El Consejo de Administración de Radiotelevisión Española concedió su visto bueno hace unas semanas a la iniciativa de realizar una auditoría externa sobre el proceso de oposiciones de la corporación, que ha estado marcado por diferentes polémicas. La principal fue la filtración de la mayor parte de las preguntas en el examen a la categoría de informador, pero también hubo otras, previas y posteriores, que lo enturbiaron.

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Aquí se puede citar un retraso de más de tres años en su celebración, como consecuencia de los litigios que se iniciaron después de la impugnación de las bases del concurso. También generó una fuerte polémica la filtración de datos de los candidatos por el agujero de seguridad que se halló en la web oficial de este proceso de empleo público.

En las últimas semanas, han sido múltiples los aspirantes que han denunciado que RTVE no ha contabilizado de forma justa la experiencia profesional de los opositores que no habían trabajado para la corporación, pero sí para otros medios de comunicación, tal y como publicaron El Salto Diario y El Confidencial.

El examen filtrado

El asunto más grave, sin embargo, fue el que acaeció el último sábado del pasado septiembre, cuando decenas de preguntas que iban a plantearse en el examen del día siguiente se distribuyeron entre una parte de los opositores. El juez ha puesto el foco sobre dos personas vinculadas a UGT en RTVE. Por cierto, un sindicato que cuenta con algún dirigente con algún familiar que ha obtenido plaza fija en esta convocatoria de empleo público.

Las diligencias practicadas por la UDEF, de la Policía Nacional, a las que ha tenido acceso este periódico, recogen el testimonio de una testigo que resulta relevante dentro de la investigación, que todavía está abierta. Esta mujer, trabajadora fija de Radio Nacional de España, recibió el 28 de septiembre el aviso de una opositora a la que conocía que le alertó de la existencia de un documento que contenía información sobre el examen del día siguiente.

La candidata le envió varias capturas de pantalla que probaban su testimonio, en las que se apreciaba que no había trascendido exactamente la plantilla del examen, sino anotaciones que permitían deducir el contenido de las preguntas que había decidido previamente el tribunal. "Me siento en una farsa hoy yendo al examen", afirma la opositora en la conversación, mientras su interlocutora alaba su valentía y su honetidad.

La citada trabajadora de RNE, a la vista de lo sucedido, decidió informar a una persona, cercana a Cristina Ónega, componente del tribunal, nombrada por la empresa. Fue tras esa señal de alarma cuando se decidió suspender la prueba, tal y como se recoge en el acta levantada por 'el jurado'.

Fuentes sindicales explican que está por determinar si esta acción fue presuntamente una iniciativa de los miembros de UGT en el tribunal; o si fue esta formación la que dirigió ese proceso, ante el interés de que aprobaran el examen personas de su confianza. En este sentido, hay algún sindicato que sopesa presentarse como acusación particular dentro de este procedimiento mientras confiesa su incredulidad con la corporación por no haberse hecho cargo de los gastos asumidos por los opositores que acudieron a Madrid para realizar el primer examen. Es decir, el que se tuvo que suspender.

Medida determinante

El Periódico detallaba hace unas semanas que la directiva de RTVE y los representantes de los trabajadores habían llegado un acuerdo para excluir a estos últimos de los tribunales de oposición, en vista, entre otras cosas, de la polémica generada por la filtración del examen, en 2024, y de las suspicacias que han acompañado a otros procedimientos, denunciadas por este periódico.

Cabe destacar que en los sucesivos ejercicios también está prevista la celebración de exámenes, principalmente, para cubrir las bajas que se han producido en la empresa como consecuencia de las salidas, de las prejubilaciones y de las jubilaciones.

Todo ello porque el actual Convenio Colectivo garantiza que la dimensión de la plantilla de la corporación no debe situarse por debajo de las 5.900 personas, apuntan estos informantes del Comité de Empresa.

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