La historia militar de España necesita más investigación y menos loas, más documentación y menos patrioterismo y en esa línea de trabajo es donde se puede ubicar el libro Gobernar el Caos (Desperta Ferro) de Francisco Gracia Alonso, catedrático de la Universidad de Barcelona, en el que hace un análisis crítico — que no antimilitarista —de la historia marcial de nuestro país.
En el volumen queda patente que la historia de España es indisociable de la de su Ejército y aborda en profundidad la relación entre el Ejército y el desarrollo económico y social del país. La configuración de una tropa para la batalla ha tenido unas consecuencias sociales que van más allá de lo militar y lo táctico.
El conocimiento de la historia militar de España le da a Gracia Alonso perspectiva para analizar la realidad de nuestra tropa. En un momento geopolítico en el que lo militar cobra protagonismo el autor es muy crítico con la tener a las Fuerzas Armadas en medio de la guerra ideológica: “España necesita unas fuerzas armadas profesionales y apolíticas”.
Pregunta: En tu revisión crítica cuál sería el balance de la relación entre el Ejército y el desarrollo de España.
Respuesta: El objetivo es plantear una reflexión sobre la relación entre el Ejército y la sociedad desde el siglo XVI al presente. No se trata de un estudio antimilitarista, pero creemos que el excesivo peso de la ideología de las élites militares ha lastrado el desarrollo estructural, económico y social de España. El análisis del gasto militar en los tres últimos siglos muestra etapas en las que concentraba el 42% de la inversión pública en detrimento de las Obras Públicas, la Sanidad o la Educación, para mantener una estructura falta de equipos y preparación, y un sistema de reclutamiento abusivo. La asociación del Ejército con la represión durante la dictadura franquista, contribuyó a ahondar el rechazo de amplias capas de la población hacia el Ejército, revertido en las tres últimas décadas, aunque todavía falta acción pedagógica –sumado a un cambio de mentalidad en diferentes estamentos militares– para que las Fuerzas Armadas se liberen de sus estigmas.
P: ¿Está minimizado o poco estudiado el papel de los militares en la historia de España?
R: La bibliografía sobre la historia militar es extensísima, pero la mayor parte son descripciones de batallas o hagiografías. Los estudios no cubren aspectos como las consecuencias económicas o demográficas de las levas; el impacto del gasto militar o la implicación de los militares en la política. La apertura y modernización de los archivos militares desde la etapa de Carme Chacón al frente del Ministerio de Defensa ha contribuido a la realización de estudios vinculados con el modelo anglosajón del análisis de la violencia más que con la hagiografía nacionalista, pero resta todavía mucho por hacer.
P: Por qué el título Gobernar el caos, ¿Sigue vigente esa idea de que los militares son los únicos de remediar lo que hace mal la política?
R: En principio no tendría que ser así puesto que la sociedad debería tener la percepción de que los militares constituyen una estructura democrática y subordinada al poder ejecutivo –sea cual sea su signo ideológico– emanado de la voluntad popular expresada en las urnas. Sin embargo, cada vez que los medios airean comunicados de militares retirados clamando por soluciones drásticas, no hacen sino reverdecer y recuperar viejas pulsiones. No puede obviarse que representan las actitudes por las que los militares, tras alcanzar el estatus de sujeto político con la Constitución de Cádiz en 1812, han intentado imponer, por la fuerza o influencia sobre los gobiernos, una determinada forma de entender España a partir de los conceptos de patria y nación. El peor antídoto para el antimilitarismo es el militarismo vacuo, la reclamación del Ejército como el cuarto poder capaz de sustituir a los otros tres. Y se trata de un error, puesto que España necesita unas fuerzas armadas profesionales y apolíticas que, sin olvidar sus tradiciones, comprendan cuál es el papel que la sociedad a la que sirven les ha conferido.
P: ¿Desde la Transición quién ha tratado mejor a los militares, la derecha o la izquierda?
R: Los sucesivos gobiernos de Adolfo Suárez (1976-1982) debieron hacer frente a un Ejército comprometido con el franquismo reticente al proceso de transición que pugnaba por constituir un poder independiente vinculado a la monarquía por obediencia a la voluntad de Franco. Es la etapa del persistente ruido de sables y el 23F que se resume en la frase del ministro Alberto Oliart: “si investigamos me quedo con veinte”.
