La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), Justicia Alimentaria y FACUA-Consumidores en Acción han convocado una huelga de compras dirigida contra las grandes superficies todos los miércoles hasta confluir con la huelga general por la vivienda y el coste de la vida, fijada para el próximo 11 de noviembre (11N). La iniciativa llama a la ciudadanía a dejar de consumir en cadenas de supermercados e hipermercados como medida de presión frente a la pérdida de poder adquisitivo y el incremento continuado de los precios de los alimentos y el alquiler.
El calendario de paros comerciales arrancará este miércoles 28 de octubre y continuará el 4 de noviembre. La culminación de la protesta tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre, jornada de la huelga general, cuando las organizaciones piden un cese total del consumo, instando a no realizar ninguna compra, ni en establecimientos físicos ni a través de internet.
Como contrapartida, los convocantes promueven acudir al comercio de barrio, los mercados municipales, cooperativas o adquirir los productos directamente de los agricultores y ganaderos. Según han remarcado en un comunicado conjunto, la protesta "no va contra el pequeño comercio ni contra las trabajadoras de los supermercados", a quienes animan a secundar la huelga general, permitiendo también a las tiendas locales bajar la persiana durante el 11N.
La huelga de quienes "no pueden parar"
Las tres entidades definen esta acción como una vía de movilización para aquellos colectivos que encuentran barreras legales o laborales para secundar un paro tradicional. "La huelga de compras es la huelga de quien no puede hacer huelga en el trabajo", señalan, en alusión directa a trabajadores en situación precaria, autónomos, parados, pensionistas, estudiantes y personas dedicadas a las tareas de cuidados.
El diagnóstico compartido parte de la premisa de que "trabajar ya no garantiza llegar a fin de mes". Las organizaciones denuncian que "el alquiler se come los salarios y la cesta de la compra no deja de subir, mientras unos pocos baten récords de beneficios con lo que se necesita para vivir: un techo y un plato en la mesa".
Para sustentar la convocatoria, el colectivo recurre a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan que la cesta de la compra acumula un encarecimiento superior al 40% respecto a los niveles de 2019, mientras que los salarios medios apenas han crecido un 21,9% en el mismo periodo. A este diferencial se suma el dato de la inflación general, que cerró el mes de septiembre en el 4,9%.
En contraposición, apuntan a las cuentas de resultados de la gran distribución y denuncian la brecha existente entre el campo y el lineal: según los datos del índice de precios en origen y destino de COAG, el precio de productos básicos como la cebolla llegó a multiplicarse por más de siete en abril de 2025, pagándose a 0,30 euros el kilo al agricultor frente a los 2,25 euros finales en tienda.
Rebajar el alquiler un 50% y topar márgenes
En su tabla de reivindicaciones, las tres organizaciones exigen una reducción de los alquileres del 50%, condicionada a los niveles de ingresos, en consonancia con la plataforma de la huelga general del 11N. En el plano del consumo, demandan controles de precios sobre los alimentos básicos, la energía y el transporte.
De forma específica, Justicia Alimentaria aboga por articular una cesta básica con precios asequibles financiada a costa de los márgenes comerciales de los distribuidores y no de los productores primarios. Su director, Javier Guzmán, ha advertido de que "comer no puede ser un privilegio" y que el ajuste "tiene que salir de los beneficios de las grandes distribuidoras".
Por su parte, el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, ha reclamado la imposición de "topes a los márgenes de beneficio de las grandes cadenas" y la implantación del doble etiquetado para que los consumidores conozcan la cuantía real pagada en origen. "Tenemos derecho a saber cuánto se paga en el campo y cuánto se queda la gran distribución", ha indicado. Aldo Reverte, representante de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, ha resumido la postura de los convocantes: "El casero y el patrón nos aprietan por los dos lados. Y en la caja del súper, también. Si dejamos de comprar a la vez, lo notan".
La campaña permanece abierta a la adhesión de colectivos sociales, cooperativas y comercios de proximidad a través de un registro público en su web. La jornada central del 11N cuenta con el respaldo, junto al movimiento inquilino y FACUA, de organizaciones sindicales como CCOO, UGT, CGT, CNT, ELA, LAB y CIG.
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