Cuando Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, denunció la "cacería" contra el partido, cuando Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sacaba la cabeza pese a los "ataques" que a su juicio estaban recibiendo él y los suyos, no eran solo palabras de dos discursos. Las pronunciaron ambos en Sevilla, en el 41º Congreso Federal del PSOE, el 30 de noviembre de 2024 el primero, el 1 de diciembre el segundo. Pero tras esa reflexión subyacía algo más profundo: la necesidad que los socialistas sentían para protegerse de lo que entienden como hostigamiento judicial. Y por eso se introdujo un cambio en los estatutos que pasó desapercibido, que no fue publicitado, pero que es capital: los cuadros del partido ya no tendrán que dejar sus cargos cuando se abra juicio oral contra ellos si se entiende que se trata de un caso político, deberán renunciar solo si hay sentencia adversa. Y esa modificación muy sustantiva operará para Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE extremeño desde marzo de 2024, reelegido el pasado enero, y presidente de la Diputación de Badajoz desde 2015. Él ya está procesado en la causa por la que también se ha abierto juicio oral al hermano del jefe del Ejecutivo, y ya es formalmente diputado electo en la Asamblea de Extremadura, tras haber forzado la renuncia de cinco personas y conseguir así convertirse en aforado.

Y es que ayer jueves, 22 de mayo, Beatriz Biedma, la jueza de Badajoz que investiga la contratación por parte de la Diputación provincial de David Sánchez, el hermano del presidente, acordó sentarlo en el banquillo por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias tras rechazar, apenas unos minutos antes, el recurso contra su procesamiento. La magistrada declara la apertura de juicio oral para Sánchez, para Gallardo y para otras nueve personas.

Gallardo interpreta que ya sí es aforado, porque es diputado electo y, según el reglamento de la Asamblea, sí disfrutaría de "los derechos y prerrogativas" del cargo. Pero no gozará de la condición plena hasta que no prometa la Constitución el 29 de mayo

La situación política del líder regional del PSOE, sin embargo, está en plena mudanza. Gallardo recogió un día antes, el miércoles 21, su acta como parlamentario autonómico. Ya es, según el artículo 15 del reglamento de la Asamblea de Extremadura, diputado electo. Pero al no haber podido prometer el acatamiento de la Constitución y del Estatuto —lo hará en el próximo pleno, el 29 de mayo—, todavía no tiene la condición plena de diputado. Gallardo, según indican fuentes muy próximas, interpreta que ya sí es aforado, porque el artículo 15.2 detalla que "los derechos y prerrogativas serán efectivos desde el momento mismo en que el diputado sea proclamado electo". En cualquier caso, lo previsible es que su caso pase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Este podría decidir quedarse con toda la causa o bien segregarla y retener solo la que afecta al líder regional del PSOE en su calidad de aforado.

De cualquier modo, el camino que emprende Gallardo es el camino contrario al que hubiera recorrido cualquier compañero suyo hace unos años. En 2014, Sánchez, cuando llegó al liderazgo del PSOE, promovió la aprobación de un exigente código ético que preveía que cualquier cargo público u orgánico dimitiría "de su cargo en el mismo momento" en el que se le diera "traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria", y en caso contrario, sería "suspendido cautelarmente de militancia" y hasta "expulsado del partido". Era un momento de máxima debilidad del PSOE, recién explotado el fenómeno Podemos y con los morados cabalgando muy fuertes en las encuestas. Era la eclosión de la llamada nueva política.

En 2014, Sánchez estableció una doctrina exigente: cuando se abría juicio oral, el cargo público u orgánico tenía que dimitir y solicitar su baja voluntaria. En el congreso federal de 2024, se dice que se han de conjugar los altos estándares éticos con la defensa de los afectados en los casos que se ven como 'políticos'

El vigente código ético y de conducta del partido, aprobado por el comité federal de marzo de 2023, también contiene y detalla esa previsión: a los cargos públicos u orgánicos a los que se abra juicio oral deberán "solicitar la baja voluntaria como afiliado y dimitir de su cargo", y si no pueden ser suspendidos cautelarmente de militancia y expulsados del partido "cuando el procedimiento se siga por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral".

Disposición adicional sexta de los estatutos emanados del 41º Congreso Federal del PSOE (2024) | PSOE

Pero en el 41º Congreso Federal del PSOE, celebrado en Sevilla el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre, se introdujo un importante cambio. Fue en la disposición adicional sexta de los estatutos. Apunta que el código ético y de conducta del PSOE "garantizará", a través de la comisión federal de ética y garantías, "el cumplimiento" de los "altos valores éticos entre la militancia" y los cargos socialistas, "conjugándolo con la defensa de estos frente al uso de instrumentos jurídicos para conseguir finalidades políticas, dentro de los límites establecidos en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos". Es decir, que la exigencia de que un cargo socialista deba dimitir y ser suspendido de militancia puede desaparecer si Ferraz estima que se trata de una causa política. Es un paso más respecto a lo que se decía en los estatutos anteriores, los emanados del 40º Congreso, el celebrado en Valencia en octubre de 2021. Entonces, la disposición adicional sexta señalaba que se actualizará el código ético —y se hizo, la nueva versión se aprobó en marzo de 2023— "incluyendo la posibilidad de modular la aplicación de las medidas previstas".

