Es un negocio que mueve y genera fortunas. Tras él se esconden algunas de las mayores compañías del planeta. Incluso en la era de la descarbonización, el sector del petróleo y sus derivados sigue asociado al poder económico. En nuestro país hace años que tras la pujanza pública de esta actividad se oculta otra realidad, minoritaria, pero mucho más oscura: el fraude. La llamada trama de hidrocarburos que investiga la Justicia y que afecta a figuras como Víctor de Aldama, y que presuntamente salpicaría a Koldo García y su entorno, ha vuelto al primer plano de actualidad.

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Las últimas acusaciones hechas por el empresario de posibles negocios con el Gobierno de Venezuela, país con importantes negocios vinculados al petróleo, han vuelto a elevar algunas sospechas. Aldama, procesado por el caso de los Hidrocarburos, ha insinuado que algunos cargos vinculados al PSOE podrían haber mantenido contactos con el Gobierno de Maduro para llevar a cabo algunos negocios que podrían estar relacionados con los hidrocarburos. Aldama insiste en que se guarda información valiosa y que podría estar relacionada con estas posibles conexiones con Venezuela. La visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a la que Aldama se ha referido estos días, sigue ocultando, hoy por hoy, muchas incógnitas  

Un fraude que en nuestro país cada año ha ido creciendo y perjudicando cada vez más a las arcas de la Hacienda pública. El fraude consiste, básicamente, en beneficiarse al no imputar el IVA durante parte de la cadena de comercialización de los hidrocarburos. El último informe de morosos publicado por Hacienda revelaba que entre las primeras 20 empresas con deudas tributarias, 11 de ellas pertenecían al negocio de la distribución de los hidrocarburos. La deuda total con Hacienda sumaba en su conjunto casi 1.000 millones de euros.

En la lista figuran nombres como Metaway Combustibles, con 195,8 millones de deuda con Hacienda. El Juez Pedraz la vincula esta empresa con Víctor de Aldama. Casos como Vertix Petroleum (194,7 millones), Bio-Zenite Energy (153,4 millones) o Biomar Oil (119,1 millones) también lideran los primeros puestos de la lista de morosos. La empresa Have Got Time se ha vinculado a Carmen Pano, quien aseguró haber pagado comisiones al PSOE en bolsas llevadas a la sede de Ferraz. También Villafuel, la empresa de hidrocarburos relacionada con Aldama, aparece como deudora de Hacienda, con 2,06 millones de euros adeudados.

La 'solución italiana'

Este tipo de compañías aplican un modo de operar muy similar para defraudar a Hacienda, según fuentes policiales. En la trama que se investiga en torno a Aldama incluso se indaga si hubo irregularidades desde el momento de la concesión de licencias de hidrocarburos a algunas de las empresas para que pudieran acceder al selecto grupo de operadoras de este mercado.

La comercialización de hidrocarburos comienza en los llamados ‘depósitos fiscales’ donde se almacenan. La extracción de los combustibles de estos depósitos está exenta del pago del IVA. Esta dispensa tributaria es legal. Se estableció para no provocar quebrantos en la tesorería de las operadoras. Es precisamente esta excepción la que el sector considera que es el origen del problema que facilita la afloración de este tipo de fraudes. En Italia la lucha contra este tipo de fraude –que descendió del 20% a niveles del 2%- incluyó la eliminación de esta exención tributaria en lo que se llamó la ‘solución italiana’ el sector reclama aplicar ahora en España.

Poder disponer de los hidrocarburos sin tener que repercutir el IVA supone ahorrarse, en esta primera fase, el pago del 21% de lo adquirido. En la cadena de intermediación que a partir de ahí se inicia para su comercialización todos los intervinientes deberían imputar el IVA. Pero no es así. Las tramas establecen estructuras complejas para apropiarse del IVA abonado por sus clientes y ocultarlo a Hacienda. De este modo, el margen para ajustar el precio de los combustibles que ofrecerán a sus clientes es mucho mayor. Se estima que puede alcanzar entre los 40 o 50 céntimos por litro respeto. Se tratan de descuentos artificialmente bajos respecto al resto de precios de mercado.     

Un fraude en el 25% del sector

Para llevar adelante toda esta operación de fraude se valen de sociedades opacas, de testaferros o de sociedades creadas expresamente para una operación y que desaparecen poco después sin dejar margen para que se les pueda reclamar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Incluso se han descubierto casos en los que se simulan reconocimientos de deuda –compromisos de pago posteriores- pero cuyo cumplimiento no se lleva nunca a cabo al desaparecer la sociedad poco después.

En muchos casos muchas de las 12.000 estaciones de servicio que existen en España desconocen si detrás de su proveedor se esconde un comportamiento fraudulento. Las gasolineras sí pagan el IVA, pero lo hacen para la compra de productos a precios significativamente más bajos que los del resto del mercado. En mayo del año pasado el Ministerio de Hacienda requirió información adicional a cerca de 400 gasolineras para conocer quiénes eran sus proveedores y poder así poder identificar posibles sociedades implicadas en tramas de fraude.

Según estimaciones de la asociación de Operadores Independientes del Sector Energético (AOP) en España este tipo de fraudes podría estar presente, de una u otra manera, en cerca del 25% de las ventas de combustibles. Algunas estimaciones del sector han llegado a elevar el impacto económico del fraude en España a los 2.000 millones de euros desde 2022.

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