Hasta agosto de 2025 —último dato disponible—, el saldo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como 'hucha' de las pensiones, ha acumulado 12.614 millones de euros, según los datos del Ministerio de Seguridad Social. Una cantidad que equivale al pago de 29 días de pensiones contributivas. Y es que solo en agosto, el sistema desembolsó 13.125 millones para abonar las prestaciones de jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente. Es decir, estos 13.125 ni siquiera incluyen las ayudas asistenciales como el Ingreso Mínimo Vital o las bajas por incapacidad temporal.

PUBLICIDAD

Pese a la recuperación de los últimos años, el Fondo de Reserva se encuentra en una tesitura muy lejana a los niveles de 2011, cuando la 'hucha' alcanzó su máximo histórico, registrando 66.815 millones de euros. Aquel récord fue fruto de una década de superávits de la Seguridad Social durante los años en los que la economía española se encontraba en una fase expansiva del ciclo. Sin embargo, la crisis de 2008 y la posterior destrucción de empleo convirtieron esos superávits en défcits y a partir de 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy comenzó a recurrir al Fondo para pagar las pensiones.

Durante esta década, las retiradas disminuyeron el saldo hasta los 2.136 millones en 2020, tan solo un 3% de lo que había en 2011. Desde entonces, con la creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la mejora del empleo, la hucha ha empezado a recomponerse. En 2023, el MEI aportó 2.746 millones a la 'hucha'; en 2024, 3.712 millones y hasta agosto de 2025, otros 3.237 millones. En total, el Fondo de Reserva acumula 12.614 millones, una cifra que resulta de sumar las aportaciones del MEI a los rendimientos financieros generados por su inversión en deuda pública. Aun así, el volumen actual apenas representa el 19% de lo que llegó a tener en 2011, aunque el Gobierno ha estimado que, a cierre del presente ejercicio, el Fondo de Reserva se situará en torno a los 14.000 millones.

Creación del MEI

Uno de los objetivos centrales de la reforma de las pensiones de 2021-2023, impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social —y actual gobernador del Banco de España— José Luis Escrivá, ha sido reforzar el saldo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Para lograrlo, la reforma ha introducido el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo progresivo sobre las cotizaciones sociales que comenzó con 0,6 puntos sobre el salario mensual de los trabajadores en 2023 y que alcanzará los 1,2 puntos en 2029.

De esta forma, la recaudación generada por esta vía se destinará exclusivamente a reforzar el Fondo de Reserva. Es decir, ese dinero se acumulará en la 'hucha' y solo podrá utilizarse a partir de 2033. Así, el objetivo último del MEI es crear un colchón financiero que permita absorber el impacto del envejecimiento poblacional y garantizar el pago de las prestaciones cuando la generación del baby boom se jubile masivamente. Y en parte, lo ha logrado, hasta agosto de 2025 ha sumado 9.696 millones a la 'hucha' de las pensiones.

La reforma "agrava los problemas de sostenibilidad"

Sin embargo, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) ha publicado este lunes un informe sobre los efectos de la reforma de pensiones de Escrivá. En el documento han advertido de que la actual reforma "debería reconsiderarse de inmediato" al "agravar los problemas de sostenibilidad mediante una serie de medidas que aumentarán considerablemente el gasto sin acompañarlas de actuaciones compensatorias adecuadas, ni de ingreso ni de gasto".

En su análisis, FEDEA también ha cuestionado la eficacia del MEI como herramienta de refuerzo del Fondo de Reserva. La Fundación ha calificado su diseño de “arbitrario y poco transparente” y ha explicado que, aunque permite aumentar la 'hucha' de las pensiones en el corto plazo, su impacto a medio y largo plazo será insuficiente para compensar el incremento estructural del gasto que provocará la jubilación del baby boom. Además, el informe ha advertido de que el MEI se apoya en una subida temporal de cotizaciones que expira en 2050, lo que dejará al sistema sin una fuente estable de ingresos adicionales justo cuando la presión demográfica alcance su punto máximo.

Un argumento alineado con lo que expresó la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, durante el 40 aniversario de Fedea. Durante el acto, Herrero alertó de que, si no se adoptan nuevas medidas, el mayor gasto en pensiones hacia 2050 podría llevar el déficit al 7% del PIB y la deuda al 130%, subrayando que el reto demográfico no “se disipa solo” y puede agravarse por la dinámica de deuda.

PUBLICIDAD