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RGI, la 'ayuda vital' para 52.000 vascos de hasta 1.074 euros que nació de otra crisis

El País Vasco impulsó este tipo de sustentos sociales tras el declive industrial en 1989. Contempla ayudas incluso para inmigrantes sin residencia. Son revisables y vinculadas a la búsqueda de empleo. Se completa con ayudas al alquiler.

Movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones.

Movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones.

Cada mes algo más de 52.000 personas la reciben. Llega puntual, como una nómina de urgencia social destinada a cubrir necesidades básicas. En realidad, es un complemento para hogares con rentas bajas o inexistentes. Este año la cuantía se ha revalorizado un 4%. Quienes tienen derecho a ella saben que es provisional, revisable cada dos años y condicionado siempre a la búsqueda de empleo. La Renta de Garantía de Ingresos, la RGI vasca, es sin duda un referente entre las ayudas sociales a la que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez quiere sumarse en forma de un Ingreso Mínimo Vital. A la espera de conocer todos los detalles de la medida -que podría beneficiar a cerca de un millón de hogares en nuestro país-, lo que sí parece claro es que al igual que la RGI vasca estará vinculada a un proceso de inserción laboral. También que no será una medida puntual para tiempos de precariedad económica sino que nacerá con vocación de permanencia.

Esta ayuda que el Ejecutivo PSOE-Podemos ultima pretende paliar el impacto de la crisis que se avecina de la mano del coronavirus. También la RGI del País Vasco tiene su origen en tiempos de dificultades económicas. Su origen se remonta al declive del tejido industrial del País Vasco allá por 1989. Ese año el Gobierno vasco aprobó un Plan Integral de Lucha contra la Pobreza para una sociedad que pasó del auge de la industria a constatar que en muchos hogares de Euskadi la necesidad extrema empezaba a aflorar en la otrora boyante sociedad vasca.

Desde entonces, la ayuda para compensar situaciones de miseria y falta de ingresos ha ido sufriendo actualizaciones en su denominación y modelo. El último se produjo en 2008 cuando se aprobó la Ley que fijó los objetivos de la RGI, con la que se busca completar los ingresos de las unidades convivenciales en función de sus ingreso y número de miembros. El número de perceptores ha ido variando de año en año. En 2015 se alcanzó la mayor situación de necesidad con un total de 66.000 perceptores.

Ayudas al alquiler

El sistema en vigor establece que las ayudas pueden oscilar entre los 693 euros y los 985 euros dependiendo de si la unidad, el hogar, está compuesta por una, dos o tres personas. En caso de los pensionistas las ayudas son más elevadas, oscilando en una horquilla de entre 795 a 1.074 euros. A estas ayudas, en casi la mitad de los casos, se le suma otro complemento, la Prestación Complementaria por Vivienda (PCV), por un importe de 250 euros mensuales y que va destinada al pago de un alquiler. La PCV la perciben mensualmente casi 24.500 personas.

El Gobierno español por el momento no ha cuantificado cuál será el coste que tendrá establecer un Ingreso Mínimo Vital. Sí ha avanzado que de él podrían beneficiarse alrededor de un millón de familias. En el caso de la RGI de Euskadi su coste para este año ascenderá, junto a la PCV, a 472,5 millones de euros. Con estas cifras, el coste medio por perceptor ronda los 9.000 euros anuales. De trasladarse estos parámetros a la ayuda que prepara el Gobierno, y con la extensión que se avanza, el importe se podría aproximar a cifras superiores a los 9.000 millones de euros al año.

El coste medio anual por cada perceptor de las ayudas por RGI y Vivienda ronda en Euskadi los 9.000 euros

Carecer de ingresos suficientes no es el único requisito que se establece para tener derecho a la RGI. Tampoco estar desempleado basta. La Administración vasca abre la posibilidad de poder cobrar esta ayuda a amplios colectivos, vascos y extranjeros e incluso a inmigrantes sin permiso de residencia. Pero además de estar inscritos en el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) y no rechazar empleos, deberán acreditar tres años de empadronamiento continuado en un municipio vasco o en su defecto cinco años de vida laboral. Además, se fija una edad mínima de 23 años, tener como única propiedad inmobiliaria la vivienda habitual y un patrimonio en bienes no superior a 34.500 euros, de 44.000 euros si se trata de una unidad convivencial de dos miembros o de 49.000 euros si la integran tres personas.  

Sin ingresos

Más de la mitad de los perceptores son personas que carecen de ingresos. El 54% de quienes tienen derecho a la RGI no ingresa ninguna otra cantidad. El resto lo hace pero en importes muy reducidos por carecen de trabajos estables o por ser muy precarios. A muchos de ellos se les complementan esos importes para poder llegar a una renta mínima.

La mejora de la RGI fue precisamente una de las prioridades que Elkarrekin Podemos fijó para apoyar los presupuestos del Gobierno vasco. Urkullu logró sacar adelante las cuentas para el 2020 –poco antes de anunciar el adelanto electoral- cediendo un incremento del 4% de la partida. La formación de Iglesias había reclamado un 8% y el Ejecutivo vasco ofrecía únicamente un 2%. Finalmente, el acuerdo llegó en el punto intermedio.

Ahora el gobierno del País Vasco ha advertido de la necesidad de procurar un encaje adecuado de la ayuda que para mayo anuncia el Ejecutivo central para que no colisione ni con competencias autonómicas ni con ayudas sociales como la RGI. Por el momento, el plan con el que se trabaja es que la Ayuda Mínima Vital sea compatible con otro tipo de ayudas de carácter social impulsados en las distintas administraciones.      

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