La prestigiosa firma italiana Loro Piana, emblema del lujo silencioso y conocida por sus tejidos de cachemir y vicuña, ha sido puesta bajo administración judicial en Italia por su implicación indirecta en casos de explotación laboral en talleres subcontratados. La medida, decretada este lunes por el Tribunal de Milán, responde a la investigación abierta en 2023 sobre las condiciones laborales en la industria del lujo, que ya ha salpicado a otras marcas como Armani, Valentino y Manufactures Dior.

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Según los fiscales, Loro Piana, propiedad del grupo francés LVMH desde 2013, no participó directamente en las irregularidades, pero alimentó "un sistema de explotación" al no controlar adecuadamente su cadena de suministro. La empresa delegó la producción de sus prendas a una sociedad en cuyos talleres, operados por ciudadanos chinos, se detectaron graves violaciones: trabajadores ilegales, jornadas de hasta 90 horas semanales y salarios de apenas 4 euros la hora.

Uno de los casos más extremos es el de un sastre chino que, tras reclamar su salario, denunció haber sido agredido con puños y tubos de plástico y aluminio por su empleador.

La corte reprocha a Loro Piana no haber realizado auditorías efectivas ni verificado la capacidad real de sus proveedores, permitiendo que estas prácticas subsistieran durante años. En un comunicado, la firma aseguró haber roto toda relación con el proveedor implicado en mayo pasado y reiteró su compromiso con los derechos humanos.

Los trapos sucios del sector en Italia

El caso de Loro Piana no es aislado. En mayo, la firma Valentino fue objeto de una medida similar tras descubrirse siete talleres clandestinos donde 67 trabajadores vivían y trabajaban en condiciones insalubres, sin contratos, seguridad laboral ni salarios dignos. También Dior, a través de algunas de sus sociedades, fue investigada por encargar productos a talleres ilegales en los que la pieza de un bolso valorado en tienda en 2.600 euros era pagada a 53 euros, según el Corriere della Sera. Como parte de un acuerdo con la Autoridad de Competencia italiana, Dior se comprometió a destinar dos millones de euros en cinco años para apoyar a las víctimas de explotación.

Estas investigaciones dibujan una imagen incómoda de la moda de lujo en Italia: productos de altísimo valor construidos sobre redes de producción opacas y, en ocasiones, directamente ilegales. El modelo, alimentado por la subcontratación en cascada, pone en entredicho la responsabilidad social de marcas cuya reputación se ha cimentado precisamente sobre la excelencia artesanal.

La administración judicial impuesta a Loro Piana no implica su cierre ni una acusación penal directa, pero supone un control temporal por parte de un comisario designado por el tribunal, que deberá supervisar las actividades de la empresa y garantizar la legalidad en sus operaciones. Se trata de una medida preventiva prevista en el ordenamiento italiano para frenar la infiltración del crimen organizado o corregir desviaciones graves en la gestión empresarial.

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