El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Este es el último paso que quedaba para que el jefe del Ministerio Público se siente en el banquillo por, presuntamente ,haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico enviado por el abogado de Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— al fiscal encargado del caso que se seguía contra él.

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Así consta en el escrito firmado por el juez este mismo martes en el que, además, le impone una fianza de 150.000 euros para asegurar sus responsabilidades pecunarias. En otras palabras, tendrá que aportar ese dinero en forma de reserva por si es condenado, si bien se le devolvería en caso de absolución. El juez ha considerado excesiva la cantidad de 300.000 euros que le pedía la acusación particular --conformada por Hazte Oír, Vox, PP, Manos Limpias, el Colegio de Abogados de Madrid y una asociación de fiscales--, pero le ha impuesto la mitad como posible indemnización por prejuicios morales a González Amador. García Ortiz debe reunir ese dinero en cinco días o se procederá al embargo, según apuntan fuentes jurídicas.

El magistrado Hurtado rechaza petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de suspender cautelarmente a García Ortiz de sus funciones, por lo que el fiscal general podrá seguir en su puesto durante este tiempo a la espera de juicio e, incluso, mientras se esté celebrando el mismo en el Tribunal Supremo. Él ha asegurado que no tiene intención de dimitir y fuentes de la Fiscalía confirman que su posición no ha cambiado, a pesar de que dos de las tres asociaciones de fiscales han pedido su dimisión.

Lo que sí hace el instructor es enviar a la Inspección Fiscal (la unidad que se encarga de sancionar a estos funcionarios) este auto. El Estatuto de la Fiscalía no contempla el cese del fiscal general del Estado en un caso como este. Sí lo hace para miembros de menor rango (el resto de la Fiscalía) a los que el propio García Ortiz tendría que apartar en caso de apertura de juicio oral. Así lo hubiera tenido que hacer, por ejemplo, con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, a quien finalmente la Sala de Apelación dejó fuera de la investigación tras más de un año imputada. Pero para él la ley no prevé esta situación y dado que el Gobierno no puede relevarle (tampoco lo haría porque siguen mostrando su apoyo), él es único que puede decidir dimitir.

Por razón de su cargo

Hurtado considera que García Ortiz, en su condición de fiscal general, dio publicidad a una información confidencial a la que accedió por razón de su cargo y que debía permanecer bajo reserva, con el consiguiente perjuicio tanto para la reputación del afectado como para el prestigio institucional del Ministerio Fiscal. Asegura que el correo del abogado de González Amador del 2 de febrero de 2024, que es en el que el letrado del novio de Ayuso señala que su cliente "efectivamente" ha defraudado a Hacienda, contenía "información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas a los efectos de un ultrerior proceso pena, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso".

Ese email terminó en los medios de comunicación, en concreto en la Cadena SER, y la filtración "pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas".

Dice Hurtado que la publicidad de dicho correo perjudicó "sin duda" el derecho de defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso y, en realidad, era un asunto "de escasa relevancia", pero el fiscal general del Estado tenía "la finalidad de ganar el relato".

Los indicios que reúne el escrito del juez pasan por el informe del móvil de la fiscal de Madrid Pilar Rodríguez en la que García Ortiz pidió cuentas la noche del 13 de marzo de 2024 sobre las comunicaciones entre el fiscal del caso del novio de Ayuso y el abogado del mismo. Una información de 'El Mundo' señalaba que la Fiscalía había propuesto un supuesto pacto sin que esto fuera así y, para el juez, la actividad "frenética" que activó el jefe del Ministerio Público es uno de los indicios.

Coinciden también las horas en las que a él le llega el famoso correo y poco después el programa de radio Hora 25 se hace eco del mismo y, a juicio del instructor, el hecho de que García Ortiz borrara los mensajes de su móvil apuntala todo lo anterior.

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