Será el próximo día 17 cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suba a la tribuna del Congreso para detallar a los diputados su controvertido ‘plan de regeneración del sector de los medios de comunicación’. Se ha debatido largo y tendido durante las últimas semanas sobre este anuncio y eso ha orillado todavía más el debate sobre una norma cuya aprobación parecía que era cuestión de días a finales de 2022, pero que quedó paralizada debido a las diferencias políticas y al calendario electoral. Es la Ley Orgánica de Protección del Secreto Profesional del Periodismo.

La intención principal de este proyecto es la de desarrollar un derecho fundamental que deriva del artículo 20 de la Constitución Española, como es el de garantizar la confidencialidad de las comunicaciones de los periodistas con sus fuentes. Es decir, que los profesionales de este sector no se vean obligados a revelar la identidad de quienes les proveen de información, salvo en casos muy excepcionales.

La iniciativa sobre el desarrollo de esta norma no fue, en este caso, de ningún grupo parlamentario, sino que corrió a cargo de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y del Foro de Organizaciones de Periodistas (FeSP, UGT y CCOO). 

Sus representantes iniciaron una ronda de contactos hace alrededor de 3 años con portavoces de los grupos parlamentarios y obtuvieron una respuesta positiva de todos los principales.

El proyecto inicial

El 19 de diciembre de 2022, el Boletín Oficial de las Cortes publicó un borrador del proyecto. Constaba de siete artículos, cuya esencia se resumía en el primero: “Ningún periodista será perseguido por proteger la identidad de sus fuentes”.

A partir de ahí, el texto delimitaba qué se entiende como “periodista”, como “fuente” y como “medio de comunicación”. También definía lo que es el “secreto profesional” y garantizaba la protección de los trabajadores de los medios frente a las peticiones judiciales, salvo en algún caso excepcional.

Estos son “cuando se constate fehacientemente que se ha falseado la información” y cuando la revelación de la fuente sea el único medio “para evitar un daño grave e inminente a la vida, la integridad física o la seguridad de las personas”.

Precedentes preocupantes

Fuentes de los promotores de esta iniciativa legal subrayan la importancia que entraña la aprobación de esta ley orgánica, dado que en los últimos años se ha producido alguna situación compleja en España en este sentido, como fue la del ‘caso Cursach’ de corrupción en Baleares. En ese caso, un juez requisó los teléfonos móviles y los ordenadores de unos periodistas con el objetivo de averiguar cuáles eran sus fuentes de información.

Los grupos parlamentarios con los que contactaron estas asociaciones se mostraron en su día de acuerdo con el desarrollo de esta norma. Sin embargo, su aprobación se paralizó después de que una parte de la oposición parlamentaria frenara la primera iniciativa al respecto.

En concreto, sucedió en diciembre de 2022 en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Ahí se votó sobre la posibilidad de iniciar la tramitación de esta proposición de ley orgánica como enmienda de otra norma en fase de aprobación, como era la trasposición de la directiva europea sobre la Protección de las personas que informen sobre las infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Los socialistas se mostraron partidarios de tomar este ‘atajo parlamentario’ porque la legislatura se iba a agotar en unos meses y se corría el riesgo de que el Gobierno disuelva las cámaras antes de que se vote este texto. Sin embargo, el PP y Vox se opusieron a esta vía, al considerar que esta ley debía tramitarse de forma ordinaria, es decir, tras completar todos los pasos parlamentarios y ser analizada por el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

Apoyo del Gobierno

A partir de ahí, el proyecto quedó en standby. Al inicio de la actual legislatura, los promotores se reunieron con Patxi López (Grupo Socialista) y les volvió a trasladar el apoyo del PSOE, que el Gobierno había condicionado a la existencia de un consenso con el Partido Popular.

Los populares fueron requeridos el pasado febrero a una reunión por los promotores de la iniciativa. Sin embargo, no han cerrado el encuentro. Tampoco se ha producido oficialmente con Sumar.

Mientras este proyecto de ley orgánica se encuentra pendiente de tramitación -tras los citados varapalos-, Pedro Sánchez se dispone a presentar su proyecto de ‘regeneración mediática’, que ha generado malestar entre la oposición parlamentaria y en algunos medios de comunicación, que así lo han expresado en sus editoriales.

Podemos, en paralelo, presentó una iniciativa legal hace unas semanas en el Congreso de los Diputados que, entre otras cosas, defendía la creación en el Ministerio de la Presidencia de un registro que incluyera las declaraciones de intereses económicos de los directivos de los medios de comunicación y de los principales presentadores de programas de televisión con contenido político.