El empresario conocido por entregar 100.000 euros a Alvise Pérez justo antes de la campaña para las elecciones europeas se sienta este viernes frente al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Álvaro Romillo, conocido como 'Cryptospain', está investigado como líder de una presunta organización criminal internacional dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales, a través un entramado societario denominado Madeira Invest Club. Tras más de un año de instrucción, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) le investiga ahora por la ocultación de sus bienes entre los que estaría un yate de lujo por valor de 23 millones de euros.

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'Luis Cryptospain', como le conocen sus seguidores, ha sido detenido este jueves por agentes de la Guardia Civil para "asegurar su comparecencia" ante el juez, después de descubrir que disponía de una cuenta con 29 millones de euros en Singapur. La existencia de fondos y bienes en el extranjero han hecho saltar todas las alarmas ante el posible riesgo de fuga.

El Instituto Armado llevaba ya meses investigando al empresario por la existencia de una trama organizada cuyo objetivo sería evitar el decomiso de bienes millonarios como vehículos o yates de lujo, acordado por la Justicia. Entre las actividades que la UCO tiene en el radar destaca la venta por 100.000 euros de su yate de lujo, valorado en 23 millones de euros, a una sociedad búlgara.

Esta transacción se cerró tan solo dos meses después de que la Audiencia Nacional acordase investigar a Romillo por un contrato de permuta, al que ha tenido acceso El Independiente y que formaba parte de una pieza separada. La venta de este yate de lujo por un valor considerablemente inferior a su valor de mercado a través de varias empresas interpuestas apuntaría a que el objetivo era evitar su embargo e incautación, lo que encaja en supuestos delitos de quebrantamiento medida cautela y alzamiento de bienes.

Cuando estalló el caso, la sociedad portuguesa Maidentiok LDA, cuya titularidad se atribuye a Álvaro Romillo, transfirió a una empresa controlada por un taxista búlgaro la totalidad de las acciones de la sociedad Azesto Enterprises Limited y el yate a cambio de que esta entidad le transfiriera el 100% de las participaciones de C6 Corporate SL. Fuentes jurídicas, señalan a la letrada de la defensa como titular real de esta sociedad y vinculan a la empresa con la sede del despacho de abogados fundado por la misma.

El juez recibe un nuevo informe de la Agencia Tributaria

En esta misma línea, cabe destacar la aparición del despacho de abogados contratado por Álvaro Romillo en un informe de la Agencia Tributaria, que formaba parte de la pieza declarada secreta. En este documento, se refleja un pago por valor de 250.000 euros al despacho Vox Legis el 13 de mayo de 2024, meses antes de que el empresario del mundo 'crypto' fuese investigado por la Audiencia Nacional.

Durante esos meses, también se constituyó la creación de la empresa Pelayo Investment Eood, actual propietaria del yate de Romillo. El dueño de dicha entidad es considerado un presunto testaferro, puesto que anteriormente no había desempeñado actividades en el sector. Anteriormente, constaba como trabajador por cuenta propia como taxista y como agricultor.

El despacho de Zaballos Abogados, que defiende a parte importante de los afectados por la presunta estafa piramidal del Madeira Invest Club ya pidió en octubre de 2024 el embargo del buque Omnia. Dos meses después, se procedió a su venta. Entonces, se localizó el yate en el Port Rashid de Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

El juez José Luis Calama ha levantado este jueves el secreto de sumario de esta causa, en la que recientemente han llegado informes de la UCO y de la Agencia Tributaria. Uno de ellos, apunta a la existencia de una cuenta bancaria en Singapur vinculada a este empresario con 29 millones de euros.

A la investigación por estafa agravada, blanqueo y organización criminal, hay que sumar las pesquisas de la Guardia Civil en torno a la presunta comisión de nuevos hechos delictivos, cometidos después del inicio de la instrucción que apuntan a la ocultación de bienes por valor de más de 100 millones de euros.

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