Se esconden bajo el nombre de ‘International Trial Watch’ pero en realidad son seis asociaciones catalanas vinculadas al independentismo desde hace meses. El Tribunal Supremo tiene previsto rechazar su presencia como observadora en el juicio al procés que arrancará en el mes de febrero, al igual que la del resto de supuestos ‘observadores internacionales’, al entender que no sólo no serían necesarios, sino que no desarrollarían una labor objetiva.

Bajo el nombre anglófono se esconden en realidad seis asociaciones radicadas en Barcelona: Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, Collectiu Praga, Institut de Drets Humans de Catalunya, Irídia, Novact y el Observatori del sistema penal i els drets humans de la Universidad Autónoma de Barcelona. Incluso en su página web hacen suyo el discurso de los acusados: “Las defensas han advertido desde el primer momento que se trata de un juicio político. Han alegado la inexistencia de los delitos por los que se acusa a sus representados y han pedido repetidas veces la libertad de los encarcelados”.

Las fuentes jurídicas consultadas han explicado que el motivo ‘ad hoc’ para el que se ha formado la plataforma o las actuaciones que han realizado individualmente cada una de las organizaciones que la integran, que se pueden entender favorables al proceso independentista, pueden llevar a los magistrados al Tribunal Supremo a desestimar su petición de acudir a la sede judicial como observadoras al considerar que tienen un objetivo afín al de los encausados.

Actuaciones partidistas

Por ejemplo, el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Irídia presentó cinco querellas por lesiones contra mandos de la Policía Nacional y agentes que intervinieron en el operativo policial contra el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Por otro lado, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra España para evitar que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicase el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, denuncia que fue inadmitida por el tribunal de Estrasburgo. Escritos similares fueron presentados ante la Corte europea por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, esta última se sentará en el banquillos de los acusados por el delito de rebelión.

El Colectivo Praga, formado por más de 40 juristas del mundo académico catalán, se presentó afirmando que su objetivo era contribuir con argumentos jurídicos al debate del ‘derecho a decidir’, convencidos de que se puede ejercer y que cabe en la Constitución. Este grupo ha anunciado querellas contra quienes interpusiesen recursos ante el Tribunal Constitucional para impedir la investidura de Puigdemont –huido de la Justicia española– tras las elecciones autonómicas del 20 de diciembre de 2018.

Además, este colectivo también acudió a las instituciones europeas para denunciar una vulneración de los derechos humanos durante la celebración de la votación ilegal. En su caso, presentaron un informe ante el Consejo de Europa.