Todo sacerdote que escucha confesiones está obligado a guardar el secreto sobre los pecados que los fieles le confían. Así lo marca la tradición, pero el Gobierno del estado de Washington no considera que deba ser siempre así. La semana pasada, el gobernador Bob Ferguson, demócrata, firmó una nueva ley que exige a los sacerdotes y párrocos que rompan dicho secreto cuando el pecado confeso tenga que ver con el abuso sexual infantil, una medida que ha provocado una guerra entre el estado, la Iglesia y el Departamento de Justicia.

Lo habitual es que el sacerdote que revele lo que un fiel le ha contado a través de la confesión sea excomulgado, pero Ferguson cree que el deber de proteger a los menores debe prevalecer. Y lo hace después de que un senador estatal decidiese promover la medida tras conocer una investigación periodística sobre las iglesias de los Testigos de Jehová, que revelaba que los abusos infantiles tendían a taparse, en parte por las normas y tradiciones de la Iglesia.

En Estados Unidos, son varios los estados que exigen a los sacerdotes denunciar a las autoridades si creen que un niño está sufriendo abusos, pero la mayoría protegen a la vez el sacramento de la confesión, ese encuentro entre la comunidad y el sacerdote y donde se revelan los pecados para que este los perdone en nombre de Dios. Algunos ejemplos no incluyen esa excepción, como sucede en New Hampshire y Virginia Occidental, y en Tennessee se especifica que ese privilegio no aplica en casos de abuso infantil, y no de otros delitos.

En California trató de aprobarse una ley similar en 2019, pero terminó retirándose por el rechazo generalizado. Entonces, el Vaticano llegó a intervenir, asegurando que el secreto de confesión es un "requisito intrínseco" al sacramento.

Una ley para proteger a los menores choca con la Administración Trump

De su lado, la Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado que va a abrir una investigación sobre la ley, a la que llamó "anticatólica", y que se centrará en el "conflicto aparente" entre la libertad religiosa y la de expresión. "Proteger a los niños es mi prioridad. Esperamos proteger a los niños de Washington del abuso sexual frente a la investigación de la Administración Trump", ha declarado el gobernador de Washington en un comunicado.

Sin embargo, la ley aplica a todas las religiones, y surge de que un ex testigo de Jehová y víctima de abuso sexual cuando era un niño contactó con el senador Frame y le hizo saber que a los miembros de su organización les ayudaría que la ley exigiese dar a conocer estas confesiones, y que contribuiría a que en el futuro los sacerdotes no continuasen diciendo que no podían decir nada.

Aun así, miembros de la Iglesia Católica consideran que la ley pone a los sacerdotes en una posición "imposible" porque les obliga a desobedecer una de las dos normas, con lo que pueden acabar o en la cárcel o excomulgados. En consecuencia, el obispo Thomas Daly, de la diócesis de Spokane, ha dicho en un comunicado que sus sacerdotes y párrocos están "comprometidos a mantener el secreto de confesión, incluso hasta el punto de ir a la cárcel".