Tres años de cárcel: la petición de la acusación de Manos Limpias

La nueva disposición adicional sexta, la aprobada en el cónclave que concluyó el 1 de diciembre de 2024 en Sevilla, es la que ahora se aplicará para Gallardo. Ni él demandará la baja ni tiene previsto renunciar a sus cargos —es más, ya ha sumado uno, el de diputado autonómico—, ni la dirección de Sánchez se lo va a reclamar, pese a que está procesado por prevaricación y tráfico de influencias, los mismos delitos que pesan sobre David Sánchez. Para ambos, la acusación popular, en manos del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, pide tres años de cárcel, mientras que la Fiscalía pedía el archivo de la causa al entender que se cimentaba en meras conjeturas. El corazón del caso es la contratación del hermano del presidente como coordinador de las Actividades de los Conservatorios de Badajoz.

Ferraz recuerda que no se ha agotado la vía de las impugnaciones, porque quedan por resolver los recursos de apelación ante la Audiencia. La cúpula tiene "plena confianza" en Gallardo y cree que la causa quedará finalmente "en nada"

Para empezar, Ferraz recuerda que no se ha agotado la vía de las impugnaciones. De hecho, la jueza Biedma decidió enviar a los acusados a juicio oral pese a que no se han resuelto los recursos de apelación ante la Audiencia Provincial. Determinó sentarles en el banquillo apenas minutos después de que ella misma rechazara los recursos de reforma (en primera instancia). Pero ahora, además, deberá decidir el futuro de la causa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Fuentes de la dirección federal del PSOE volvieron a mostrar ayer jueves su "plena confianza" en Gallardo. Y reiteraron que la causa quedará "en nada". Es lo que han venido sosteniendo Ferraz y el Gobierno en todos estos meses pasados de instrucción: que todo se trataba de una investigación construida artificialmente y sin fundamento y que antes o después, acabará desmoronándose.

Por eso también en la cúpula socialista avalan el último polémico paso de Gallardo. El líder regional había rechazado hasta ahora aterrizar en la Asamblea de Extremadura. Pero la semana pasada giró: anunció que ahora sí quería ser diputado autonómico. No tenía acceso inmediato. El PSOE logró en las autonómicas de 2023 un total de 16 escaños por Badajoz, y desde entonces solo hubo dos salidas del grupo por la provincia, la del expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara y la del exlíder provincial Rafa Lemus, por lo que la lista corrió hasta el puesto 18. Pero Gallardo ocupaba el puesto número 23 de la candidatura. Así que para entrar en la Cámara, promovió la renuncia de su escaño de la parlamentaria Maricruz Rodríguez —su mano derecha como jefa de Gabinete en la Diputación pacense— y el rechazo de cuatro candidatos —los que iban en los puestos 19 (Pedro Blas Vadillo), 20 (Virginia Borrallo), 21 (Juan Francisco Ceballos) y 22 (Dolores Fernández Luengo)— a sus actas.

Para poder ser diputado regional, Gallardo ha tenido que promover la salida de la parlamentaria Maricruz Rodríguez y la renuncia de los candidatos siguientes en la lista, de los puestos 19 a 22

Gallardo explicó que no se trataba de una maniobra exótica, porque el propio Alberto Núñez Feijóo tuvo que forzar la salida de un senador gallego por designación autonómica para poder poner un pie en la Cámara alta en 2022 y medirse contra Sánchez. Si ahora quería el escaño, justificó, no era por conseguir el aforamiento, sino para "contraponer" las políticas del PSOE "a la nada que representa María Guardiola", la presidenta de la Junta. Y todas las renuncias contaban con la "predisposición" de los afectados para que él pueda ocupar su sillón en la Cámara, dado que son dirigentes muy próximos. El secretario regional incide en que hubiera podido ser parlamentario hace un año, cuando fue elegido por sus compañeros en primarias, y no quiso, pero ahora se cruza "el ecuador de la legislatura" y "hay una estrategia clara por parte de PP y Vox" y sus "organizaciones instrumentales", HazteOír o la denunciante Manos Limpias, para que él "no esté en la Asamblea de Extremadura en esta legislatura". "La prueba es que intentan alargar el proceso como un chicle sine die, pese a que es un caso que no existe. La Fiscalía ha sido contundente en su apreciación, en un informe de 125 páginas dice que no hay ningún indicio", afirmaba este miércoles en una entrevista en El País.