El cambio se acelerará durante el primer gobierno del PSOE (1982-1996) tras la visita de Felipe González y Narcís Serra a la DAC, primer tanteo con los militares, y punto de partida para la modernización del ejército y su subordinación al poder civil. A partir de entonces, los gobiernos del PSOE, PP, o de coalición, han resaltado su papel, definido sus funciones en la Cultura de Defensa, y realizado un esfuerzo económico que ya supera, en gasto real, el 2% del PIB.
Al margen de algunos segmentos ideológicos, no existen grandes diferencias, ningún partido cuestiona los gastos en Defensa, y se defiende la necesidad de potenciar la industria militar como generadora de empleo y desarrollo económico. Pero un debate en profundidad sobre las inversiones en Defensa o la participación en misiones internacionales, no solo es necesario, sino obligatorio desde la racionalidad y no en base a un patrioterismo mal entendido.
P: ¿Qué debería cambiar la izquierda sobre su visión o relación con las Fuerzas Armadas?
R: La izquierda es plural, por lo que no puede hablarse de una visión unitaria. Debe matizarse. En el caso de los movimientos sociales, las críticas unen el antimilitarismo como elemento sistémico, y el crecimiento continuado de las inversiones en defensa. El segundo concepto es cierto. Pero el aumento exponencial, durante el último quinquenio, de las inversiones en defensa, lo han realizado los gobiernos PSOE-UP y PSOE-Sumar, sin que hayan trascendido disensiones entre los socios.
Las explicaciones para sustentar dichas inversiones, muy superiores en gasto real al presupuestado tras aplicar los criterios OTAN, son muy genéricas, pasando de la necesidad de afrontar la amenaza islamista y las crisis migratorias, a la defensa del eje Canarias-Estrecho-Baleares ante el rearme de Marruecos y Argelia, o la amenaza derivada de la Guerra de Ucrania ante la que la UE y la OTAN claman continuamente por aumentar la producción de las industrias militares para prevenir un posible conflicto. Unas ideas simplistas que no incluyen la forma de hacer frente a los nuevos gastos, ya sea aumentando impuestos o reduciendo prestaciones sociales. La izquierda, desde el gobierno, ha tratado con guante de seda a los militares, implementando campañas mediáticas para trasladar a la población su profesionalidad, compromiso social, apoyo a la población e importancia en la política exterior. Ambos, izquierda parlamentaria y militares, se necesitan.
P: ¿Y la derecha?
La afinidad ideológica entre los partidos conservadores con las Fuerzas Armadas es evidente. El problema en la derecha radica precisamente en vincular al Ejército con un discurso ideológico basado en determinados valores y en la tradición hagiográfica, cuando lo que debería hacer es profundizar en la profesionalización y servicio público que deben caracterizar al Ejército en el siglo XXI. No quiero decir que se deba prescindir de la Historia, pero esta debe transmitirse a partir de la investigación y no de un militarismo desfasado. Con ello se conseguiría que el Ejército perdiera el carácter político que en muchos casos todavía se le asocia y pasara, definitivamente, a vincularse, en la percepción mayoritaria de la opinión pública, con el Estado y no a una determinada opción política.
P: Y los cuarteles ¿qué deberían cambiar o mejorar respecto a la política?
R: Sin duda, la forma de difundir su servicio a la sociedad. Las políticas de comunicación han mejorado sensiblemente en los últimos años gracias a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las misiones en el extranjero, pero continúan produciéndose errores respecto del acatamiento de la legalidad vigente, como la Ley de Memoria Democrática en actos recientes en la Academia General Militar, y en asumir que las directrices las definen el ejecutivo y el legislativo, por lo que no son de recibo declaraciones de militares en activo que intenten marcar la política exterior de España o intenten condicionar las inversiones en nuevos equipos.
P: ¿Cómo valora la creación e impacto de la UME?
En el momento de su creación, la UME fue contestada por altos mandos del Ejército por entender que se trataba de un dispendio de recursos, y que los objetivos asignados no formaban parte de las directrices de las Fuerzas Armadas, sino de Protección Civil. Sin embargo, la UME, junto a las misiones en el exterior bajo mandato ONU, UE, e incluso OTAN, han servido para mejorar la percepción del Ejército por la población al desarrollar actividades vinculadas a tragedias humanitarias o medioambientales, y no a funciones bélicas.
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