex altos cargos con el PNV, están acusados de actuar coordinadamente para beneficiarse de contratos por 6,8 millones

Desde este el lunes, casi nueve años después de que saliera a la luz el caso, corresponderá a la Justicia juzgar los hechos. La Fiscalía, la única acusación que reclama penas de prisión –el Gobierno vasco está personado pero sólo solicita resarcimiento económico si son condenados-, considera probadas un cúmulo de irregularidades (adjudicaciones ilegales, incrementos injustificados de tarifas, falsificación documental, etc.) y que a partir de hoy intentará demostrar en la Audiencia Provincial de Vizcaya. En su escrito de acusación señala que existen pruebas suficientes para imputarles delitos de prevaricación, malversación, fraude contra la Administración pública y un delito de negociaciones y actividades prohibidas para funcionarios.

En el banquillo se sientan tres ex altos cargos de la consejería de Sanidad y una cuarta acusada, sobre la que recae la sospecha de haber actuado como testaferro. Los acusados se enfrentan a peticiones de prisión que van hasta los 11 años de cárcel además de a tener que hacer frente a la devolución de 6,8 millones de euros, la cuantía de la que se estima que se habrían beneficiado gracias a los contratos adjudicados de modo irregular.

En un auto la juez de instrucción llega a apuntar que la sociedad Gestión de Servicios Sanitarios XXI, creada para obtener contratos para la gestión de listas de espera, -hasta entonces lo hacía directamente la sanidad pública, sin intermediarios- contó con la “connivencia” de dos de los acusados, el director de Sanidad en Vizcaya, José Ramón Elorriaga, y el Viceconsejero, Rafael Cerdán, quienes, señala, “en el ámbito de su competencia favorecían las resoluciones y adjudicaciones fuera de la legalidad” para beneficiar a empresas de Margüello y en las que su socia habría actuado para sortear la incompatibilidad al ser facultativo de la red pública, apunta la juez, “el auténtico administrador de hecho”. Recuerda además que otras de sus empresas, como Medical Dom o Rehabilidom “venían recibiendo importantes adjudicaciones públicas desde 1996”.

Autorización ilegal y nula

El escrito de acusación de la Fiscalía tampoco dejaba lugar a dudas de que aquella operación estuvo plagada de incumplimientos legales con el único propósito de beneficiar a las empresas vinculadas con el principal acusado, José Carlos Margüello, amigo personal del entonces consejero de Sanidad, Gabriel Inclán. El anterior titular de la sanidad vasca no está acusado, sólo comparecerá como testigo de las defensas.

El propio Margüello fue cesado de su puesto y suspendido de empleo meses después de que saltara a los medios el caso por una falta “muy grave” al haber incurrido en incompatibilidad por su condición de empleado público y su vinculación a empresas que se beneficiaron de contratos de la sanidad pública. El entonces jefe de Calidad del mayor hospital del País Vasco, Cruces, además de sus funciones médicas participaba en numerosas empresas, muchas de ellas vinculadas al ámbito sanitario.

Empresas de un médico, amigo del consejero, se habrían beneficiado de adjudicaciones supuestamente irregulares para gestionar listas de espera

El contrato que levantaría todas las alarmas y terminaría poniendo su nombre en el foco de la sospecha fue el relacionado con la gestión de parte de las listas de espera de Osakidetza. En 2006 el consejero Inclán planteó un plan para reducirlas. Ese mismo año, su amigo, Margüello, junto con su socia María Nieves Fernández, constituyó una nueva sociedad, Gestión de Servicios Sanitarios XXI (Gestión XXI). La citada empresa carecía de instalaciones, experiencia y recursos propios y según los informes de investigación posteriores fue autorizada de modo ilegal y tuvo a la sanidad pública vasca como su único cliente.

Para poder funcionar como sociedad sanitaria y acceder a concursos públicos Gestión XXI debía cumplir con el requisito de ser previamente autorizada por la Consejería, como establece la ley para todas las empresas del ámbito sanitario. Sin embargo, las condiciones que reunía la sociedad de reciente creación y que plasmó en su solicitud hizo que ninguno de los técnicos de la consejería considerara que cumplía las condiciones para ser autorizada.

Según el relato de la Fiscalía, y de varios de los testigos que comparecieron en la comisión de investigación del Parlamento Vasco en 2009, Elorriaga habría presionado para que Gestión XXI fuera autorizada. Tras no lograrlo en una primera instancia, invitó a Gestión XXI a que volviera a solicitar la autorización de funcionamiento. En esta ocasión, según la Fiscalía, Elorriaga firmó él personalmente la autorización, incumpliendo todos los requisitos legales establecidos, y sin que la autorización la incluyera en el registro pertinente.

