La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Erice, ha remitido una carta a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, en la que recuerda que ya se informó en dos ocasiones de incidencias en los dispositivos de control telemático, trasladadas a la Delegación el 8 de enero y el 21 de febrero de 2025.

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En su escrito, que ha consultado El Independiente, Erice señala además que el pleno del Observatorio abordó estos problemas en febrero, impulsando medidas para mejorar la transmisión de incidencias y promoviendo una encuesta entre órganos judiciales. Subraya también que las incidencias deben comunicarse a los organismos gestores y no a los juzgados ni al Consejo, y que el CGPJ siempre da traslado inmediato a las instituciones competentes.

Los oficios remitidos por el Observatorio respondían a quejas de órganos judiciales andaluces, que alertaron de incidencias como manipulaciones de las pulseras sin detección, fallos en la geolocalización tanto de las víctimas como de los agresores, pérdidas de señal o cobertura, así como problemas con la batería de los dispositivos. También las Audiencias provinciales advirtieron en marzo de fallos técnicos durante unas jornadas en Las Palmas, en las que pidieron corregir las disfunciones y reforzar el personal técnico ante las demoras en la colocación de las pulseras tras su imposición judicial.

Estos avisos se producen después de que la Fiscalía señalara en su memoria de 2024 una incidencia en la gestión de los datos de ubicación de los agresores, que impidió a algunos juzgados analizar quebrantamientos de órdenes de alejamiento al no disponer de la información anterior a marzo de ese año. Los problemas coincidieron con el cambio de operador encargado del servicio, de Telefónica a Vodafone, lo que derivó en sobreseimientos temporales y en algunas absoluciones.

Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad han insistido en que este fallo se resolvió a finales de 2024, que solo afectó a determinados procedimientos judiciales —la mayoría ya reabiertos— y que en ningún caso supuso desprotección para las víctimas, ya que los dispositivos de localización funcionaron correctamente.

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