La Generalitat ha explicado que prevé retirar la acusación a seis manifestantes de presuntos desórdenes ante el Parlament por incidentes el 30 de enero de 2018, cuando se iba a debatir en el pleno la investidura del expresidente Carles Puigdemont, y finalmente ese pleno no llegó a celebrarse.

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Fuentes de Presidencia detallan este lunes que la petición de penas del letrado de la Generalitat es de hace muchos meses y se está revisando, y que, como no hay fecha de juicio, no hay opción a trámite para hacer modificaciones. Justifican la retirada de la acusación porque se ha constatado que no hubo agentes de los Mossos d'Esquadra heridos.

En el escrito del letrado de la Generalitat remitido al Juzgado de Instrucción 8 de Barcelona se pedían inicialmente dos años de cárcel para los seis investigados por delitos de desórdenes y atentado a agente de la autoridad, según ha podido comprobar Europa Press, y las penas que pide Fiscalía van hasta los tres años.

Desde el colectivo de abogados Alerta Solidària, que llevan la defensa de los manifestantes, han valorado en un comunicado este lunes como "especialmente grave" esta posición de la Generalitat, que consideran que hace seguidismo de la Fiscalía.

Han exigido el archivo de la causa que supone "una vulneración del derecho a la protesta y a la movilización".

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