La prohibición de llamadas comerciales desde móviles entra en vigor en España

Desde este sábado, 7 de junio, las llamadas comerciales desde números móviles están prohibidas en España. La medida forma parte del plan del Gobierno para combatir las estafas telefónicas y por SMS, especialmente aquellas que implican suplantación de identidad.

La norma fue recogida en la orden ministerial TDF/149/2025, publicada el pasado 15 de febrero por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Su objetivo es frenar el uso de numeración móvil nacional por parte de estafadores para obtener datos confidenciales, como información bancaria, mediante engaños que simulan llamadas legítimas.

El Ejecutivo justificó el margen de tiempo entre la publicación de la orden y su entrada en vigor por la necesidad de permitir que las entidades que aún usaban móviles para llamadas comerciales adaptasen sus sistemas.

El plan contempla además otras medidas ya en funcionamiento, como la habilitación de los números 800 y 900 –gratuitos– para emitir llamadas comerciales, algo que hasta marzo solo estaba permitido para la recepción. También se permite usar numeración geográfica y números especialmente asignados, como el 1004 de Telefónica.

Un plan a largo plazo

Desde marzo, las operadoras tienen la obligación de bloquear llamadas y mensajes SMS enviados desde números que no hayan sido debidamente asignados o registrados, como los que comienzan por 3 o 4. Según datos del Ministerio, desde la entrada en vigor de esta medida se están bloqueando a diario una media de 235.600 llamadas y 10.000 mensajes, lo que suma más de 14 millones de comunicaciones bloqueadas en dos meses.

Asimismo, desde este 7 de junio se exige a los operadores el bloqueo de llamadas y SMS procedentes del extranjero que simulen provenir de números españoles. La única excepción son los clientes en itinerancia internacional (‘roaming’). Telefónica ya aplica este filtro desde marzo.

El plan se completará con la creación de una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que identifican a empresas y administraciones públicas en sus mensajes. Esta medida, que entrará en vigor dentro de 15 meses por su complejidad técnica, estará gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Permitirá verificar la autenticidad de los remitentes, proteger a las entidades legítimas y facilitar la detección de intentos de suplantación.