Diez meses llevan los empleados públicos con el sueldo congelado. Este bloqueo ha llevado a los tres sindicatos mayoritarios —CSIF, UGT y CCOO— a convocar este jueves movilizaciones en toda España bajo el lema Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos, en demanda de una propuesta económica clara por parte del Gobierno. "La pelota está en el tejado del Ministerio", ha expuesto el presidente de CSIF, Miguel Borra, en declaraciones a los medios de comunicación tras la protesta, que ha concentrado a entre 500 y 1.000 personas, según los organizadores.

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La mesa de negociación se encontraba paralizada. El propio ministro de Función Pública y Transformación Digital, Óscar López, había enfriado las expectativas al asegurar en una entrevista en TVE el pasado 1 de octubre que "primero hay que desbloquear la cifra de los Presupuestos para luego hablar con los sindicatos". Inmediatamente después los sindicatos desmintieron la declaración del ministro: "Es una excusa inaceptable porque los sueldos se pueden subir también con las cuentas prorrogadas", respondió por redes sociales CSIF.

Desde CCOO recordaron que "no era de recibo" mantener los salarios públicos congelados mientras el sector privado pacta aumentos cercanos al 3,7%. Por su lado, UGT fue un paso más allá y puso el foco en la falta de justificación económica para el bloqueo. Si “España va a todo gas a nivel económico” y la recaudación ha aumentado más de un 7%, subrayó su secretaria general, “no hay problemas para gestionar este país, aunque no se aprueben Presupuestos Generales. ¿Qué está pasando?”. En definitiva, para los sindicatos la ausencia de una propuesta salarial en un contexto de expansión económica resultaba incomprensible y alimentaba la sensación de agravio respecto del sector privado.

Cambio en la cúpula por miedo a la primera huelga general en la era Sánchez

Sin embargo, el escenario empezó a cambiar el 14 de octubre, cuando los tres sindicatos anunciaron un calendario de movilizaciones graduales en las que el pistoletazo de salida comenzaría el 30 de octubre y, en caso de que Función Pública continuase con su posición inmovilista, terminarían convocando una jornada de huelga a nivel general en diciembre. Sería la primera huelga general a la que se tendría que enfrentar Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa.

Ante esta amenaza para la credibilidad institucional, el Ejecutivo movió ficha rápidamente. En el Consejo de Ministros del 21 de octubre se nombró a Consuelo Sánchez como nueva secretaria de Estado de Función Pública, en sustitución de Clara Mapelli. Además, este jueves se ha dado a conocer a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) que se ha cesado a la antigua directora general de Función Pública, con María Hilda Jiménez sustituyendo a María Isabel Borrel.

Con el organigrama renovado y el pulso sindical creciendo, el Ministerio reaccionó. Apenas una hora antes del arranque de la protesta, Función Pública citó a los sindicatos a una reunión este miércoles para retomar las conversaciones.

Oferta o huelga

Fuentes sindicales consultadas por El Independiente explican que exigen al Gobierno que Función Pública, "en la reunión del miércoles, presente una oferta económica” con la nueva subida salarial y que se refleje la intención de seguir negociando el nuevo Acuerdo Marco que aborde las subidas salariales del colectivo de empleados públicos para los próximos años.

Para los sindicatos, es imprescindible retomar ese marco, dado que el anterior —el llamado Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI— ya ha agotado su recorrido. Dicho pacto fijó las subidas para el trienio 2022-2024: un 3,5% en 2022, un 2,5% en 2023 y un 2% en 2024, además de dos incrementos adicionales del 0,5% vinculados a la inflación y al crecimiento económico. La última de estas subidas, correspondiente a 2024, se aprobó en julio con efectos retroactivos, un retraso que las organizaciones interpretaron como una muestra del escaso compromiso del Ejecutivo con el colectivo.

En esta nueva negociación, CSIF insiste en que el futuro acuerdo salarial debe vincularse al IPC, como ocurre con las pensiones, para blindar el poder adquisitivo. Y las tres centrales sindicales elevan el tono de presión. “Advertimos de que si no hay acuerdo, habrá huelga en diciembre”, han concluido en un comunicado conjunto.

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