Casi un año después de que el examen a la categoría de informador de Radiotelevisión Española tuviera que aplazarse por un intento de amaño, y todavía con el proceso pendiente de resolución, la corporación ultima la licitación de un contrato para evaluar cómo se ha desarrollado este proceso, que, cabe recordar, comenzó con una fuga de datos de decenas de opositores como consecuencia de un agujero de seguridad en su web oficial, desarrollada por la empresa Cegos.

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Unas semanas después, con cientos de opositores aguardando a las puertas de las aulas, convocados para realizar la prueba teórica para la categoría de Informador, el examen tuvo que ser suspendido después de que una de las componentes del jurado avisara de que la mayoría de las preguntas, tipo test, se habían filtrado.

Eso generó un escándalo sin precedentes que obligó a retrasar el examen durante varios semanas y que motivó una denuncia policial y un proceso judicial. La corporación se comprometió entonces a sufragar los gastos de los candidatos que se habían desplazado a Madrid para realizar el examen en esa fecha, desde otras ciudades e incluso países, lo que le obligará a hacer frente a un importe -todavía por abonar- que ronda los 15.000 euros, explican fuentes internas.

Dadas las circunstancias adversas que han acompañado a este proceso, RTVE encargará una auditoría externa para analizar los puntos que debe mejorar en las próximas convocatorias.

Trabajo de campo

El presupuesto estimado de la licitación será de 80.000 euros y se adjudicará presumiblemente cuando finalicen las actuales oposiciones y antes de convocar oficialmente las que se celebrarán en 2026. El Consejo de Administración de la corporación ya es consciente de la inminencia de esta auditoría, según han explicado a El Independiente fuentes internas.

Conviene tener presente que las plazas a la categoría de Informador todavía no tienen dueño, dado que RTVE recibió una auténtica avalancha de reclamaciones debido, principalmente, al criterio que utilizó para valorar la experiencia profesional de los candidatos.

Fuentes sindicales explicaban este lunes, con cierta sorna, que el proceso se encuentra en la fase "de alegaciones tras la alegaciones", lo que ilustra sobre las dificultades burocráticas que han acompañado a este proceso.

Medidas correctoras

A la espera de que se realice este trabajo, en clave interna se han realizado diferentes movimientos, como el que impulsó el acuerdo entre los sindicatos y la empresa -que no rubricó Comisiones Obreras- para excluir a los representantes de los trabajadores de los tribunales de oposición.

En paralelo, avanza la investigación sobre la filtración de las preguntas del citado examen -de la que se hizo cargo la UDEF, de la Policía Nacional-, con el sindicato UGT como e principal señalado y con la propia RTVE personada en el proceso.

Según publicó este periódico el pasado agosto, durante las pesquisas de la UDEF se interrogó a la opositora que hizo llegar a una miembro del jurado, a través de un contacto interno, sus sospechas de amaño, después de recibir un archivo en su teléfono en el que aparecían distintas anotaciones sobre las preguntas y respuestas del examen.

Fuentes de la corporación apuntan a que en septiembre podría haber novedades sobre este caso; y no descartan que el proceso judicial no sólo afecte a los miembros de UGT que han sido señalados, sino también al propio sindicato.

La investigación tampoco ha sido sencilla -añaden-, tanto por las incongruencias de algunos testimonios como por la sorprendente desaparición del terminal de uno de los sospechosos tan sólo unos días después de que trascendiera la filtración.

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