En marzo de 2016 la juez instructora apunta en un auto que “Elorriaga presionó de forma reiterada a varios funcionarios” para que emitieran informes favorables y que sólo tras no lograr su propósito, “el 9 de junio del 2006, sin procedimiento previo, con una simple solicitud de ese mismo día de los investigados” emitió una resolución de autorización. Resolución que fue dictada “obviando todos los trámites y controles legales exigidos” y que no fue incluida ni registrada “en el sistema informático de Sanidad, ni en el registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios”.

Contratos por la vía para “emergencias”

Una vez lograda la autorización, Gestión XXI podía optar a contratos públicos. Lo logró apenas 17 días después, el 26 de junio de 2006, cuando el entonces viceconsejero de Sanidad, Rafael Cerdán le adjudicó su primer contrato de “consultas, procesos quirúrgicos y pruebas complementarias”. Lo hizo empleando para ello un procedimiento de emergencia, reservado para situaciones de gran excepcionalidad, con el fin presuntamente de evitar así la concurrencia pública y permitir la adjudicación directa. Aquel contrato fue ampliado en 2007 y 2008 hasta sumar un total de 1,98 millones de euros. Con él, la sanidad pública vasca concedía a una empresa de reciente creación, sin experiencia y vinculada a un amigo personal del consejero de Sanidad la gestión de una parte de las listas de espera de la sanidad pública.

Una de las adjudicaciones se concedió aplicando el procedimiento reservado para situaciones de emergencia y que elimina la concurrencia

Poco después, en julio de 2007, Gestión XXI sería la beneficiaria de otro contrato, en este caso junto a la Clínica Indautxu, con la que se constituyó en UTE. Para obtenerlo previamente se dejó sin efecto una convocatoria perfectamente legal ya en marcha para sustituirla por otra similar pero que se adjudicó sin publicidad y por un procedimiento negociado. Aquel contrato se adjudicó por 218.000 euros, se amplió un año después a 750.000 euros y hasta 3,8 millones en 2009 para sumar un total de 4,8 millones de euros.

Gestión de Servicios Sanitarios XXI llegó a acuerdos con centros privados, como la Clínica San Fráncisco Javier de Bilbao. Un acuerdo que según reconocieron algunos de los testigos que declararon en la Cámara Vasca suponía el pago de una comisión de entre el 5 y el 20% del coste de cada uno de los servicios realizados.

Apoyo de altos cargos actuales

A raíz de la investigación abierta en el Parlamento vasco la fractura entre el PNV y el PSE se acentuó. Los nacionalistas siempre acusaron al Gobierno de López de haber promovido este caso para desprestigiar la gestión del Gobierno anterior. El PNV ha negado las irregularidades. Más aún, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha evitado formalizar acusación alguna de prisión para los acusados.

El actual consejero, Jon Darpón, y la directora de Osakidetza, defendieron la gestión de los acusados y tildaron de «nauseabundas» las acusaciones

El actual consejero de Sanidad, Jon Darpón y la directora general de la Sanidad Pública Vasca, María Jesús Múgica firmaron un manifiesto junto al anterior consejero, Gabriel Inclán, y dos de los acusados –José Ramón Elorriaga y Rafael Cerdán- en el que negaban todas las acusaciones. En el manifiesto leído en el Parlamento Vasco tildaron las acusaciones de corrupción de “nauseabundas”. Los firmantes de la misma señalaron que comparecían con la “cabeza bien alta” para afirmar que “nunca existió trama alguna ni corrupción alguna” durante su gestión al frente de la sanidad vasca “y que nos sentimos orgullosos de haber formado parte de aquel proyecto” en la que afirmaron que actuaron “con la honradez por delante”.

El juicio que hoy se inicia en la Audiencia Provincial de Vizcaya se prolongará durante cuatro jornadas. El jueves 22 debe quedar visto para sentencia. La vista oral del llamado caso Margüello coincide en el tiempo con otro juicio que salpica de lleno al PNV de Alava, el conocido como ‘caso De Miguel’, que ha sentado en el banquillo a ex altos cargos de la formación. Este juicio, considerado el más relevante caso de corrupción jamás celebrado en Euskadi, están procesadas 26 personas. Las vistas orales se prolongarán hasta el mes de octubre.