El PSOE lanzó en las semanas previas a la última campaña electoral –2023– una serie de mensajes que se asemejaban a los que empleó Podemos para denunciar la existencia de una “cloaca mediática” en España. Aquellas soflamas fueron el punto de partida de una campaña que ha marcado la primera mitad de la legislatura y que se ha sustanciado en diferentes medidas de presión con las que Moncloa ha intentado reducir el volumen de las críticas que recibía por parte de la prensa, así como minar la reputación de los medios hostiles.

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Podría decirse que Pedro Sánchez alcanzó la velocidad de crucero con esta estrategia a finales de abril de 2024, después de publicar su “carta a la ciudadanía” y de anunciar cinco días de reflexión, en los que se propondría tomar una decisión sobre su continuidad en el cargo, ante los constantes ataques que –denunció– sufrían tanto él como su familia. Es sabido que no se fue y que en esos días anunció una serie de medidas para neutralizar el veneno que vierte sobre la opinión pública la denominada “máquina del fango”, alimentada por pseudo-medios, por la oposición parlamentaria, por pseudo-sindicatos de ultraderecha y por elementos tóxicos que forman parte del poder judicial. Todo esto, según sus palabras.

A principios del curso pasado, el Consejo de Ministros aprobó el denominado Plan de Acción por la Democracia, que incluía una serie de medidas legislativas a desarrollar entre 2024 y 2027. Entre ellas, algunas que afectan de lleno al sector de los medios de comunicación y a la estabilidad económica de sus empresas, cuya situación de partida es precaria y no parece que vaya a mejorar en el corto plazo. De hecho, sirva para ilustrar esta afirmación, los medios de Estados Unidos han perdido en los últimos tiempos el 25% de su tráfico de usuarios como consecuencia de la expansión de la inteligencia artificial, según Digital Content Next. A menos lectores, por lo general, menos ingresos.

Aplicar el Reglamento Europeo

El Gobierno trabaja estos días para garantizar la aplicación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación (EMFA), que se producirá con retraso –debió ser en agosto–, al igual que ha sucedido en otros estados miembros. Esta nueva normativa fue concebida para dotar a las empresas informativas del espacio comunitario de unas mayores garantías para desarrollar su función, ante las dificultades a las que se enfrentan en su día a día; y ante el incremento de las injerencias de potencias extranjeras que se ha registrado durante los últimos años. Especialmente, a partir de la digitalización y de la creación de las redes sociales, en un marco geopolítico de guerra fría entre las democracias y los autoritarismos.

Europa concibió esta medida con un cierto espíritu proteccionista. El problema es que su aterrizaje en España coincidió con la campaña lanzada por el Gobierno contra “la máquina del fango”, que no sólo se visibilizó a través de las declaraciones de Pedro Sánchez, sino también de algunos ministros que llegaron a introducir en su discurso términos como el de “fachosfera” e incluso al de referirse con sobrenombres despectivos a medios de comunicación y periodistas.

La aplicación del reglamento europeo en España implicará la creación de un registro de medios de comunicación, que tendrá lugar dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. A partir de ahora, las empresas informativas deberán exponer con claridad quiénes son sus accionistas, mientras que las diferentes Administraciones tendrán que especificar la cantidad de publicidad institucional que dedican a cada una de estas empresas. Ambas medidas persiguen lo mismo: mostrar a la población quiénes y cómo financian a los medios.

Medios públicos libres

La Unión Europea –ante casos como el de Hungría– pretende que las empresas públicas de comunicación no sean instrumentalizadas por parte del poder. Lo que sucede es que, unos meses antes de la aplicación del citado reglamento, el Gobierno y sus socios de investidura acordaron una modificación de la Ley de RTVE que otorga unos mayores poderes a su presidente, en detrimento de su Consejo de Administración.

Una vez la aprobaron, destituyeron a todos los miembros del órgano de gobierno de la corporación de radio y televisión, los sustituyeron por personas propuestas por los diferentes partidos y situaron como presidente a José Pablo López. Es decir, al candidato del Gobierno.

Desde entonces, la corporación ha pisado el acelerador y ha incrementado el número de horas de programas de debate en las parrillas de La 1 y La 2. Es decir, se ha politizado todavía más. El Consejo de Informativos de TVE ha denunciado la elevada presencia de programas de info-entretenimiento, como Mañaneros 360 –Javier Ruiz– o Malas lenguas –Jesús Cintora–, los cuales presentan determinados hechos de una forma “parcial”.

