El conflicto judicial que enfrenta a varios accionistas de El Corte Inglés, todos ellos familiares, amenaza con enquistarse en los tribunales, donde se desarrolla en varios frentes. Según ha podido saber este periódico, la defensa de María Antonia Álvarez, madre de Dimas Gimeno -expresidente de los grandes almacenes-, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades durante el juicio sobre la herencia de Isidoro Álvarez.

Los hechos están relacionados con el proceso sobre la supuesta desaparición de 5 millones de euros de la parte de la herencia que iba a recibir María Antonia Álvarez. La vista se celebrará próximamente, después de que la Audiencia Provincial de Madrid levantara el suspenso sobre la misma, hace unos días.

El pasado 3 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción recibió una denuncia, en la que la defensa de María Antonia Álvarez solicita al Ministerio público que investigue el cambio de ponente del caso, que se encuentra en la sección 10 de la Audiencia Provincial de Madrid. Esta modificación se realizó hace unas semanas y se justificó «por motivos de agenda», según han explicado a este periódico fuentes jurídicas.

El nuevo ‘encargado’ de las diligencias será el magistrado José Manuel Arias Rodríguez, cuya idoneidad pone en duda el escrito de la abogada. En concreto, expone lo siguiente:

«Esta letrada ha tenido conocimiento por parte de los medios de comunicación (…) de una denuncia que se está investigando (…) contra la misma persona (José Manuel Arias), así como el hilo conductor a través de otro magistrado, don Ángel Sánchez Franco”.

A esta parte –continúa- “le constan (además) años de conocimiento entre este magistrado y don Ramón Hermosilla, recurrente de la apelación objeto de supuestas irregularidades y albacea del testamento de don Isidoro Álvarez, así como contador partidor de la herencia, en la que se lo usurparon cinco millones de euros a doña María Antonia Álvarez».

Caso paralelo

Las publicaciones a las que hace referencia este escrito aparecieron en el diario El Cierre Digital y versan sobre las denuncias interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción por el empresario Jesús Gómez Castaño, en las que acusaba al juez Sánchez Franco de pedir dinero para influir favorablemente en un pleito que tenía contra el Deutsche Bank. El denunciante –según el citado periódico- habría solicitado investigar otro cambio de ponente en su juicio, presuntamente consentido por José Manuel Arias.

La defensa de María Antonia Álvarez solicita a la Fiscalía que investigue estos hechos, así como la relación de Ramón Hermosilla –albacea de Isidoro Álvarez e histórico abogado- con los citados magristrados.

“También con causas relacionadas igualmente con resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid y llevadas por el despacho (de abogados) ONTIER –del que Hermosilla es presidente de honor- y relacionadas con divorcios y temas familiares de personalidades relevantes de este país, que han tenido en estos jueces un claro cambio de rumbo en sus recursos de apelación”, añade.

En concreto, se refiere a tres casos: los divorcios de Rafael del Pino y Miguel Blesa; y el caso de las hermanas Cereceda.

Este periódico ha contactado con la sección 10 de la Audiencia Provincial de Madrid para tratar de obtener su versión con respecto a estos hechos. Sin embargo, el magistrado José Manuel Arias ha declinado atender a este medio.

El Cierre Digital difundió el pasado mayo la versión del juez Sánchez Franco sobre estos hechos: «Yo creo que este señor (el denunciante), que era muy amigo mío, piensa que hay una trama orquestada en su contra y se quedó afectado por un pleito que al parecer perdió contra un banco y en el que yo no intervine en absoluto porque yo pertenezco a una sección  de Familia y su tema era Civil. Qué más quisiera yo que le hubiese salido bien el pleito porque cuando éramos amigos todos queremos que les vaya bien a nuestros amigos, pero la Justicia falló en su contra y yo no puedo hacer nada.  Su denuncia no es real, es cierto que nos vimos en diciembre y otro día en febrero. Yo le recomendé que interpusiera recurso de casación contra una sentencia que le había sido desfavorable, pero desconozco a día de hoy si lo hizo o no.

A juicio de Sánchez Franco, el denunciante «se inventa estas acusaciones ahora, con una nueva persona de por medio, para sustentar toda su denuncia. No puede pretender que yo hable con un compañero para influir sobre un pleito, además es contradictorio en su denuncia porque después de aquella fiesta seguimos hablando por WhatsApp en tono afable, pero claro después de su denuncia perdimos la amistad. Si yo hubiera hecho todo eso lo lógico es que él me hubiese retirado la palabra de inmediato».

Recursos ante la Fiscalía

Este no es el primer asunto relacionado con este conflicto familiar que acaba en manos de la Fiscalía. De hecho, la Fiscalía General del Estado inició el pasado 13 de julio un expediente para aclarar si hubo alguna irregularidad de su representante en la audiencia por la demanda contra el acta de adopción de las hermanas Marta y Cristina Álvarez por parte del expresidente de El Corte Inglés Isidoro Álvarez, que murió en 2014.

En este caso, se investiga la supuesta actuación sin de la Fiscalía en el procedimiento, pese a no estar fundamentada, y en la identidad del miembro del ministerio público que compareció en la audiencia previa, que podría no corresponderse con la persona que rubricó los documentos que figuran en la causa.

Entre los hechos que tendrán que dirimirse también se encuentra el relativo a si el fiscal que acudió a la audiencia previa estaba vinculado familiarmente de forma directa al entorno de las demandadas, tal y como consta en el escrito de denuncia.