La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, comparecerá este sábado, a las 18.00 horas, ante el juez Juan Carlos Peinado para ser informada de que, en caso de que vaya a juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora, será juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces.

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Será la quinta vez que Gómez acuda ante el instructor, si bien anteriormente lo hizo al estar citada a declarar en calidad de investigada. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a guardar silencio; en la tercera y cuarta citación optó por contestar únicamente a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.

Por razones de seguridad, la esposa de Pedro Sánchez ingresó en todas las ocasiones en coche oficial por el garaje de los juzgados y evitó el paseíllo por la entrada general, previa autorización de la juez decana de Madrid. Esta vez se llevará a cabo el mismo protocolo.

Además de Gómez, también tendrá que comparecer su asesora, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. El juez les ha citado en el marco de la rama del procedimiento en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si ésta desempeñó funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo.

La comparecencia

Este sábado se celebrará la "comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado" con el fin de informarles de que el juez ha acordado transformar las diligencias de investigación relativas a esta pieza separada para que, en caso de que sean juzgados por malversación, lo haga un jurado popular y no un tribunal.

El mencionado artículo 25 impone que, dado este paso, el juez "lo pondrá inmediatamente en conocimiento de los imputados" y, "con objeto de concretar la imputación, les convocará en el plazo de cinco días a una comparecencia, así como al Ministerio Fiscal y demás partes personadas".

Según fija la ley, en la comparecencia el juez "comenzará por oír" a la Fiscalía y al resto de acusaciones,en este caso, la acusación popular dirigida por Hazte Oír, "quienes concretarán la imputación". Luego será el turno de las defensas, que podrán reclamar el archivo. Todas las partes "podrán solicitar las diligencias de investigación que estimen oportunas".

La vista tendrá lugar seis meses después de que Peinado abriera esta pieza separada para indagar en la contratación de Álvarez. En mayo acordó investigar a Martín Aguirre por malversación y, en ese momento, descartó atribuir dicho delito a Gómez y a Álvarez, aunque finalmente fijó su imputación el 18 de agosto.

El delito de malversación es uno de los que, por ley, deben ser juzgados por jurado. Fuentes jurídicas explican que lo habitual es que lo acordado por Peinado el pasado miércoles se hubiera hecho al imputar la malversación, porque legalmente se señalan ese momento o el final de las pesquisas, siendo, por tanto, inusual que se haga en un punto intermedio.

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