Volvemos a la escena conocida: incendios, ruedas de prensa, acusaciones y –la novedad del verano– la ocurrente invocación de un “pacto de Estado” como respuesta definitiva. Que se trata de un ejercicio de oportunismo político en pleno pico de alarma social para acorralar a la oposición es bastante evidente. Lo que quizás no esté tan claro es que, como expondremos a continuación, tal pacto es innecesario para proteger mejor nuestros bosques.

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Tampoco es de recibo torturar la narrativa del cambio climático para, una vez más, explotarla como comodín para invertir subrepticiamente el relato político. Que las temperaturas suben por el uso de combustibles fósiles es un hecho; lo oportunista es que, tras años de recelo –por parte de la izquierda y de su ecologismo afín– ante la palabra “adaptación” por temor a que sonara derrotista, ahora se enarbole como la bandera salvadora. Los hechos y el presupuesto demuestran lo poco que el Gobierno ha hecho los últimos años para impulsar la adaptación climática. Sin embargo, ahora parece que ha sido todo lo contrario: donde dije mitigar, quise decir adaptar. La reciente tribuna de Teresa Ribera publicada en el diario El País va en esa línea: bienvenida al ecologismo de derechas.

Se necesita más inversión en conservación que en extinción y una economía forestal viva que sostenga el trabajo todo el año

Resolvamos otras cuestiones recurrentes. ¿Está prohibido limpiar los bosques? El problema es más prosaico: demasiados trámites, demoras y solapamientos que, en la práctica, se viven como un “no” permanente desde el territorio. Muchas actuaciones menores ya se canalizan mediante declaración responsable –por ejemplo, cortas y podas o trabajos de prevención sujetas a plazos prefijados–, pero la casuística autonómica y la capacidad administrativa acaban alargando tiempos y estrechando las ventanas operativas. En suma: no hay prohibición, sí fricción desorbitada, que actúa como una prohibición de facto. Y para corregirla no hace falta otro decreto-ley ni otra foto en la Moncloa, sino gestión: plantillas y plazos garantizados, ventanilla única digital y un uso más extendido de la declaración responsable para trabajos de bajo impacto durante los periodos de riesgo.

¿Y la rutinaria acusación a Bruselas? Conviene afinarla. La red europea de espacios protegidos Natura 2000 no es un sistema de reservas estrictas que expulsa toda actividad: de hecho permite la gestión forestal, siempre que se ajuste a los objetivos de conservación y, si procede, supere la evaluación adecuada del artículo 6 de la Directiva de Hábitats. La clave está en gestionar bien, no en congelar el monte. Con todo, un dato merece atención: en 2023 el 41 por ciento del área quemada en la UE se concentró dentro de Natura 2000, mientras que la red cubre en torno al 18,6 por ciento del territorio terrestre europeo. Pero realmente no implica que proteger “queme” más, sino que la Red incluye grandes masas continuas y remotas donde, si falta manejo, la propagación es más probable.

En nuestra opinión, el debate más necesario es el de la relación entre prevención y desarrollo rural. En el paisaje mediterráneo, un cortafuegos se cubre de matorral en dos o tres años: sin actividad económica, no hay mantenimiento. A menos población, menos gestión, más combustible en el territorio y mayor dificultad para extinguir. España arrastra un problema demográfico de manual –la llamada España vaciada–: población rural menguante y envejecida, servicios débiles y una administración local desbordada. Los municipios que aparecen en diligencias de la Fiscalía por no desarrollar planes de prevención no lo hacen por piromanía: es, ante todo, por falta de medios y de gente.

Los municipios que aparecen en diligencias de la Fiscalía por no desarrollar planes de prevención no lo hacen por piromanía: es, ante todo, por falta de medios y de gente

La solución no es sencilla, especialmente teniendo en cuenta la escala –28 millones de hectáreas de bosque en España–, pero tiene precedentes: Suecia –que tiene más de 20 millones hectáreas de bosque y una quinta parte de la población de España– ha construido desde hace décadas una economía del bosque –aprovechamientos madereros y bioenergía– que alimenta redes de calor municipales que dan calefacción a más de la mitad del país. Nuestro clima no es idóneo para replicar tal cual esas redes, pero la lógica sí: allí donde la industria está cerca del recurso y la extracción es razonable, la biomasa para usos térmicos industriales compite con los fósiles incluso sin subvenciones y crea el incentivo de una gestión constante. Ese es el camino que viene defendiendo con constancia Eduardo Rojas Briales: más inversión en conservación que en extinción y una economía forestal viva que sostenga el trabajo todo el año.

No hay motivo para pensar que algo así esté fuera del alcance de España. Ya contamos con ejemplos propios de gestión con sentido: en Andalucía, el pastoreo cortafuegos mantiene fajas y reduce combustible con contratos de servicio –prevención barata, socialmente aceptada y con empleo local–. En Castilla y León, las redes de calor de SOMACYL han movilizado biomasa de proximidad y profesionalizado trabajos forestales, demostrando que la valorización del recurso reduce riesgo y deja renta en el territorio. Y en Galicia, instrumentos como las aldeas modelo y los polígonos agroforestales están reagrupando parcelas para devolver gestión activa y continuidad económica donde más falta hace.

No hace falta un gran pacto para todo esto. Sí hace falta recordar que el fuego de nuestros montes es, en buena medida, el precio que pagamos por su despoblación. Si no estamos dispuestos a invertir en el desarrollo rural, acabaremos viendo nuestros montes, a medida que avanza el cambio climático, consumidos por el fuego. Y, probablemente, también hace falta priorizar: invertir a favor de la gestión forestal preventiva, aunque sea a costa de renunciar a algún helicóptero –con el coste anual de uno pueden tratarse varios miles de hectáreas en desbroces, fajas y mantenimiento–. Menos proclamas y más oficio. Menos pacto de Estado, más desarrollo rural y mercado.

Luis Quiroga y Toni Timoner son fundadores del think tank OIKOS

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