Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016.
Francisco Martínez fue secretario de Estado de Interior entre 2013 y 2016. Es decir, fue el número dos de Interior a lar órdenes del ministro Jorge Fernández Díaz. El PSOE y Podemos les acusan de haber creado una policía paralela, una "policía patriótica" o "policía política", durante esos años para llevar a cabo investigaciones en beneficio del PP y del gobierno de Mariano Rajoy. Algunos escándalos relacionados con los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, El Gordo, imputados en el sumario Tandem, tienen su origen en esa época, como, por ejemplo, el robo del móvil de la jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Dina Bousselham.
Martínez, diputado del PP que no repetirá en la próxima legislatura, habla por primera vez sobre su etapa en Interior en una entrevista concedida a El Independiente.
¿Ordenó usted o el ministro del Interior Fernández Díaz investigar la financiación de Podemos?
No, por supuesto que no. Los cargos políticos del Ministerio del Interior no dirigen las investigaciones policiales ni ordenan nada sobre las mismas. Es más, las investigaciones policiales se inician cuando se tiene conocimiento de hechos de apariencia delictiva y, tras las primeras averiguaciones, en caso de que los indicios delictivos tengan consistencia, se ponen en conocimiento del Ministerio Fiscal o del juez. La Policía o la Guardia Civil llegan a tener conocimiento de esos indicios delictivos por diversas vías, desde querellas, denuncias, informes remitidos por otros organismos públicos, información publicada en medios de comunicación (la llamada notitia criminis), información de colaboradores y hasta denuncias anónimas. En ninguna de estas fases de la investigación interviene o toma decisiones ningún cargo político del Ministerio y tan grave e ilegal sería que se ordenase iniciar una investigación como que se ordenase no hacerlo.
¿Se llegó a determinar si, en efecto, los gobiernos de Venezuela o Irán financiaron a la Fundación CEPS, origen de Podemos, o al programa de Pablo Iglesias La Tuerka?
Cualquier conclusión sobre esa cuestión o sobre el carácter delictivo o no de determinadas fuentes de financiación la tiene que alcanzar un órgano judicial. A la policía le corresponde investigar indicios de hechos delictivos de los que tenga conocimiento por denuncias o por otras vías, como he explicado en la respuesta anterior. Una vez iniciada la investigación es a los fiscales y a los jueces a los que corresponde dirigir los siguientes pasos. Si la Fiscalía estima que los indicios no son suficientes o que los hechos no son delictivos adoptará las decisiones que estime oportunas. Esto es absolutamente normal en las investigaciones policiales pero la obligación de la policía es investigar siempre cualquier denuncia o cualquier indicio de hechos aparentemente delictivos. La calificación jurídica de esos indicios y la decisión de los siguientes pasos de la investigación no corresponde ya a la policía.
¿Se creó en su etapa una policía paralela para investigar casos de relevancia política?
El concepto de “policía paralela” pone en cuestión la altísima profesionalidad de la policía nacional
Rotundamente no. El propio concepto de “policía paralela” es un dislate y pone en cuestión la altísima profesionalidad de la policía nacional. En mi etapa en el Ministerio del Interior nunca escuché a ningún mando policial hablar de "policía política" o "brigada patriótica", del mismo modo que jamás escuché hablar de ninguna “operación Cataluña”, etc. Todas esas denominaciones están cargadas de intencionalidad política y fue la oposición la que empezó a utilizar esos conceptos para tratar de erosionar al Gobierno.
¿No hubo nunca un grupo de policías destinados a llevar a cabo operaciones especiales? ¿De dónde sale la idea de que existe una especie de brigada para hacer ese tipo de operaciones?
En junio de 2015 el PSOE comenzó a utilizar la expresión “policía política” cuando el portavoz de Interior del partido, Antonio Trevín, apareció en una fotografía reunido con dos comisarios de policía, Telesforo Rubio y Miguel Ángel Santano. Entonces culparon al Ministerio de ordenar seguimientos, a pesar de que sabían perfectamente que el Ministerio no tenía absolutamente nada que ver con aquello. Desde entonces comenzaron una ofensiva parlamentaria con el concepto de “policía política”. No deja de ser paradójico que un diputado de la oposición, es decir, un político, se reúna con comisarios de policía en activo y después acuse al Ministro del Interior de organizar una “policía política”. Como mínimo es algo contradictorio, creo.
¿De dónde salió la famosa cuenta oculta de Xavier Trías? Los datos sobre la presunta financiación irregular de Podemos parece que no tienen una base sólida ¿No se trataría de pruebas falsas fabricadas precisamente por esa brigada que usted afirma que nunca existió?
