Los principales dirigentes de Podemos van a radicalizar su discurso en la campaña que viene, una izquierdización que apunta al PSOE como responsable de la repetición electoral. Pero corren el riesgo de pasarse de frenada. Sucedió el lunes por la noche con el empleo de las redes sociales con un caso de posible desahucio: la número dos Irene Montero, y otros diputados destacados como Rafa Mayoral o Ione Belarra, revelaron públicamente el nombre y apellido de una propietaria (Esther Argerich) de un piso en el barrio de Gracia, en Barcelona.

«Livia, Juan y sus tres hijos pueden ser desahuciados por no poder afrontar la subida abusiva de su alquiler. Pedimos a la propietaria de la casa, Esther Argerich, que negocie una solución para que puedan seguir en el barrio en el que llevan viviendo 12 años». Nada más publicarse los tuits, arreciaron las críticas sobre los morados por revelar la identidad de un particular. Sin embargo, detrás hay un debate sobre vivienda de fondo que deja en peor lugar todavía a Podemos.

Y es que la subida del precio que amenaza supuestamente con el desahucio de cinco medios de esta familia era de 300 euros: de 1.000 a 1.300 euros. Se trata de una vivienda de 140 metros cuadrados y cinco habitaciones, en una selecta zona del centro de Barcelona, a la derecha del Eixample, cerca del Paseo de Gracia y de la Sagrada Familia, según ha podido confirmar El Independiente a través de fuentes del Sindicato de Inquilinos de Barcelona.

Según el índice de Idealista (en el propio sindicato reconocen que no hay muchos medidores disponibles), el precio del alquiler en la zona es de 14,7 euros por metro cuadrado. Lo que arroja un valor de 2.000 euros (2.058) por un piso en arrendamiento en la zona, si bien es verdad que este medio desconoce el estado del mismo. Los afectados, a los que Podemos defiende en Twitter con el hashtag #LiviaYJuanSeQuedan , llevaban 12 años en el mismo hogar con el alquiler congelado.

Los 1.300 euros que pide Argerich se sitúan un 35% por debajo del precio de mercado, de acuerdo con estos indicadores.

Portavoces del Sindicat de Llagosters (Sindicato de Inquilinos) defienden su actuación en defensa de Livia y Juan con independencia de la actuación de Podemos. «Desde el primer momento el objetivo de Juan y Livia ha sido poder sentarse con la propiedad para poder negociar un contrato con unas condiciones que pudiera satisfacer a ambas partes», señala una portavoz consultada. «Esther [la propietaria] en ningún momento ha aceptado sentarse a hablar ni con ellos ni con el Sindicato en más de un año».

«Pone su interés en enriquecerse por encima del derecho a la vivienda y a tener estabilidad en tu proyecto vital. Su cerrazón es la que ha llevado a que se haya denunciado el caso públicamente», agregan en el Sindicat. «Muchos otros propietarios en su misma situación han negociado, se ha llegado a un acuerdo y no ha habido que llegar a esta situación, a la que nosotros tampoco queríamos llegar. El problema para muchas Inquilinas no es que no podamos pagar un alquiler, o no podamos buscar otro piso donde vivir, es que nos negamos a aceptar el que nos expulsen de nuestra casa, nuestro barrio y nuestra ciudad cada pocos años solo para que unos pocos se enriquezcan».

Según el registro mercantil, Argerich es multipropietaria de varios pisos en Barcelona, una ciudad afectada por fenómenos como la gentrificación, al igual que Madrid, que inciden sobremanera en los precios de venta y alquiler de casas, aunque en este caso concreto se mantenga por debajo del precio de mercado, con otros pisos similares y en la misma zona ofertados a partir de 1.800 euros.

Montero no rectifica

Tras el revuelo, Irene Montero ha vuelto a recurrir a Twitter para explicar la particular campaña. «Me he solidarizado, junto a otros compañeros, con una familia a la que iban desahuciar por una subida abusiva de su alquiler», insiste la número dos de Podemos, que vuelve a nombrar a la propietaria del piso y la acusa de «dedicarse al negocio inmobiliario». «No hablamos de cualquier persona que alquila su segunda vivienda sino de un negocio», dice para justificar el ataque personal, con nombres y apellidos.

Montero, además, dice haber conocido -tras publicarse en la prensa-, que el nombre señalado por ella coincide con el de otra persona absolutamente ajena a la situación y que ha recibido miles de mensajes en las últimas horas, a raíz del vídeo de la dirigente de Podemos. «He sabido que hay otra persona afectada en las redes por llamarse igual. Mi respeto hacia ella, puesto que no es de recibo que se vea involucrada en este caso», se limita a señalar.