El Gobierno reconoce que no ha podido aplicar desde 2012 el aumento en la pensión de viudedad como marca la propia legislación por "la débil situación financiera" de la Seguridad Social y que, por ello, ha debido aplazar cada año la entrada en vigor de esta medida.

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Así figura en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press a los diputados de Ciudadanos Marcial Gómez Balsera y Sergio del Campo, que habían preguntado por qué el Gobierno "ha venido suspendiendo y aplazando el mandato legal" recogido en la propia Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

Los diputados de la formación recordaron que una disposición adicional de esta misma ley dispone una subida de la base reguladora para las pensiones de viudedad del 52% al 60%, siempre que cumpla determinados requisitos, cuya aplicación ha sido suspendida "reiteradamente" desde 2012.

Así, el segundo punto de esta disposición señalaba que la aplicación de este porcentaje "se llevará a cabo de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012".

"Un importante coste para el sistema"

Ante ello, el Ejecutivo alega que este incremento "supondría un importante coste para el sistema de la Seguridad Social", por lo que "a la vista de la débil situación financiera que ha atravesado nuestro sistema público de pensiones, ha sido necesario aplazar anualmente la entrada en vigor de esta medida".

"En todo caso", prosigue el Gobierno en su respuesta, fechada el pasado 26 de abril, "en el momento actual se está trabajando en la elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, valorándose a su vez, el coste económico de esta medida dentro de ese marco presupuestario, con el objetivo de tomar las medidas adecuadas para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social".

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