Representantes de EH Bildu, JxCat y ERC han arropado esta mañana a los 47 acusados de integrar el llamado ‘frente de cárceles’ de ETA en el que será el último ‘macrojuicio’ contra la banda terrorista. A las puertas de la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, ha dado comienzo la primera de las 18 sesiones previstas para este proceso que sentará en el banquillo a distintos colectivos afines a la izquierda abertzale que agrupan desde abogados hasta familiares de presos de ETA, colectivos de apoyo al colectivo de presos de la organización terrorista y representantes del un movimiento de asistencia sanitaria para los reclusos.

La vista se celebra después de que este pasado sábado decenas de miles de personas recorrieran las calles de Bilbao en apoyo a los presos de ETA, para los que se reclamó su regreso ‘a casa’, y en solidaridad con los acusados en el proceso 11/13 que esta mañana ha comenzado en la Audiencia Nacional y que tiene programadas vistas hasta el mes de noviembre.

Desde primera hora de la mañana ante las puertas de la Audiencia Nacional se han dejado ver representantes de las tres formaciones independentistas vascas y catalanas para trasladar su apoyo a los 47 acusados, que se enfrentan a peticiones de pena que oscilan entre los 8 y los 20 años de prisión por la comisión de presuntos delitos que van desde la participación activa en organización terrorista hasta la colaboración y financiación del terrorismo, su enaltecimiento y el presunto quebranto de medidas cautelares.

El portavoz de EH Bildu y diputado en el Congreso, Jon Iñarritu, ha asegurado que la celebración de este juicio es «como el día de la marmota». Lo ha tildado de juicio «político con el falaz argumento de que todo es ETA, una organización que ya no existe». Este ha sido precisamente uno de los argumentos que con mayor insistencia ha venido reiterando la izquierda abertzale al subrayar que se trata de un proceso que sitúa el foco sobre una organización ya disuelta y que supone por ello un retorno al pasado.

Control de los presos

En cambio, desde las acusaciones que ejercen tanto la Fiscalía como la acusación popular, se considera que los 47 acusados formaban parte de un complicado y amplio entramado, denominado ‘BT’ y que tendría como único propósito controlar al colectivo de presos en las cárceles-. Una vigilancia que se debería ejercer para evitar el descontrol del colectivo de reclusos de la banda una vez que ésta, en octubre de 2011, anunció el cese de sus acciones criminales. Su disolución no llegó hasta casi siete años más tarde en la localidad vascofrancesa de Cambo el 4 de mayo de 2018.

A todos ellos se les detuvo en tres operaciones llevadas a cabo entre 2014 y 2015. Se trata de las operaciones ‘Jaque’, ‘Mate’ y ‘Pastor’ en la que en primer lugar se procedió al arresto de los que se consideraron líderes de la estructura y «enlaces externos» entre el colectivo de presos, agrupado en el EPPK, y la dirección de ETA. En condición de dirigente esta acusada la abogada Arantza Zulueta, que junto con otros abogados, hasta sumar una docena, habrían mediado, según el escrito de acusación para asegurar la cohesión y fidelidad de los presos a la dirección de la banda. La infraestructura se completaría con el papel jugado por otras tres organizaciones; ‘Herrira’, de apoyo a los presos de ETA, ‘Etxerat’, de familiares de presos y ‘Jaiki Hadi’, dedicado a la atención sanitaria de los reclusos.