El sector cerealista español enfrenta una crisis sin precedentes que se extiende a todas las comunidades autónomas, con Extremadura como epicentro de las pérdidas económicas. Según APAG Extremadura Asaja, la región sufrirá un desplome del 37% en la producción de cereales de invierno, pasando de 722.000 toneladas en 2024 a 453.000 en 2025, lo que generará un agujero de 92,5 millones de euros. 

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Este colapso se debe a una combinación de factores: precios en caída libre —de 250 a 195 euros por tonelada—, costes de producción disparados y una competencia desleal por las importaciones ucranianas, que triplicaron su volumen desde el inicio de la guerra y se venden en Europa a 180 euros tras comprarse a 80 euros en origen.

La situación extremeña refleja un problema estructural. Cultivar una hectárea de trigo blando requiere 876 euros, mientras los ingresos por venta no cubren ni la mitad. 

Juan Metidieri, presidente de APAG, alerta: «Si no se actúa ya, el cereal desaparecerá del campo español, y el consumidor pagará precios abusivos», según informa Apag Extremadura Asaja. Las demandas del sector incluyen autorizaciones para quemar rastrojos —método clave contra plagas—, eliminación de aranceles a fertilizantes rusos y bielorrusos, y aplicación de cláusulas espejo que exijan a las importaciones los mismos estándares que a la producción local.

La crisis trasciende Extremadura. En Castilla y León, ASAJA Valladolid exige suspender las cotizaciones en lonjas ante precios «asfixiantes»: la cebada se paga a 180 €/t y el trigo a 194 €/t, insuficientes para cubrir costes que superan los 800 €/ha. 

Andalucía y Castilla-La Mancha, aunque con mejores cosechas, enfrentan márgenes negativos por la caída generalizada de precios. ASAJA, COAG y UPA convocaron una concentración el 4 de junio en Madrid para exigir al Ministerio de Agricultura limitar las importaciones ucranianas y activar ayudas urgentes.

Mientras la producción nacional podría alcanzar 19,5 millones de toneladas —un 20% más que en 2024—, la rentabilidad se esfuma. El valor de la cosecha en Castilla y León, principal productora, apenas cubre gastos pese a su volumen récord. 

Con un mercado global fragmentado y existencias en mínimos históricos, España afronta una encrucijada: proteger su sector estratégico o depender de importaciones que comprometen su soberanía alimentaria. La supervivencia del cereal español pende de decisiones políticas urgentes.

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