El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona ha aceptado parcialmente las medidas cautelares solicitadas por Foment del Treball, la patronal catalana, y ha ordenado el cierre cautelar de la web de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en la que incitaba a los usuarios a apoyar a las empresas que respaldaran a independencia de esta comunidad autónoma.

En concreto, ha pedido la clausura de la web desde la que se realizaba esta campaña, llamada ‘Consum estratègic’ (consumo estratégico) y ha exigido a la ANC el “cese en la realización de cualquier actuación, por cualquier medio, con trascendencia pública que suponga la difusión de la campaña”.

La organización demandante, presidida por Josep Sánchez-Llibre, presentó una demanda el pasado verano para tratar de poner fin a esta acción, que incita “a los consumidores y empresas a boicotear a determinadas empresas y a contratar con las empresas recomendadas” por la ANC.

También había solicitado la prohibición de organizar y ejecutar ”charlas, conferencias, ferias y procedimientos análogos para difundir y explicar su campaña de boicot a determinadas empresas y a contratar con las empresas recomendadas por la demandada”. Todo, por considerar que vulneraba la Ley de Competencia Desleal.

Economía catalana

Basta una mera visita a la web creada por la ANC para comprobar que permite la posibilidad de que las empresas y los consumidores se inscriban para ofrecer o encontrar los productos y servicios de las empresas independentistas.

“Si quieres ser protagonista de una nueva economía catalana, moderna y responsable, si tienes claro que la economía y el comercio sin injerencias políticas es un eje central de cualquier sociedad democrática, no lo dudes. Conviértete en proveedor estratégico y ofrece tus productos y servicios a un ingente equipo de consumidores estratégicos que te está esperando”, explica.

El objetivo de esta campaña es “apoderarse la sociedad catalana, en este caso en el ámbito económico, mediante la toma de decisiones de consumo cotidiano”. “Buscamos una realidad económica desvinculada de los poderes políticos y de los oligopolios que participan en la campaña del miedo”, explica la ANC.

La sentencia -a la que ha tenido acceso este periódico- reconoce que la ANC tiene derecho a la libertad de expresión en el sentido más amplio posible. Sin embargo, “más allá de las opiniones políticas (…), la demandada ha puesto en marcha unos medios materiales y personales que incitan a la discriminación, y ello no puede quedar amparado por la libertad de opinión”, concluye.