El Fiscal de Sala coordinador de la Unidad de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa, considera que la trata con fines de explotación sexual se reduciría "a niveles mínimos" si el proxenetismo "en cualquiera de sus manifestaciones" fuera objeto de tipificación penal.
Lo asegura en una entrevista distribuida por la Fiscalía General del Estado, en la que subraya que para combatir "eficazmente" la trata de seres humanos en cualquiera de sus modalidades "se hace indispensable enfrentarse al debido tratamiento penal de los delitos de explotación".
En el Día Mundial contra la Trata, Sánchez-Covisa afirma que la trata de mujeres extranjeras, pobres y muy vulnerables para ser esclavizadas sigue siendo la modalidad "de mayor extensión cuantitativa y gravedad cualitativa".
Este tipo de trata "se reduciría a niveles mínimos cuando el proxenetismo en cualquiera de sus manifestaciones fuera objeto de tipificación penal en el sentido y con el alcance que exige el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena", tal y como publica Efe.
En la actualidad, el Código Penal en su artículo 187 establece que "el que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses".
Las víctimas, mayoritariamente, son nigerianas, en el caso de las que proceden de África; rumanas, de las de Europa; paraguayas, de las de América; y chinas, de las de Asia. Asimismo, el fiscal destaca que el aumento porcentual más importante de los dos últimos años corresponde a ciudadanas venezolanas.
Cree que la "erróneamente" denominada trata con fines de explotación laboral podría reducirse en "altísimo grado", no solo cuando se tipificara en España el delito de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso, sino también si "se reelaboraran los delitos contra los derechos de los trabajadores de manera congruente y perfectamente diferenciada del derecho sancionador administrativo".
En este sentido, incide en que España trabaja en esa dirección tanto a través del Ministerio de Trabajo con el borrador del Plan Nacional contra el trabajo obligatorio y otras actividades forzadas, como por la Comisión que, bajo la coordinación del Gobierno y en cumplimiento del pacto de Estado contra la Violencia de Género, se está trabajando en la elaboración un borrador de proyecto de "ley integral contra la Trata con fines de Explotación sexual".
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