La Sala de lo Social del TSJPV ha estimado parcialmente una demanda planteada por el sindicato ErNE y ha condenado al Gobierno Vasco por «vulnerar el derecho a la integridad física» de los agentes de la Ertzaintza al haber «omitido total o parcialmente las medidas de protección laboral» que le eran «exigibles» con motivo de la pandemia generada por el Covid-19.

En su demanda, ErNE pidió declarar vulnerado el derecho fundamental a la integridad física y a la salud de los funcionarios de la Ertzaintza «al no haberse aplicado las medidas de prevención necesarias» para preservar ese derecho.

En el fallo de la sentencia se asegura que el Gobierno Vasco «vulnera el derecho fundamental» que tiene el personal funcionario de la Ertzaintza a la integridad, en su vertiente exclusivamente física, al considerar que ha «omitido total o parcialmente las medidas de protección laboral» que le eran «exigibles» con motivo de la pandemia.

La actuación del Gobierno vasco puso la salud de los agentes en «peligro grave», según el TSJPV

Por ello, le condena a realizar las actuaciones omitidas y que, en el momento de la celebración de la vista oral, se concretaban «en la necesidad de suministrar a todos los agentes los medios de protección consistentes en mascarillas, gafas, guantes desechables, buzos y contenedores de residuos infecciosos». Sin embargo, rechaza otras medidas solicitadas por ErNE relativas a desinfección de coches y comisarías, porque ya se estaban realizando.

En la sentencia, contra la que cabe recurso de casación ordinario, el TSJPV determina la «infracción» del Gobierno Vasco en materia de prevención de riesgos laborales. La resolución judicial indica que, el hecho de que la conducta del Gobierno haya evolucionado positivamente en materia de prevención y que incluso, «algunos temas los haya solventado al momento del juicio», no impide al alto Tribunal su análisis.

En este sentido, cree que el Ejecutivo «ha vulnerado el derecho a la integridad física del personal que forma parte de la Ertzaintza». A su juicio, «su actuación, o mejor dicho, su conducta omisiva durante un determinado periodo», ha supuesto un «riesgo relevante de que la lesión puede llegar a producirse» y «ha generado un peligro grave y cierto para la salud de los funcionarios afectados por esta demanda».

No obstante, el TSJPV reconoce que hay circunstancias que «atemperan la trascendencia de su inactividad» como, por ejemplo, que esta situación era «difícil de prever», en un primer momento, sobre todo, en relación a los efectos «tan negativos». «Pero, una vez que se conocen, en mayor o menor grado, existe un claro retroceso a la hora de reaccionar de una manera rauda y eficaz», añade.

Reclamaciones

En su demanda, ErNE solicitaba, en primero lugar, que se obligara a practicar las pruebas de Covid-19 al personal funcionario que en su momento dio positivo, así como, al que hubiera finalizado la cuarentena por haber tenido contacto con algún contagiado. Además consideraba extensible esta prueba a los agentes en contacto con la ciudadanía.

En segundo lugar, planteaba que se proporcionase mascarillas, gafas, buzos y guantes desechables y la tercera petición era la desinfección de los vehículos policiales y las Comisarías.

Por su parte, el Gobierno alegaba que no había vulnerado la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, ya que ha seguido «en todo momento las instrucciones del Ministerio de Sanidad». Por ello, entiende que ha cumplido «con la deuda empresarial de seguridad y considera que no hay infracción de «derecho fundamental alguno», algo en lo que coincidió el ministerio fiscal.

En relación a los test de detección del coronavirus, el TSJPV entiende que el Gobierno vasco ha infringido su obligación en materia de prevención de riesgos laborales y «no ha satisfecho la deuda de seguridad» que tiene contraída con el personal a su servicio.