Para "confrontar con el liderazgo menguante de Guardiola"

Ferraz avala la estrategia de su barón extremeño: "Lo que tenemos que decir sobre este asunto es que los militantes dieron un mandato al compañero Gallardo al elegirlo secretario general: dirigir la oposición al Gobierno del PP en Extremadura. Compartimos desde la ejecutiva federal que ese mandato debe llevarse a cabo desde la Asamblea de Extremadura, para confrontar claramente el liderazgo de futuro de Gallardo con el menguante de Guardiola".

Lo que se viene a decir en los estatutos es que no se quiere dar a los jueces la potestad de dirigir esta organización política. De lo contrario, hacemos que las organizaciones ultraderechistas, de acuerdo con un juez, quiten y pongan cargos en el PSOE", aseguran desde la comisión federal de ética y garantías

Aunque Ferraz y la federación comparten el diagnóstico, Gallardo, en principio, tendría que activar la salvaguarda que prevé la disposición adicional sexta de los estatutos de 2024 acudiendo a la comisión federal de ética y garantías. En esta, la opinión es coincidente, tal y como manifiestan fuentes del tribunal interno de los socialistas a este diario: "Lo que se viene a decir en los estatutos es que no se quiere dar a los jueces la potestad de dirigir esta organización política. De lo contrario, hacemos que las organizaciones ultraderechistas, de acuerdo con un juez, quiten y pongan cargos en el PSOE. Y más en casos como este, cogidos con alfileres". "Se introdujo esa reserva por la cacería contra nosotros", explica también uno de los ponentes de los nuevos estatutos.

El barón extremeño pedirá la dispensa "cuando toque". En el partido se muestran extrañados con la instrucción de la jueza y con el paso dado este jueves. Entienden que ha "corrido" dictando auto de apertura de juicio oral sin que se hayan resuelto los recursos de apelación ante la Audiencia Provincial, y con su decisión "se equivoca". "Tenemos dudas de que pueda hacerlo porque ha perdido la competencia", ya que desde el miércoles, sobre la una de la tarde, Gallardo es diputado electo en la Asamblea.

Código ético y de conducta del PSOE, aprobado en marzo de 2023 | PSOE

En la federación extremeña, sin embargo, habían suscitado "inquietud" y un claro "malestar" los movimientos del secretario regional. No solo que forzara cinco renuncias para poder acceder a la Cámara autonómica, también que, según adelantó el periódico Hoy, había pedido el cese de la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, para que ocupara ese puesto Maricruz Rodríguez, mujer de su confianza y a la que había hecho dejar su escaño. La propia Cortés había confirmado su destitución al diario de Vocento. Pero el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, exalcalde de Don Benito, se negó a desprenderse de su subdelegada, al ser una persona de su confianza, y al tiempo ratificó su apoyo a Gallardo. La operación quedaba cancelada. El barón regional y su entorno más próximo desmienten la maniobra: "Era un rumor que algunos medios hicieron noticia. No hubo cese ninguno porque los ceses se publican, y no ha sido el caso". "Maricruz pidió su reingreso en su puesto de trabajo [funcionaria redactora en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, del que Gallardo fue alcalde entre 2003 y 2024] al día siguiente de su renuncia, y nadie que va a ser nombrado pide el reingreso a su puesto anterior", aducen fuentes muy cercanas al líder autonómico socialista. Este periódico no obtuvo respuesta pese a contactar con Quintana. Desde Ferraz insisten que tanto el delegado del Gobierno como el líder autonómico "son de confianza".

"Nadie da un golpe en la mesa"

Los contrarios a Gallardo no ocultan su irritación con una maniobra que dan por cierta y por su decisión de aforarse porque supondrá "una mayor agonía", ya que el proceso puede alargarse ahora al pasar al TSJ. "Hay mucho descontento, pero nadie da un golpe en la mesa. La gente está esperando a ver pasar el cadáver", afirma un miembro del Grupo Socialista en la Asamblea. "Lo que ha hecho es un movimiento muy chusco, muy caciquil —apunta otra dirigente—. Agrava una situación injusta, porque es verdad que este caso es un despropósito: la causa contra el hermano de Pedro, lo suyo, esta persecución... El partido aquí no está en combustión, lo que hay es mucha gente molesta porque no se entienden los movimientos personalistas. No parece que sea nada por el bien común, sino por su interés propio, y eso no hace gracia. Además, esto no va a ayudar a consolidar su liderazgo, porque el PP le va a rebozar todos los días en la cara que está procesado y que ha forzado cinco renuncias para estar en la Asamblea".

