La decisión de cerrar Almaraz, si un acuerdo no lo remedia, tendrá un impacto negativo en dos niveles: el energético y el económico. En las últimas horas el tablero ha comenzado a activarse ante la posibilidad de una prórroga que pudiera acordarse, pero hasta entonces el futuro de la central sigue en el aire. Las propietarias –Iberdrola, Endesa y Naturgy- han ratificado que antes de fin de mes remitirán al Gobierno una petición formal para negociar una prórroga que debería ser aprobada por el Gobierno.

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En todos estos meses, en particular desde el apagón del pasado 28 de abril, el argumento del impacto energético ha ido adquiriendo peso para no respaldar el cierre. La energía nuclear aporta robustez y estabilidad a la red y su desaparición podría representar un problema para controlar posibles alteraciones de tensión. Sólo la central de Almaraz produce el 7% de la energía que se demanda en nuestro país. Al año genera casi 17.000 GWh, el consumo equivalente a 4 millones de hogares.

Pero ese será el impacto energético, no el único. El económico será especialmente relevante no sólo para el entorno de la central sino para toda Extremadura. Un informe elaborado por Metyis cifra en 124 millones el impacto negativo que tendría para los municipios del área próxima, 207 millones para las arcas y economía extremeña y 829 millones anuales en forma de freno a la economía que genera en el conjunto del país. En términos de empleo, las cifras del informe apuntan que el impacto será de una pérdida de 15.000 empleos por la caída de actividad que tendría desmantelar Almaraz.

La instalación que explotan Iberdrola, Endesa y Naturgy es una de las mayores empresas de Extremadura. Además de impulsar la economía de toda la comarca, lo hace en forma de pago de millones vía impuestos y tasas a los distintos niveles administrativos y que con su final desaparecerían. El informe detalla cómo en toda la red de influencia de la central, que de un modo u otro se benefician de ella, se encuentran hasta 27 localidades. Municipios que suman casi 39.000 habitantes y que en muchos casos se han ido configurando gracias al impulso económico y tributario que ha supuesto para sus respectivas economías locales y arcas municipales.

Impuestos y tasas millonarias

Actualmente el decreto gubernamental que establece que debe clausurarse en 2027 sigue en vigor. Por ello, los trámites administrativos para tal objetivo siguen su curso. Actualmente la central ultima el documento que fijará el plan de cierre y que antes de fin de mes deberá remitir al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Además, antes de finales de marzo debería presentar su petición oficial de cese de actividad. Un cronograma durante el cual aún cabría revertir el proceso si se logra un acuerdo para su continuidad, como están reclamando las energéticas.

El estudio señala que el área de influencia se dispersa por más de 1.600 hectáreas en las que la central nuclear se ha convertido en un pilar de su economía. Se trata de pueblos en los que no sólo la actividad empresarial es mayor y más activa que en el resto de Cáceres, sino que también su población es más joven. Se trata en muchos casos de trabajadores jóvenes –el 51% de los trabajadores de Almaraz tiene menos de 46 años- que se han instalado en municipios de la zona, rejuveneciendo todo el área. Perfiles que en muchos casos corresponden a trabajadores de alta cualificación y que han contribuido a que la renta media alcance los 27.045 euros brutos de media, un 30% más elevada que la media en Extremadura. Y todo por el efecto tractor que durante las cuatro décadas de funcionamiento ha ejercido la nuclear.

El principal revés que supondría el cierre de Almaraz sería la pérdida de la ‘lluvia’ de millones que en forma de tasas e impuestos abona anualmente la central. Para este año la previsión es que alcance los 435 millones de euros. Un pago del que se beneficia la Comunidad Autónoma –cerca de 82 millones- y otros 12 millones a ayuntamientos de pequeños municipios, en muchos casos con menos de mil habitantes. Existen casos en los que los presupuestos de los consistorios dependen en hasta un 79% de los pagos de la central, como es el caso de Saucedilla, el 66% en Romangordo o el 60% el Almaraz.

Trece veces más de gasto por habitante

Es precisamente ese beneficio en forma de tributos el que permite que muchas de estas localidades situadas en su zona de influencia puedan contar con mejores servicios públicos. El informe de Metyis concluye que el gasto por habitante en la zona de influencia de la central alcanza los 725 euros, lo que supone trece veces más que el gasto medio que hace la Diputación de Cáceres en la provincia.

Además de un impacto económicamente negativo, el posible cierre de Almaraz provocaría un impacto negativo en toda la actividad económica de los servicios de los municipios de su entorno. El gasto que genera en la zona es de 297 millones de euros al año y en el caso del Gobierno autonómico dejaría de percibir 152 millones en impuestos. La clausura de la instalación nuclear provocaría el cierre de empresas, a marcha de trabajadores y un posible progresivo envejecimiento de la población en toda la comarca.

Los primeros efectos de la situación de incertidumbre que atraviesa ahora la central ya se ha producido. El proceso de recarga que actualmente lleva a cabo en su segundo reactor cuenta con 200 operarios menos que los habituales. Se trata de la 29º recarga y en esta ocasión, al tener que planificar un cierre, según la orden ministerial en vigor, habrá tareas y medidas que no se llevarán a cabo.

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