Un usuario de 48 años agredió al conductor de un autobús municipal en Santander este jueves 5 de junio de 2025, tras un conflicto iniciado en el interior del vehículo durante la ruta urbana.

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Según informó Europa Press, el incidente ocurrió a las 11:45 horas en la calle San Fernando, requiriendo la intervención de la Policía Local que identificó al agresor y paralizó temporalmente el servicio en la zona. Este suceso se enmarca en un patrón recurrente de violencia contra trabajadores del transporte público en la capital cántabra, donde en la última década se han registrado al menos cinco casos similares con implicaciones legales y laborales.

Los hechos comenzaron cuando el pasajero inició una discusión con el conductor durante el trayecto, situación que escaló hasta convertirse en agresión física según el parte policial. La intervención de las autoridades permitió detener la alteración del servicio, aunque provocó la retención de varias unidades en la parada afectada.

El agresor fue denunciado bajo el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que tipifica como falta grave la desobediencia o resistencia a la autoridad, con multas entre 601 y 30.000 euros. El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander para juicio inmediato por delito leve.

Este episodio actualiza la problemática de seguridad que enfrentan los conductores de transporte público. En 2012, un pasajero fue multado con 240 euros por golpear a un conductor durante un trasbordo en Valdecilla, mientras que en 2021 otro trabajador fue despedido tras agredir a un usuario invidente.

La Ley 4/2015, reforzada en su aplicación desde 2019, establece sanciones accesorias como la retirada de licencias o clausura de establecimientos en casos graves, aunque su efectividad preventiva sigue en debate entre sindicatos y autoridades.

La frecuencia de estos incidentes -tres en los últimos cinco años según registros judiciales- ha llevado al comité de empresa del Servicio Municipal de Transportes a exigir protocolos de actuación reforzados.

Entre sus demandas destacan la instalación de cámaras de seguridad en todas las unidades y la formación específica en gestión de conflictos para el personal. Mientras tanto, la Fiscalía de Cantabria mantiene su línea de endurecer las peticiones penales en estos casos, como muestra la petición de dos años de prisión para un acusado de agresión sexual en otro autobús santanderino en junio de 2025.

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