Es un movimiento muy chusco, muy caciquil. Aquí hay mucha gente molesta porque no se entienden los movimientos personalistas. No parece que sea nada por el bien común, sino por su interés propio", afirma una dirigente contraria al barón autonómico

No se prevén cambios en la cúpula del PSOE extremeño. Desde luego, Ferraz no los promoverá. No se implicó en las primarias de marzo de 2024 para que ganara la candidata que podía serle más afín, Lara Garlito, y desautorizó a la candidata que se enfrentó a Gallardo en el último congreso regional, el del pasado enero, Esther Gutiérrez. El presidente de la Diputación amplió ligeramente en este último proceso sus apoyos: del 55,7% que se anotó contra Garlito pasó al 61,78% frente a Gutiérrez.

"Muchos aconsejamos a Miguel Ángel hace un año que pasara a la Asamblea, porque donde tiene que hacer la oposición a Guardiola es allí —expresa un dirigente extremeño muy veterano—. Así que lo que se le puede reprochar es que llega tarde. Además, si ahora lleva el caso el TSJ no significa que le vayan a absolver porque sí, pero sí puede enderezar la instrucción si entiende que está mal hecha. Pero, ¿dónde está el tráfico de influencias? Si además cuando se abre el proceso de adjudicación de la plaza, en 2016, Pedro acababa de ser defenestrado como secretario general y Gallardo, como Vara, apoyaba a Susana Díaz. Pedro no era nadie". La jueza Biedma señala, en su auto de rechazo del recurso de reforma, que era público y notorio es que el hermano de David Sánchez, el hoy presidente del Gobierno, "había sido secretario general del PSOE, y volvió a serlo durante el periodo de adjudicación del puesto y como tal [...], él y su entorno cercano tendrían relaciones estrechas con otros miembros del partido en Extremadura con capacidad para influir en las personas que tenían competencia para crear el puesto".

Miguel Ángel Gallardo (d) y José Luis Quintana (i), entonces alcaldes de Villanueva de la Serena y Don Benito, respectivamente, celebran el apoyo a la fusión de los dos municipios en el referéndum municipal del 21 de febrero de 2022, en Don Benito. | EUROPA PRESS / JORGE ARMESTAR

Para el último responsable citado, la reforma estatutaria que se introdujo en el último congreso socialista cobra pleno sentido: "Estamos todos los que nos dedicamos a la política en la picota cada vez que HazteOír o Manos Limpias vayan a poner una denuncia. Es que esto es una cacería. Con Abogados Cristianos o cualquiera de estas organizaciones ultras no quedaría ninguno vivo. No podemos dejar que ellos y los jueces sean los que nos confeccionen las listas. La judicatura ha entrado en una dinámica que no es normal". Este dirigente cree, no obstante, que Gallardo ha cometido errores, por "torpeza", como haber elegido este momento para pasar a la Asamblea o haber intentado colocar a Rodríguez como subdelegada del Gobierno. "Que se podía haber hecho de otra manera, pues sí, es el problema de ser novato. Pero él el secretario general y tiene que estar en la Asamblea, porque es allí donde te salen callos en las orejas y en la cara de pegarte con el Gobierno autonómico. Y no lo olvidemos: a Miguel Ángel ya le han refrendado dos veces las bases". Lo cierto es que el barón regional ocupará su escaño en la Cámara con un pie en el banquillo, salvo que el TSJ revierta la decisión de la jueza.

Los partidarios de Gallardo defienden su voluntad de llegar a la Asamblea (lo hace "tarde") y, aunque haya cometido errores, por "novato", no hay que olvidar que es el secretario regional, dicen, y refrendado dos veces por las bases: en marzo de 2024 y en enero de 2025

Pero, ¿y José Luis Ábalos? El PSOE le exigió su acta —que él se negó a entregar y pasó así al Grupo Mixto— y le suspendió de militancia en cuanto estalló el caso Koldo, bastantes meses antes de que fuera imputado por el Tribunal Supremo. Pero para este caso Ferraz tiene también la cobertura del código ético de 2023, porque en el artículo 5.9 prevé la suspensión automática de afiliación cuando haya resoluciones judiciales, antes de la apertura de juicio oral, que "consideren indiciariamente acreditados" delitos graves como los de corrupción o "cuando iniciada una investigación penal concurran circunstancias especialmente graves respecto de los hechos imputados que exijan esta decisión motivadamente con carácter inmediato". Ábalos no ha sido echado aún del partido: su expediente de expulsión no ha culminado aún —sigue congelado en la comisión federal de ética y garantías— y, para perder su condición de militante, según el artículo 9.1.i de las normas internas, hace falta que haya una sentencia judicial condenatoria. Y todavía no la hay.