En la sentencia, se recuerda que el 12 de marzo el Gobierno vasco estableció el «Protocolo de Vigilancia Epidemiológica», donde se preveían realizar estas pruebas, y el 24 de ese mismo mes, ErNE pidió su extensión a todo el personal. Por parte del Ministerio se elaboró una «Guía para la utilización de tests rápidos de anticuerpos para Covid-19 el 7 de abril y el 11 de este último mes redactó el «Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coronavirus, donde incluía las «Indicaciones para la realización del test diagnóstico para la detección».

El Ejecutivo autonómico entiende que no vulneró la normativa de riesgos laborales al seguir las directrices de Sanidad «en todo momento»

La sentencia indica que ErNE volvió a solicitar el 15 de abril que
se efectuaran pruebas de detección y que «solo es al día siguiente, y coincidiendo con la solicitud de medidas cautelares por el sindicato, cuando la empresa decide extender esa actuación a una serie de supuestos y, una vez dictado el auto de medidas cautelares, se habrían ya efectuado ya test serológicos al conjunto de la plantilla».

En los hechos probados, se indica que los resultados recibidos eran los correspondientes a 6.585 agentes, en ese momento, y existían 287 positivos, es decir un 4,38% sobre ese total.

El TSJPV entiende que este «discurrir cronólógico» demuestra que la conducta del Gobierno Vasco fue «insuficiente para intentar preservar la salud del cuerpo policial, tal como era su obligación normativa».

En la sentencia se indica que el número de contagiados puede calificarse de «significativo» y alude a los agentes que se reincorporaron al servicio activo «sin verificar de manera fehaciente su curación, fehaciencia solo obtenible por una nueva prueba de PCR». Además, entiende que esa conducta «inapropiada» se extendía igualmente a los agentes que estaban en cuarentena y no se verificaba su estado al finalizar la misma.

El alto Tribunal vasco asegura también que la «inactividad» del Gobierno no puede justificarse en que seguía directrices del Ministerio de Sanidad, ya que eran «meras recomendaciones o instrucciones» y, aunque, se les dieran carácter «reglamentario», no, por ello, el Gobierno Vasco quedaría «exonerado de su obligación».

«Gran esfuerzo del Gobierno con los EPIs»

En relación a las petición de suministrar a todos los efectivos de la Ertzaintza los medios de protección necesarios, consistentes en mascarillas, gafas, guantes desechables, buzos y contenedores de residuos infecciosos, el TSJPV destaca el «gran esfuerzo» del Gobierno para dotar a los agentes de los EPis necesarios.

En concreto, se ha acreditado que el total de elementos distribuidos entre el 5 de febrero y el 21 de mayo han sido 57.687 unidades de mascarillas FFP2 y FFP3, 49.912 unidades de mascarillas quirúrgicas, 430.697 guantes de nitrilo, 7.532 buzos desechables, 5.608 gafas de protección, 90 gafas 3MA serie 2000 y 80 gafas 3M 2895 inc AR+AE.

El TSJPV añade que la entrega de estos materiales se ha ido realizando en distintas fechas desde el 31 de enero, pero cree acreditado que, a fecha 24 de marzo, en muchos centros no se había suministrado el número de buzos o de gafas solicitadas, lo que lleva a considerar que «no se estaba garantizando adecuadamente la protección contra la Covid19 a todos los miembros de la Ertzaintza».

Ante esa circunstancia, el TSJPV procede estimar la demanda en el sentido solicitado de suministrar a todos los efectivos de la Ertzaintza de los medios de protección necesarios, «consistentes en mascarillas, gafas, guantes desechables, buzos y contenedores de residuos irifecciosos. «Y ello, toda vez que no consta fehacientemente acreditado que esta obligación se haya cumplido en su integridad», agrega.

Sin embargo, el TSJPV rechaza la petición de ErNE de que se proceda a la desinfección diaria de todos los centros y vehículos de trabajo porque ya, desde el 9 de marzo, se implantaron medidas de limpieza y desinfección «exhaustiva» y se ampliaron las medidas posteriormente, incluso, «en términos más exigentes» que los solicitados por ErNE.