Urkullu y Sánchez, reunidos en la Moncloa. EFE
El acuerdo supuso recomponer la debilitada relación PNV-Gobierno tras el pacto secreto entre PSOE, Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral. La nueva prestación que hoy aprobará el Gobierno generará a la administración vasca un ahorro de cientos de millones, una noticia inédita en tiempos de crisis. La implantación del Ingreso Mínimo Vital ha abierto al mismo tiempo una vía para explorar a modo de ‘laboratorio de pruebas’ cómo podría ser la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en manos de Euskadi.
La similitud y confluencia entre la medida que hoy aprobará el Consejo de Gobierno para ayudar a familias en situación de riesgo de pobreza, el IMV, y la prestación vasca, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) -que ha inspirado la nueva prestación- que desde 1989 se abona en el País Vasco, permitirá a la Administración vasca ahorrar una parte importante de los 370 millones de euros anuales que tiene presupuestados para este año.
Así, de los cerca de 3.000 millones en los que se estima el coste de la medida en todo el país, Euskadi sólo sufragará 187 millones, el 6,24% de cuota que le corresponde en la financiación vía Cupo de las materias no transferidas. De este modo, la partida supondría un ahorro de 183 minores, de los que aún habría que rebajar los complementos que pueda aplicar para igualar algunas de las ayudas del IMV a la RGI.
Los algo más de 52.000 ciudadanos vascos que ahora perciben mensualmente la RGI son también en su inmensa mayoría los destinatarios de la ayuda que desde el 1 de junio comenzará a abonar el Gobierno de Pedro Sánchez: parados, trabajadores con bajos ingresos, familias en riesgo de exclusión, etc. De este modo, el grueso de la prestación para este colectivo correrá a cargo de la Administración central y el País Vasco sólo la completará hasta igualarla a la actual RGI, cuyas cuantías serán ligeramente superiores a las del IMV.
Un 50% más
En el caso del IMV, la ayuda se pagará por importes que, según las circunstancias familiares oscilará entre los 462 y los 1.015 euros al mes, frente a los entre 693 y los 1.074 euros mensuales que contempla la prestación vasca. De esta manera, la prestación mínima será un 50% más elevada en Euskadi respecto al fijado por el Ejecutivo central.
El Gobierno de Iñigo Urkullu ya ha avanzado que los actuales beneficiarios de la RGI no verán en ningún caso disminuida la cuantía de su ayuda. Junto a ello, quienes tengan derecho al IMV pero no cumplan los requisitos para la RGI, serán casos muy excepcionales y su financiación será íntegra con fondos del Estado.
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De esta forma la confluencia de las dos prestaciones permitirá a Euskadi ahorrar, bien vía descuento del Cupo o mediante aportaciones periódicas del Estado, una parte de la partida por esta prestación social. La RGI este año había incrementado en un 4% tras un acuerdo presupuestario con Elkarrekin Podemos. Esta situación aliviará de manera significativa las cuentas vascas, en las que se augura un recorte en la recaudación de las haciendas vascas de más del 20%.
El Ejecutivo vasco dará a conocer hoy los detalles del encaje de la IMV y su ajuste con la RGI, tanto desde el punto de vista financiero como de derecho a la prestación. Actualmente los perceptores no todos están desempleados. En muchos casos se trata de personas con empleos muy precarios y a los que se les completa sus ingresos hasta alcanzar el mínimo vital. Al igual que se exigirá con el IMV, para tener derecho a la ayuda se deberá estar en búsqueda activa de empleo.
En el País Vasco corresponderá al Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, gestionar las competencias que en el resto del Estado, excepto en Navarra, asumirá la Seguridad Social. Que Euskadi y Navarra puedan asumir estas competencias, propias del INSS, para gestionar el IMV supone un primer paso en una vieja demanda del Ejecutivo nacionalista. La asunción del régimen económico de la Seguridad Social está incluida en el cronograma de transferencia de competencias que el Gobierno retomará próximamente. El calendario en el que se trabaja es poder ultimar el traspaso de la treintena de materias pendientes del Estatuto de Gernika de 1979 antes de la finalización del próximo año.
Ayuda al alquiler
La RGI suele ir acompañada en casi la mitad de los casos de otra prestación que se abona en Euskadi para el pago del alquiler de la vivienda, la Prestación Complementaria de Vivienda, que incluye 250 euros para el pago del alquiler.
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Para esta ayuda se dedican anualmente 79,5 millones de euros a las que se suman por último las Ayudas por Emergencia Social, las AES, con un montante de 23 millones anuales. La suma de la RGI, la PCV y las AES elevan la factura a 472,5 millones, importe que quedará aminorado con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital y su solapamiento en muchos casos con la RGI.
El Gobierno de Pedro Sánchez estima que cerca de 850.000 familias reunirán los requisitos para ser perceptoras del IMV y que esta prestación supondrá un coste de casi 3.000 millones de euros.
El acuerdo supuso recomponer la debilitada relación PNV-Gobierno tras el pacto secreto entre PSOE, Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral. La nueva prestación que hoy aprobará el Gobierno generará a la administración vasca un ahorro de cientos de millones, una noticia inédita en tiempos de crisis. La implantación del Ingreso Mínimo Vital ha abierto al mismo tiempo una vía para explorar a modo de ‘laboratorio de pruebas’ cómo podría ser la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en manos de Euskadi.