Es una ruta ‘antiapagones’ que el Gobierno quiere implantar para que no se repita lo ocurrido el 28 de abril. Aquel día histórico en el que España se fue a negro, se sumió en la oscuridad tras colapsar la red eléctrica, es el origen del decreto ley 7/2025 que el Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros el pasado 24 de junio. Para que entre en vigor es necesario que hoy sea convalidado en el Congreso. Si decae, pondría en riesgo inversiones millonarias según alertan desde el sector energético español y sería un revés para la industria electrointensiva que vería escapar una bonificación del 80% de los peajes eléctricos. Quienes defienden el decreto recuerdan que de decaer, también lo haría el refuerzo al sistema eléctrico que falló tras el apagón.

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Por el momento, Podemos ya ha anunciado que no respaldará la medida. Todo queda en manos del sentido del voto de los populares, que ayer evitaron desvelarlo. Sea como fuere, además de un plan para evitar un nuevo ‘cero energético’, el decreto supone una gran oportunidad para amplios sectores del mercado, particularmente el de las energías renovables y la industria eléctrica y el de los grandes consumidores, las electrointensivas.

La norma que se propone ha sido bien recibida por entidades que agrupan a distintos agentes que participan del mercado de la generación de energía. Desde distintas asociaciones de energías renovables como UNEF –Fotovoltaica-, la Asociación de Empresas de Gran Consumo (AEGE), la ‘Alianza por la Competitividad de la Industria’, la ‘Alianza España Verde y Conectada o incluso organizaciones como Greenpeace que consideran que el decreto plantea un necesario cambio de modelo energético en España. En Podemos, en cambio, se critica que en realidad responde a los intereses de los “oligopolios” del mercado energético, “no sirve para impedir ningún apagón en el futuro”. Formaciones como Sumar sí ven que el decreto es un paso adelante por el salto hacia la electrificación que incorpora, por la estabilización del sistema energético que propone y por el impulso a las renovables que plantea.  

El decreto plantea un refuerzo del papel de las energías renovables no sólo en el suministro energético, sino en su respaldo y ampliación. Así, la norma que hoy se someterá a votación en la Cámara Baja lejos de cuestionar a las energías renovables les dota de un mayor protagonismo. Junto a ello, aligera su desarrollo y la implantación de nuevos proyectos en aras no sólo a extender su aporte energético sino para atraer nuevas inversiones a nuestro país. Además, en aras a reforzar la autonomía energética de España, se incluyen medidas para incentivar el ahorro energético en sectores como el eólico y el fotovoltaico, cubriendo así una de sus demandas.

Menos burocracia, más flexibilización

A las renovables también se les dota de un papel de refuerzo del sistema. Podrán participar como parte de la red de respaldo, tal y como hasta ahora hacían las redes de generación energética convencional. Un papel por el que serán remuneradas. Este papel es relevante para el control de episodios de sobretensión, la causa principal que generó el apagón el 28 de abril.

El decreto contempla además una flexibilización de la burocracia y los plazos que permitan dinamizar más los cambios y nuevos proyectos en el sector energético español. De este modo se quiere contribuir a una mejor planificación de las redes eléctricas a futuro. Se pretende facilitar la tramitación y desarrollo de nuevas instalaciones de generación y de consumo y contribuir de esta manera a acelerar el desarrollo industrial y la electrificación de la economía española.

Una de las medidas que se apunta es el impulso a la repotenciación de parques eólicos, que se quiere agilizar para reducir no sólo el impacto medioambiental de estos complejos sino para lograr una mayor potencia eólica con un menor número de aerogeneradores.

Avanzar en la electrificación es otro de los elementos clave del decreto. Así, se contemplan ayudas a la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, bombas de calor y o de aerotermia.

Para los grandes consumidores de energía, las industrias electrointensivas, la aprobación del decreto es muy relevante. En el documento se contempla la exención del 80% de los peajes eléctricos a estas industrias de alto consumo.

Más supervisión de la CNMC y Red Eléctrica

Sin duda uno de los aspectos más relevantes es el refuerzo de las medidas de control y supervisión. En esta tarea implica directamente a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) y a Red Eléctrica (RE). En el caso de la CNMC se le encomienda supervisar la obligación de controlar la red de tensión que tienen los distintos agentes del sistema energético español. Un control y supervisión que deberá realizar trimestralmente y sus conclusiones serán públicas. Además, cada tres años deberá realizar un plan de inspección de la capacidad de reposición de suministro de los distintos agentes.

Por su parte, Red Eléctrica deberá evaluar las necesidades del sistema y proponer adecuaciones normativas para garantizar el correcto funcionamiento de la red eléctrica. Con una periodicidad de tres años se tendrán que revisar la red de transporte energético. Junto a ello, el regulador del sistema estará obligado a remitir cada tres meses propuestas de regulación técnica sobre aspectos concretos del funcionamiento del sistema eléctrico. Mejoras referidas a aspectos como medidas para amortiguar oscilaciones de tensión, nueva regulación sobre la velocidad de cambio de la tensión de la red, la programación de las restricciones técnicas, la monitorización de incidentes, etc.   

En el decreto también se definen las responsabilidades de los actores que comparten infraestructuras para evitar así espacios de difícil control y supervisión. También se refuerza el sistema de penalizaciones por incumplir el control de tensión en la red.

Por último, incorpora soluciones tecnológicas que según subraya el Ministerio de Transición ecológica “robustecen el sistema eléctrico a un menor coste para el consumidor”. Apunta que las medidas aprobadas ya por el Consejo de Ministros supondrán un ahorro anual de 200 millones de euros una vez implantadas. Se plantean tecnologías como los compensadores síncronos o FATCs que permiten un control dinámico de la tensión desde la propia red y hacerlo de modo complementario a la programación de grupos generadores de energía. De esta manera se reduce la necesidad de conectar centrales de generación convencional como las de gas y rebajar así la factura del coste de generación de la energía.      

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