Escribo esto desde la absoluta indignación, contemplando desolada el paisaje ennegrecido y la enorme pérdida producida para muchos ciudadanos y para la sociedad en general por los incendios de los últimos días. Indignación, al verla utilización partidista  de esta desgracia, cuando la realidad es, que tanto el gobierno del Estado, como  los de las comunidades autónomas, de todo signo y color político, mantienen las mismas posiciones irreflexivas que han propiciado las gravísimas consecuencias y extensión de los incendios que estamos viendo.     

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Ha de señalarse, en primer lugar, a quienes de manera intencionada han encendido la primera llama. Desconozco las causas que les mueven, pero sean las que sean, estas acciones solo pueden ser calificadas como terroristas, sin que, por otro lado, quede mucho margen para la duda, no puede tratarse de casos fortuitos, ni de casualidades, que año tras año, en las mismas zonas y en la misma época, se inicien, de manera aparentemente coordinada y desde puntos diversos, incendios que se propagan con rapidez y arrasan grandes extensiones.

No obstante, lo ocurrido este verano ha puesto en evidencia, además,  lo errado de una política, llamada de protección y conservación de la naturaleza,  diseñada y dirigida desde los despachos con total ignorancia y exclusión  de los dueños y habitantes de las zonas rurales, lo que ha contribuido  a  multiplicar el efecto devastador de los incendios que se extienden sin control por buena parte de España, en un porcentaje muy alto, por espacios llamados protegidos. 

He nacido en una de las zonas de mayor belleza natural y más castigadas hoy por esta nueva oleada de fuego y destrucción, Cangas del Narcea, en el suroccidente de Asturias.

Llevo más de treinta años dedicada al derecho medioambiental como abogada, defendiendo en toda España a los afectados por una regulación, cuyo objeto dice ser la protección y conservación de la naturaleza, que se caracteriza por imponer en una amplia extensión del territorio español de propiedad privada, graves restricciones de derechos previamente consolidados, sin compensación alguna, así como en la limitación, casi hasta negarla,  del   aprovechamiento racional de recursos naturales, Se trata de una regulación de naturaleza  coercitiva, sancionadora e intervencionista, que propone la conservación desde la desconfianza hacia el ciudadano que habita el medio, a quien trata como ignorante y desalmado, propiciando  su exclusión del territorio e  imponiendo desde arriba las normas, sin ningún tipo de análisis o estudio de sus consecuencias.

Para poner las cosas en su sitio, es de justicia traer una realidad algo distinta de la imagen infantil del bosque, de la naturaleza y de los animales humanizados que impera hoy en la sociedad, y es, que las principales y primeras víctimas de esta catástrofe son los agricultores, los ganaderos, los habitantes y propietarios de las zonas rurales, de los que pocos se acuerdan cuando se habla de ecologismo, que en estos días, no solo tienen que ver desde las ventanas de sus casas la imagen negra y calcinada de su mundo, su medio de vida y su paisaje, sino las pérdidas que se generan para ellos, mientras arriesgan sus vidas, tratando de poner coto a los fuegos, que acechan de modo terrorífico sus casas, el alimento y los pastos de sus animales domésticos y los recursos naturales, que aprovechados racionalmente, generaron desde tiempos ancestrales los necesarios ingresos para su subsistencia y la de sus familias. Hoy me cuentan, que para apagar los fuegos en el monte de Llamera, en pleno corazón del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, que tanto rechazo social produjo cuando se declaró y que carece de plan de gestión, por haberle anulado dos los tribunales al Principado al ser contrarios a la ley, se recogía el agua en una pequeña laguna donde bebe el ganado que pasta en el monte en verano, para preocupación de los ganaderos, y no en la mayor del puerto de Leitariegos, donde dicen que  hay una especie protegida de ranas. Siento expresarme así, pero, ¿Puede llegar más lejos la estupidez?; ¿Acaso el ganado y sus dueños son de menos interés para el Principado que la consabida rana patilarga?. Resulta difícil de creer, varias veces he pedido que me lo confirmen y varias veces me lo han confirmado.      

