La decisión del juez Peinado de enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado popular ha generado estupor en Moncloa tanto por el fondo del asunto como por el momento elegido. Con Pedro Sánchez en Nueva York, donde asiste a la 80 Asamblea General de Naciones Unidas, el Gobierno acusaba al juez de buscar la "humillación pública" de la cónyuge presidencial, mientras que en el PP, por boca de su vicesecretario de Igualdad, Jaime de los Santos, sentenciaban que "la juzgará el pueblo y ya no podrán hablar de lawfare".

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Luego el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ahondaba en esta tesis al afirmar que "supongo que a los juzgados populares tampoco les van a trasladar que hay una persecución judicial o lawfare”. Moncloa dice no cuestionar tanto que Gómez vaya a comparecer ante un jurado popular como que la decisión se haya anunciado a futuro sin haber culminado la instrucción. "Sorpresa" y "estupor" eran las palabras más repetidas ayer entre las filas socialistas mientras que desde el PP destacaban la "habilidad" de Peinado, porque en el caso de que, finalmente se procesara y condenara a Gómez, "no podrán atribuir a los ciudadanos que conformen el jurado una conspiración judicial".

Nadie contempló el escenario de un juicio con jurado

Todo un golpe de efecto. Algo que nadie contempló. Aunque la malversación de fondos públicos entra en el catálogo de delitos que puede juzgar un jurado popular, no estaba en la mente de nadie. Y, de hecho, nadie se atreve a especular respecto a si esta circunstancia beneficia o perjudica a Begoña Gómez. El juez ha elegido un día extraño, el sábado por la tarde, para comunicarle su decisión. La instauración de esta figura, hace nada menos que treinta años, puso de manifiesto las discrepancias que entonces mantuvieron socialistas y populares. Discrepancias que contrastan ahora con la distinta acogida que la decisión de Peinado ha tenido entre ambas bancadas, esto es, apoyo del PP y estupefacción del PSOE.

El 23 de febrero de 1995 el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, defendió en sede parlamentaria que la figura del jurado "constituye, a la vez, una oferta ilusionante de ampliación del estatuto de ciudadanía" así como "reconocer la mayoría de edad judicial de las ciudadanas y ciudadanos de este país" que no necesitaban ni tutelas ni ser considerados menores de edad. En definitiva, el jurado, dijo, significa "la afirmación rotunda de la voluntad política de profundizar en nuestros ideales democráticos".

Los portavoces de 1995 se pelearon por el origen progresista o liberal de la figura del jurado

A estas palabras se sumó el hoy vicepresidente ejecutivo Fundación Alternativas, próxima al PSOE, Diego López Garrido, pero no en calidad de portavoz socialista sino de Izquierda Unida-Els Verds. El jurado, dijo, "ha sido siempre en nuestro país una reivindicación progresista", propia de todas las constituciones liberales. Argumento que fue replicado por el portavoz popular en este debate, Julio Padilla Carballada, al afirmar que "tiene mucho que ver con lo liberal, señoras y señores diputados, y muy poco que ver con lo socialista".

El argumento central de Padilla giraba en torno a desarrollar una figura del jurado popular mucho más restrictiva, incluida incluso la posibilidad de que se pudiera renunciar a la misma según los casos y las circunstancias. Además, atribuyó a aquel gobierno socialista de Felipe González poco menos que la intención de instaurar una suerte de "tribunales populares" conforme a la que había sido, dijo, la historia y tradición del socialismo. "Si quieren, pueden reclamar todo lo que deseen su propia historia -yo no voy a hacer más precisiones al respecto-, pero en la suya no está el jurado; en la suya están los tribunales populares".

Álvaro Cuesta, en nombre del PSOE, reprochó al portavoz popular que si bien los populares decían aceptar la figura del jurado "defienden una limitación en las competencias del mismo, hasta tal punto que quieren que sea un mero testigo, que esté reducido el ámbito de su actividad" mientras él lo vinculaba a las ideas del "socialismo democrático". También tomó la palabra otro diputado socialista, Francisco Valls García, para quien el PP no transigía con el proyecto de ley orgánica del Tribunal del Jurado porque "no quieren jurado. Ustedes quieren hacer un jurado a la carta: oiga usted, acusado, si quiere, coja jurado, si no quiere, no coja jurado".

La ley salió adelante con la abstención del PP

La ley acabó saliendo adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, salvo el popular, que se abstuvo. 182 votos a favor y 124 abstenciones fue el resultado de aquella votación, sin sobresaltos pero con muchos escaños vacíos, del 23 de febrero de 1995. La ley se remitió al Senado y fue aprobada definitivamente por la Cámara Baja el 19 de mayo de ese año.

Treinta años más tarde, todo apunta a que por primera vez una cónyuge de presidente de Gobierno puede acabar sentada ante nueve jurados y un presidente, magistrado de la Audiencia Provincial. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se aferra a que "el sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto" cuando rechazó elevar el suplicatorio contra su persona que reclamó Peinado. Esa es ahora la esperanza.

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