Son las primeras víctimas del plan de cierre nuclear acordado en 2019. En la central extremeña de Almaraz hace unos días que iniciaron el proceso de recarga de uno de sus dos reactores. Pero al contrario de lo que venía sucediendo hasta ahora, esta vez serán muchos menos los trabajadores que participaran en esta compleja fase de carga de combustible. En concreto, 200 trabajadores menos.

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Habitualmente la central contrataba a cerca de 1.200 empleados para realizar estas labores que se prolongan durante más de un mes. Sin embargo, la previsión de cierre de uno de sus reactores en el que ya está inmersa la instalación no requerirá de tanto personal al no tener que realizar muchas de las actuaciones de mejora a largo plazo que hasta ahora se venían realizando. Desde primera hora de este lunes Almaraz ha puesto en marcha la recarga de su segunda unidad. Será la penúltima que lleve a cabo la central si, tal y como mantiene el Gobierno, se cumple el calendario de cierre del complejo. En él se establece que el 1 de noviembre de 2027 cesará su actividad el primero de los reactores y un año más tarde, el 31 de octubre de 2028, lo hará el segundo.

En los próximos 33 días se reducirán las actuaciones que hasta ahora se venían realizando en los proceso periódicos de recarga de combustible que llevan a cabo las centrales. De esta manera, los responsables de la misma han informado de que el impacto en la comarca de Campo de Arañuelo, en la que se encuentra Almaraz, será la primera perjudicada al reducir de manera significativa el número de contrataciones.

4.000 empleos en juego

Actualmente Almaraz ha iniciado el llamado proceso de ‘licenciamiento’ por el cual ultima su plan de cierre para la primera de sus unidades. La documentación deberá entregarla al Consejo de Seguridad Nuclear antes de final de mes. A partir de ahí, aún cabría margen para revertir el proceso, siempre antes del mes marzo, cuando se tendría que formalizar el cese de actividad oficial.

De mantenerse la falta de acuerdo entre las propietarias de la central –Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- y el Gobierno, el proceso de cierre se traducirá en una progresiva reducción de personal. Así, en sucesivas operaciones de recarga se iría reduciendo aún más la necesidad de personal. Actualmente la Central de Almaraz cuenta con 4.000 trabajadores.

Este pasado sábado trabajadores, vecinos de la zona y representantes institucionales participaron en una jornada de reivindicación para reclamar la continuidad de la central. Por ahora desde el Ministerio se apunta a que no existe ninguna petición formal de las eléctricas para continuar con la actividad nuclear de la central. Por parte de las compañías eléctricas se insiste en que sin una reducción de la carga tributaria que ahora soportan es inviable poder continuar y prorrogar la actividad nuclear.

Precisamente ayer el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, aseguró que aún queda margen para alcanzar un acuerdo, “no perdemos la esperanza”, señaló. Insistió en que ha llegado “el momento de la verdad” para explorar un entendimiento entre las artes que permita continuar con la actividad en Almaraz y no ser “el único país del mundo” que aboga por el cierre de estas instalaciones.  

"No perdemos la esperanza"

En las tres ‘líneas rojas’ que plantea el Gobierno para autorizar una posible prórroga está incluida la de garantizar el suministro y la seguridad radiológica, cuestiones que el sector siempre ha dado por asegurados. El punto crítico es el tercero, que su actividad no suponga ningún sobrecoste a los consumidores. Es ahí donde choca la principal reclamación para continuar y que llevan meses reclamando: una reducción de la carga impositiva.

El Gobierno en ningún caso ha contemplado rebajar la tasa. Recuerda que son las compañías, mediante su pago, las que deben asumir el coste de toda la operación de desmantelamiento, estimada en 20.220 millones de euros. El fondo de financiado con la 'tasa Enresa', al que seguirán abonando en los próximos años, tiene ya algo más de 8.000 millones de euros de saldo.

Las compañías nucleares insisten en que la viabilidad futura no será posible en las actuales condiciones. La carga en forma de impuesto y tasas la hace inviable, aseguran. Más aún después del incremento de la ‘Tasa Enresa’ que de forma unilateral acordó el Ejecutivo, recuerdan. Supuso un aumento del 30%, tras rebajarlo un 10% del planteamiento inicial. Un aumento que en 2019 el Ejecutivo se había comprometido a no aplicar.

Actualmente muchos países han apostado por prolongar la vida útil de sus centrales o incluso por construir nuevas instalaciones nucleares. O más aún, casos como el de Bélgica que el año pasado decidió revertir su decisión de cierre y apostar por prolongar la actividad e incluso estudiar la construcción de nuevas centrales.

En países como los Estados Unidos la apuesta por la energía nuclear se ha fortalecido. Actualmente cuenta con 94 reactores operativos, de los que la mayoría, el 77% tienen permiso para funcionar hasta los 60 años y en trece casos incluso se les ha autorizado a hacerlo hasta los 80 años. Es precisamente dos de las unidades estadounidenses, las North Anna I y II las que están consideradas ‘gemelas’ de las dos unidades de Almaraz. En el caso de las centrales de los EEUU su vida útil se ha autorizado prolongar hasta los 80 años, frente a los 44 años con los que se quieren clausurar los reactores de la central extremeña      

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