Cualquier actuación en los espacios, llamados protegidos, se somete a múltiples trámites, autorizaciones y burocracia, que generalmente acaban en la denegación de la actuación solicitada, desincentivando y desmotivando a quienes, en otros tiempos, fueron los principales y únicos protectores de la naturaleza en la que viven y hoy disfrutamos todos.

Venimos denunciando desde hace décadas, que esta política de sillón, ignorante del entorno, que demoniza la intervención del hombre  y su ingenio para dominar la naturaleza, hacerla habitable y crear en ella su medio de vida, olvida que la intervención del hombre contribuye también al equilibrio de los ecosistemas y de la naturaleza. En estas zonas, donde hubo industrias madereras florecientes y donde la gente vivía y percibía los beneficios del esfuerzo empleado en el cuidado y preservación de ese medio de vida, hoy se prohíben o restringen actividades y costumbres nacidas del conocimiento y experiencia acumuladas durante siglos por varias generaciones y de las que ha resultado la belleza que ofrecen. El efecto de tales  políticas de exclusión se aprecia de inmediato, una simple mirada al bosque devuelve una escena de árboles envejecidos (la tala periódica regenera el bosque), de madera rota por las nevadas y lluvias de los últimos años  y seca, de leñas muertas que se acumulan sin ningún aprovechamiento, pues no se permiten desbroces y limpiezas, que se han hecho inviables, en la mayoría de los casos, porque no los autoriza la autoridad ambiental, en otros, porque al impedir obtener rendimiento de estas fincas, tampoco disponen los particulares de  ingresos suficientes para afrontar sus costes.

La gestión del territorio declarado espacio protegido- España es líder en Europa, con más de un 27% del territorio español protegido (parques naturales, ZEPA, ZEC, LIC)-, se atribuye con carácter exclusivo a la autoridad ambiental de la Comunidad autónoma donde se asientan, excluyendo a los dueños de las fincas, a quienes se priva en la práctica de capacidad alguna de decisión sobre sus propiedades, que además de perder valor por los derechos de retracto y adquisición preferente, que automáticamente se imponen desde que se declara la protección, se ven sometidos a las  limitaciones y restricciones que se  les imponen para su uso y explotación. Es a esta autoridad, a quien procede ahora pedir cuentas, no solo por su errónea política de conservación, sino por la culpa in vigilando, de quien se ha autoproclamado como único vigilante y gestor del territorio, que habiendo sido advertido del riesgo real por los lugareños, conociendo la proliferación de incendios en esta época, no fue capaz de poner medios para impedirlo o, al menos, para evitar su propagación y para poder acceder a las zonas criticas y disponer de agua para sofocarlos.  

Es el momento de recordar los planteamientos de la llamada agenda 2030, incorporada en nuestro ordenamiento por el  Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, por el que el gobierno español aprueba el “Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030” (BOE 30 de diciembre de 2022), cuando todavía en Europa se están discutiendo y replanteando algunas de sus propuestas, que impulsa, entre otras cosas, el término y la idea de la “renaturización”, que se opone a la creación de presas y embalses, decisivos para afrontar estos incendios en zonas de interior o de montaña, donde los ríos no son caudalosos y discurren de forma sinuosa entre montañas escarpadas. Esta agenda, propuesta por la ministra Rivera e incorporada en España de manera silenciosa, en pleno periodo navideño del año 2022, propone la reducción de un 10% de las tierras agrícolas, para ser ocupadas por elementos paisajísticos; además de la restricción de la utilización racional de los recursos y el destino de los fondos europeos y la PAC al cumplimiento de estos fines y al mundo conservacionista. Tales políticas, la falta de previsión y de medios, se ha hecho ostensible como parte de la causa de la catástrofe.