Muertos en las residencias

Un episodio especialmente polémico, durante los últimos tiempos, fue la emisión con motivo del quinto aniversario de la declaración del Estado de alarma de un documental –comprado a una productora– centrado exclusivamente en los fallecimientos en los geriátricos de la Comunidad de Madrid. El programa especial que precedió su exhibición lo condujo Xabier Fortes. El Consejo de Informativos abrió una investigación al respecto de la decisión de programar esta pieza audiovisual.

El nuevo curso no parece que vaya a venir acompañado de un cambio en RTVE para despolitizarla. De hecho, la corporación ya ha anunciado un nuevo programa de actualidad y debate conducido por Marta Flich, la cual sonó como una de las posibles presentadoras que podía ser susceptible de aterrizar en el canal de televisión que algunos empresarios afines a Moncloa quisieron iniciar dentro del Grupo Prisa, explican fuentes de esta compañía.

El presidente de esta empresa, Joseph Oughourlian, denunció en una entrevista concedida a Expansión la presión que habían ejercido estos accionistas –con José Miguel Contreras y Andrés Varela Entrecanales a la cabeza– para conseguir que Prisa volviera a la TDT con un canal de elevado contenido político y pro-gubernamental. Unas semanas después de que el Consejo de Administración lo descartara, el semanario francés Le Point se hizo eco de las presiones que habría ejercido el ministro Óscar López sobre Vivendi –accionista de Prisa– para apoyar una moción contra Oughourlian que le apartara de la presidencia.

Vivendi y López desmintieron esa información. Desde entonces, Prisa ha apartado de diferentes puestos de responsabilidad a personas afines a Moncloa, como Pepa Bueno, Enric Hernàndez o el propio Contreras. Llama la atención porque Javier Ruiz, que iba a ser uno de los baluartes de ese canal, nonato, fichó pocas semanas después por RTVE.

Las otras bazas de Sánchez

Más allá de las cuestiones empresariales, el nuevo curso traerá la tramitación de la Ley Orgánica del Secreto Profesional, que los sindicatos y las asociaciones profesionales de periodistas habían solicitado durante los últimos años y que se espera que incremente las garantías de los periodistas a la hora de proteger a sus fuentes. Es decir, a las personas que les proporcionan información.

También se espera que se ponga en marcha una reforma de la normativa que regula el derecho al honor y la propia imagen; y del derecho a la rectificación. En este último caso, para abarcar dentro del nuevo marco legal a los periodistas que distribuyen sus contenidos fuera del ámbito de los medios tradicionales.

Uno de los asuntos que más preocupación ha generado dentro del sector es el que se anunció antes de las vacaciones. Es el relativo a un punto del Proyecto de ley Para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación, que prevé sanciones de hasta 2,5 millones de euros para la prensa que revele información con la consideración de “secreto oficial”.

Publicidad institucional

Por último, Moncloa espera presentar en septiembre su reforma de la Ley de Publicidad Institucional, que, entre otras cosas, prevé establecer cuotas máximas de inversión de las Administraciones en medios de comunicación. En este sentido, cabe destacar que Pedro Sánchez no anunció sus intenciones de forma aséptica, sino que se refirió al principio del pasado curso a la necesidad de terminar con la relación de dependencia de medios de comunicación sin audiencia, pero financiados por los gobiernos del Partido Popular.

Fuentes de las empresas mediáticas alertan sobre dos movimientos que ha respaldado Moncloa en los últimos tiempos, los cuales podrían beneficiar a la prensa afín en el reparto. El primero derivó en la creación de una auditoría sobre las suscripciones digitales, que ofrecía datos complementarios a los del medidor oficial de audiencias, que es GfK hasta finales de 2025. La Oficina para la Justificación de la Difusión se hizo cargo entonces –2024– de este servicio, al que sólo se sumaron en sus primeros meses El País, La Vanguardia y eldiario.es.

Actualmente –denuncian fuentes de los editores–, y con motivo de la tramitación de la Ley de Publicidad Institucional, se trabaja para hacer más precisa la medición de audiencias digitales, algo con lo que estaría de acuerdo el Ejecutivo, según ha transmitido entre los diferentes grupos mediáticos durante los últimos meses.

Lo que sucede es que este cambio también se intenta impulsar en un momento de guerra abierta entre el Ejecutivo y una parte de la prensa: la hostil. Eso ha llevado a desconfiar a sus editores y a hacer evaluaciones sobre los posibles daños a sus cuentas que esta y otras medidas podrían provocar.

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