La coordinadora de las plataformas de universidades públicas, que agrupan a trabajadores y estudiantes, ha anunciado que preparan dos jornadas de huelga para el próximo mes de noviembre con el objetivo de exigir una financiación completa y estable del sistema público, según ha informado la asociación UCM por la Pública en un comunicado.
Aunque todavía no se han concretado las fechas de las movilizaciones, la plataforma ha criticado duramente a la Comunidad de Madrid por "intentar hacer creer que la prolongada asfixia económica" que padecen los centros universitarios "es responsabilidad de quienes trabajan en ellos".
El porcentaje dedicado a educación, el más bajo
"Más allá de las excusas y justificaciones sobre los recortes, Madrid continúa siendo la comunidad autónoma que menos porcentaje de su presupuesto dedica a las universidades públicas, además de mantener las tasas más altas en grado y máster y los sueldos más bajos del país", ha denunciado.
Según informa Europa Press, la asociación ha señalado que, de las 49 universidades públicas españolas, "las cuatro que reciben menor financiación por estudiante son la Rey Juan Carlos (URJC), la Autónoma (UAM), la Carlos III (UC3M) y la Complutense (UCM)".
"Mientras el PIB madrileño ha aumentado un 8,8% en los últimos quince años, el presupuesto destinado a personal en la Complutense se ha reducido en un 15,5%. No podemos aceptar que el derecho a la educación pública dependa de préstamos o de una financiación condicionada a objetivos propios del sector privado”, ha subrayado la organización.
Este lunes, el Gobierno regional anunció que destinará 10 millones de euros adicionales al capítulo de financiación por objetivos de las seis universidades públicas madrileñas. Esa cantidad, junto a la financiación básica para su funcionamiento y la destinada a necesidades específicas, compondrá el nuevo modelo de financiación universitaria, cuyo importe total aún se está definiendo.
Ante esta situación, UCM por la Pública ha reclamado "una educación superior plenamente pública y financiada al 100%, sin someterla a criterios de rentabilidad". Ha reiterado que "no aceptarán ser señalados como culpables del estrangulamiento financiero que sufren desde la crisis de 2008".
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