Nos preguntamos donde está hoy y que tiene que decir ese mundo conservacionista, que recibe dinero, a menudo sin control sobre su utilización y sobre los fines que cumple, que en muchos casos  no pasa de ser la simple difusión ideológica, como ocurre por ejemplo, con movimientos tan señalados como el de “Ecologistas en acción”, en cuya página web y memoria de actividades de 2020 se autocalifican como “activistas”, organizados de manera asamblearia, por grupos sin forma jurídica alguna, difícilmente identificables, unidos en federaciones con un ideario común, dicen. El simple examen de las áreas de trabajo que describen en su web  no deja lugar a duda sobre la carga político/ideológica, con que afrontan su supuesto papel en la conservación, términos como  antiglobalización, paz y solidaridad; conservación de la naturaleza, cambio climático, (…) ecofeminismo, (…), “stop ganadería industrial, “agroecología para enfriar el planeta”, “no tratados de comercios e Inversión”, acción contra empresas transnacionales españolas, protección del lobo, son las que podemos contemplar en dicha web y algunas de  las campañas y propuestas  que acogen.

¿Qué beneficio reportan las  políticas infantiles, ignorantes de la realidad socioeconómica del entorno y de la experiencia de quienes viven en él y lo han conservado hasta hoy, que proponen estos movimientos ecologistas, que consideran que conservar es no tocar y dejar todo en lo que ellos consideran su estado natural, excluyendo al hombre de  dicho entrono?

¿Qué hubiera ocurrido, si hubiesen existido verdaderos procesos participativos en la elaboración de  las normas de protección ambiental y conservación y tales aportaciones se hubiesen incorporado a la regulación y gestión de los espacios?; ¿No se habría evitado la catástrofe, si esos fondos europeos se hubiesen destinado a la compensación a los dueños del territorio y a la vigilancia, control y prevención de incendios, mediante la construcción de cortafuegos y nuevas vías de acceso rodado, prohibidos en la mayoría de los planes de gestión de los espacios naturales  y  que se están construyendo hoy en varios montes y fincas de arbolado,  a la vez que se sofocan los incendios?

La mayoría de los informes que se incorporan a los expedientes para avalar planes de gestión de espacios  naturales, no pasan de ser un compendio de buenos deseos, declaraciones teóricas de lo que se presenta como un estado idílico inexistente, consideraciones genéricas sin fondo, carentes de censos, estudios previos y datos empíricos, que justifiquen la necesidad y eficacia de las medidas restrictivas que se imponen. Por supuesto, no hay en estos expedientes planes y presupuestos para prevención de estos riesgos, reales, repetidamente advertidos. Resulta decepcionante ver, como la simple firma de TRAGSA u organismos similares, avalan formalmente expedientes vacíos de contenido, donde los procesos participativos, que son los que deben integrar el conocimiento, experiencia e intereses de los afectados en la zona, no son reales, aunque se da la apariencia formal de  haberlos realizado.

Hoy en media España arden sin remisión los recursos que han prohibido utilizar y disponer a sus dueños; los bosques, que no han permitido desbrozar se han convertido en combustible acelerador de los incendios para dar paso a un paisaje carbonizado, falto de vida y desolado, donde las poblaciones de animales salvajes, en muchos casos también desproporcionadas y desequilibradas por una mala gestión del caza y de la protección de especies, huyen despavoridos de la llamas, si no sucumben al fuego.

Es pues el momento de reflexionar y, sobre todo, de exigir que la conservación se realice, no desde perspectivas urbanitas ignorantes de la realidad del entorno, ni con planteamientos coercitivos y autoritarias, sino informada por análisis técnicos serios, suscritos por profesionales competentes e incorporando el conocimiento, experiencia, compromiso  y colaboración de los dueños y residentes en estos lugares, que además han de ser compensados por las restricciónes que se les imponen, pues lo contrario deviene en una falta de interés y motivación, de quien se siente víctimas, más que protagonista de la conservación.

Pilar Martínez es abogada experta en temas medioambientales

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