El preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición menos de 48 horas después del 10-N establece líneas muy generales y huye de las políticas concretas: apenas se esboza la intención de hacer leyes para regular la eutanasia o la protección de animales o controlar las casas de apuesta. Por lo demás, destacan dos puntos, los dos últimos del texto: Pedro Sánchez acepta el diálogo en Cataluña con los partidos separatistas y Pablo Iglesias acepta el rigor fiscal de Bruselas y el control del gasto.

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No hay menciones a derogar la reforma laboral, controlar el precio de los alquileres o regular la tarifa energética, que son tres de las exigencias clásicas de Podemos.

Esto último no es baladí: a pesar de los bandazos que ha ido dando Podemos en sus cinco años de vida, los morados surgieron al desafiar los recortes durante la crisis ordenados por Bruselas. «La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero», reza el preacuerdo.

No se menciona la reforma laboral o el control de precios de los alquileres

Ese mismo punto anticipa una subida progresiva de impuestos: «El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa, gracias a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales». Y hay un compromiso de actualizar las pensiones en base al IPC: «Asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida».

Actualizar pensiones con IPC

El punto anterior proclama su visión de «garantizar la convivencia en Cataluña» y «normalizar la vida política». Queda descartado completamente cualquier referéndum por la independencia, como defiende Podemos. Y no se menciona la opción de un nuevo Estatuto. » Se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles».

Otro de los apartados habla de defender «políticas feministas», como la «lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles». Hay un punto sobre despoblación y la España vaciada, un mal que ambos partidos se comprometen a subsanar sin más explicación, y también la extensión de escuelas infantiles de cero a tres años que PSOE y UP aseguran que generalizarán.