La Guardia Civil investiga a un hombre de 39 años por la presunta extracción ilegal de objetos del pecio romano de Ses Llumetes, ubicado frente a la playa de Porto Cristo (Mallorca).

Los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2025, cuando el individuo fue interceptado al salir del agua con un detector de metales, un equipo de buceo autónomo y una riñonera que contenía láminas de plomo y un tornillo. 

Según informa Europa Press, agentes de la Unidad de Fiscal y Fronteras confirmaron mediante consulta al Institut Balear d’Estudis en Arqueologia Marítima (IBEAM) que los objetos pertenecían al yacimiento submarino, datado en el siglo I d.C..

El pecio de Ses Llumetes, descubierto en los años 50, es una embarcación romana de 18-20 metros de eslora que transportaba lucernas (lámparas de aceite), ánforas y materiales de construcción. 

Su importancia radica en su excepcional estado de conservación, pese a estar a solo tres metros de profundidad, y en las técnicas constructivas únicas identificadas, que aportan datos valiosos sobre la navegación comercial romana. Sin embargo, su proximidad a la costa lo ha hecho vulnerable al expolio durante décadas.

Este no es el primer incidente relacionado con el saqueo del yacimiento. En 2023, otro buceador fue detenido por llevarse piezas, alegando que se habían desprendido naturalmente, aunque peritos confirmaron su vinculación directa al barco. 

Un caso similar en 2024 terminó en absolución por falta de pruebas sobre la intencionalidad del acusado. Estas situaciones reflejan los desafíos legales para combatir el expolio, penalizado con hasta tres años de prisión y multas de hasta 60.000 euros según la Ley de Patrimonio Histórico español.

La intervención de la Guardia Civil incluyó el decomiso del detector de metales y el equipo de buceo, herramientas prohibidas en yacimientos protegidos. El IBEAM, que excava el sitio desde 2015, insiste en la necesidad de concienciación ciudadana para preservar un patrimonio "frágil e irreemplazable". Mientras, el acusado enfrenta cargos por delito contra el patrimonio histórico y sanciones administrativas por incumplir la normativa de buceo.