Junto a este concepto de “policía política” cargado, precisamente, de intencionalidad política, se ha tratado de extender la idea de que esa supuesta “policía paralela” fabricó pruebas falsas. La acusación es absolutamente infundada, gravemente injuriosa y profundamente injusta. Hasta donde conozco, ninguna resolución judicial ha declarado la falsedad de ningún documento o informe policial. Durante meses se habló y se sigue hablando de la falsa cuenta del Sr. Trías, cuando todas las resoluciones judiciales recaídas posteriormente en ese asunto han avalado la regularidad de la investigación policial, al margen de que, como decía antes, la calificación jurídica de los hechos corresponda a la Fiscalía y a los jueces. No me consta en absoluto que las denuncias realizadas sobre la financiación presuntamente irregular de Podemos hayan sido declaradas falsas por ningún órgano judicial. Cuestión diferente es que la Fiscalía entienda que los hechos no son constitutivos de delito o que los indicios no son suficientemente consistentes, lo cual, como he explicado, es una decisión que no corresponde a la policía. Pero eso es muy distinto a decir que se han fabricado pruebas falsas, lo cual es, en este caso sí, una absoluta falsedad.
Aparentemente, al menos, las investigaciones sobre casos de relevancia política casi siempre eran para beneficiar al PP.
No puedo compartir la referencia a “casos de relevancia política”, pues vuelvo a insistir en que lo que investiga la Policía o la Guardia Civil son indicios de delitos, al margen de que afecten a partidos políticos o a personas con responsabilidades políticas. No es la relevancia política lo que califica los hechos, sino su apariencia delictiva.
Policía y Guardia Civil realizaron en ese período numerosas investigaciones a personas del PP
Desde ese punto de vista, creo que es más que evidente que tanto la Policía como la Guardia Civil realizaron en ese período numerosas investigaciones, operaciones y detenciones que afectaron a personas del Partido Popular, que era el partido del Gobierno. Los mandos policiales y los responsables de las unidades de investigación eran exactamente los mismos en todos los casos, como también eran los mismos los cargos políticos del Ministerio y a nadie se le ocurrió hablar entonces ni ahora de policía política. Me parece muy poco serio y bastante hipócrita que cuando se investiga al Partido Popular todo sean alabanzas a la profesionalidad de la Policía y cuando se investiga a otros partidos hablemos de "policía política".
Por último, cualquier actuación de funcionarios policiales que pueda ser contraria a la ley está sometida a un estricto régimen de fiscalización y exigencia de responsabilidad en el ámbito disciplinario o en el que corresponda. En esto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son, por razones obvias, mucho más vigilantes y exigentes que otros Cuerpos de funcionarios. Pero siempre se tratará de comportamientos individuales que no deben afectar al buen nombre, crédito o confianza que genera la Institución y en los que, como en todo procedimiento disciplinario, debe respetarse la presunción de inocencia y el derecho de defensa.
¿Los comisarios Villarejo o García Castaño fueron ascendidos durante su etapa como secretario de Estado?
No. Los comisarios Villarejo o García Castaño ocuparon exactamente los mismos puestos y responsabilidades que llevaban ocupando en los años anteriores, con los Gobiernos anteriores. No fueron promovidos, trasladados, ascendidos o cambiados de destino. Sencillamente siguieron ejerciendo las funciones que les habían asignado los Gobiernos anteriores y que llevaban años desempeñando.
¿Se pagó con fondos reservados a confidentes para investigar los "papeles de Bárcenas"?
Creo que es evidente que todas estas cuestiones (fondos reservados) deberían seguir siendo secretas
Cualquier información relativa a fondos reservados, incluido el procedimiento de gestión y control de los mismos, está clasificado por Ley como secreto por lo que responder a cualquier pregunta sobre fondos reservados constituiría un delito. Sin embargo, sí le puedo decir varias cosas sin vulnerar ese deber de secreto. Primero, que el sistema de autorización y control de fondos reservados es absolutamente garantista, trazable y exige la firma de muchos responsables, lo que hace prácticamente imposible cualquier utilización indebida de estos recursos. Segundo, que por el destino que tienen tales fondos, creo que es evidente que todas estas cuestiones deberían seguir siendo secretas, como lo son en todos los países del mundo. Tercero, que me consta el escrupuloso cumplimiento de toda la normativa sobre gestión y control de fondos reservados en el período en que tuve responsabilidades como Secretario de Estado de Seguridad, entre otras cosas por la confianza ciega y absoluta que tenía entonces y sigo teniendo en la integridad y profesionalidad de la persona de mi equipo que verificaba ese cumplimiento de la normativa. Por último, que la investigación sobre los llamados “papeles de Bárcenas” la llevó a cabo la UDEF a partir de indicios aparentemente delictivos publicados en la prensa y durante todo este tiempo se ha conducido con profesionalidad y autonomía bajo la dirección del Magistrado Instructor, hasta que concluya la instrucción y se pase, en su caso, al enjuiciamiento de los hechos.