El Parlament aprobará en el pleno que empieza mañana una comisión de investigación sobre "las presuntas cuentas irregulares de Juan Carlos I en Suiza". La investigación que rechazó el Congreso verá la luz en el Parlament apoyada por los grupos independentistas -JxCat, ERC y la CUP- y CatEC, derivada de la moción presentada por los Comunes en la que se abogaba por la abolición de la monarquía. Una moción que ha sido recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.
Independentistas y Comunes vuelven a situar así a la Monarquía como blanco de sus ataques, basándose en las declaraciones de la ex "amiga especial" del Rey emérito, Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre presuntas cuentas ocultas en Suiza y evasión de capitales. Pero el auténtico motor de la moción es la acusación contra Felipe VI de haber instado al Gobierno a impulsar la salida de capitales de Cataluña tras el referéndum ilegal del 1-O, vaciando las cuentas dependientes de empresas y entidades estatales en esta comunidad.
El gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional la resolución aprobada el pasado 11 de octubre, que abrió una crisis con sus socios de Podemos, porque presentaron esta iniciativa cuando ya había sido derrotada en el Pleno una moción similar propuesta por la CUP. En concreto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez recurrió los apartados en los que se “condena el posicionamiento del Rey Felipe VI en su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia por los cuerpos policiales el 1-O” y “apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”.
Aviso en contra de los letrados del Congreso
La comisión de investigación que aprobará, probablemente mañana, el Parlament, fue rechazada por el Congreso tras un informe de los letrados de las Cortes en el que advertían de que no se puede investigar al Rey emérito, porque el artículo 56.3 de la Constitución señala que la figura del Rey es "inviolable", "no está sujeta a responsabilidad" y esa protección "abarca todo el periodo en que se ejerce la jefatura del Estado".
En concreto, la comisión del Parlament nacerá con el objetivo de investigar: "las actuaciones destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales"; "las estructuras de corrupción vinculadas a la Familia Real"; y "las presuntas cuentas irregulares del anterior Jefe del Estado en Suiza y otros paraísos fiscales, la procedencia de esos capitales y las actividades deliticas que puedan derivarse de las declaraciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein".
Desde que Felipe VI se posicionó claramente en contra del intento de secesión catalana en su discurso del 3 de octubre de 2017 se ha convertido en uno de los objetivos a batir por el independentismo, un objetivo reforzado tras la moción de censura Mariano Rajoy apoyada por los partidos independentistas. El Gobierno de Quim Torra ha evidenciado su rechazo al Jefe de Estado rechazando acudir a las recepciones presididas por Felipe VI como la inauguración de los Juegos Mediterráneos o, más recientemente, la inauguración del MWC. En ambos casos, Quim Torra -y la alcaldesa Ada Colau- han plantado al Rey en el saludo institucional, aunque después han participado en ambos actos.
Lo que no investigará el Parlament
La comisión sobre la Monarquía llega tras bloquear la mayoría independentista otra investigación sobre la que sí tiene competencias directas: los seguimientos efectuados por Mossos d'Esquadra a periodistas, sindicalistas y dirigentes de partidos políticos y entidades constitucionalistas. Seguimientos que quedaron al descubierto cuando agentes autonómicos se disponían a quemar los informes en una incineradora en los días previos a la declaración de independencia.
La propuesta de investigación, presentada por PP, PSC y Cs y los comunes, fue aceptada en teoría por los grupos independentistas a cambio de crear otra comisión de investigación sobre las consecuencias de la aplicación del 155 en Cataluña. Sin embargo, a la hora de establecer el programa de trabajo de la comisión los independentistas las bloquearon, impidiendo su puesta en marcha. La comisión del 155 sí sigue su curso, con la presencia solo de los grupos independentistas y los Comunes.
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