Durante la recta final de la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación de la dana que abrió a principios de mes el Congreso de los Diputados, Génova consideró que el aún presidente de la Generalitat valenciana, en funciones, asumió toda su responsabilidad al dimitir el 3 de noviembre y abocar al PP a un relevo exprés en Les Corts por su segundo, Juanfran Pérez Llorca. Con ello presente, se evitaron hacer mayores valoraciones en una convocatoria de rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección nacional del partido.

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Protagonizada por el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, en una jornada en la que se reunía el Consejo de Política Fiscal y Financiera, clave para los Presupuestos, y en la que Hacienda ha dado margen a las comunidades para gastar 5.500 millones hasta 2028, Bravo apreció que "ahora, sin lugar a dudas, lo más importante en Valencia es la reconstrucción".

No entró en detalles después de que Mazón asegurase en la comisión parlamentaria que no respondió a la llamada a las 19.10 de la tarde de Salomé Pradas, la entonces consellera de Emergencias, porque quizá llevaba el teléfono en la mochila. Fue la hora posterior de su comida en El Ventorro, tras la que se dirigió junto a Maribel Vilaplana al parking donde tenía su coche. Otras de las declaraciones dadas es que entró al restaurante con escoltas, pero salió sin ellos.

"Estábamos en la reunión del comité de dirección, entonces no he podido escuchar esas declaraciones", expresó Bravo, también responsable de Vivienda e Infraestructuras de Génova. Como hicieron desde el grupo parlamentario los suyos, en defensa de Mazón, Bravo dejó caer que mientras el presidente en funciones sí compareció, quien no lo van a hacer son los miembros del Gobierno -está consensuado que distintos cargos, incluido Pedro Sánchez, lo hagan en la fase final de la investigación parlamentaria, en todo caso-.

"Lo que no sabemos, porque no van a comparecer, es dónde estaba el señor Sánchez y sus ministros, la delegada del Gobierno -en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé-, y toda la gente que tenía responsabilidades para atender la emergencia que todavía no se ha explicado en ningún sitio". Sobre todo, insistió Bravo en la falta de explicaciones y comparecencia de Bernabé. Mazón "está dando explicaciones y ha presentado su dimisión". Del resto "ni sabemos dónde estaban ni dónde tenían sus teléfonos, nada", se reafirmó Bravo.

En el PP esperan que el Gobierno se implique en la reconstrucción. "El PP ha cumplido" apoyando los reales decretos sobre la dana. "El PSOE, no", señalando, entre otros, cuestiones como el rechazo a los presupuestos para la reconstrucción de Mazón, pactados con Vox.

La sucesión valenciana de la Generalitat y del PP

Según Bravo, es el PP valenciano quien está implicado ya "en esas negociaciones" para la investidura de Pérez Llorca. Dan a entender que la intervención de Génova y de Alberto Núñez Feijóo terminó tras confirmar su candidatura. Más allá de valorar cómo avanza ese diálogo, Bravo aseguró que lo esencial es "centrarse en los trabajos de reconstrucción", que es "lo que los valencianos esperan tras la catástrofe". "En eso es en lo que el PP está" en su diálogo con Vox, en "lo importante, en la reconstrucción".

Preguntado Bravo por si se ha hablado de esa investidura en la reunión o del relevo de Mazón al frente del PP valenciano, Bravo insistió en la importancia previa de esa investidura. No entró a valorar si hay previsto o no próximamente un congreso del partido para elegir a su nueva presidencia.

Mención a Ayuso por los objetores de aborto

En esa rueda de prensa, Bravo fue preguntado por la 'rebeldía' de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que a diferencia de sus homólogos populares en Aragón o Baleares, sigue negándose a crear el registro de objetores de aborto en la región y a trasladar el listado al Gobierno.

Bravo consideró que cuando hay "diferencias" o posturas enfrentadas, como es el caso, lo más idóneo es "acudir a la vía judicial". Supone un respaldo a la presidenta madrileña. En este caso, no habría dudas con la legislación, que deja clara la exigencia de crear el registro. Por ello, el Ministerio de Sanidad ha elevado la negativa a los tribunales.

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