Entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025, una delegación empresarial canaria viajará a Dajla, en el Sáhara Occidental ocupado, para explorar oportunidades económicas en torno al megaproyecto portuario Dajla Atlantique. Una cita impulsada por Proexca —la sociedad pública de internacionalización dependiente de la Presidencia autonómica— y FEDEPORT que ha encendido las alarmas del Frente Polisario, que acusa al Ejecutivo regional de convertirse en “cooperador necesario de la ocupación”.

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El viaje, dirigido a empresas del sector portuario y marítimo, promete acceso a inversiones y servicios auxiliares en una infraestructura valorada en 1.300 millones de euros. Marruecos vende el proyecto como su gran apuesta logística para conectar África con Europa y América, pieza clave de su estrategia para consolidar la ocupación militar que ejerce sobre el territorio desde 1975. Proexca insiste en que su papel es meramente técnico, limitado a acuerdos marco con asociaciones empresariales. Pero la entidad facilita vuelos, alojamiento y una agenda institucional con autoridades marroquíes.

El movimiento se produce en un momento marcado por las iniciativas en el Congreso de los Diputados que censuran el cambio de posición del Gobierno español. La semana pasada cinco diputados nacionales del Partido Popular — socios de Coalición Canaria en el Ejecutivo regional— se reunieron en Gran Canaria con representantes del Polisario para reafirmar su apoyo al referéndum de autodeterminación. En la cita participó la delegación saharaui en las islas, encabezada por Alisalem Sidi Zein Yaa, que recordó que el pueblo saharaui vive “medio siglo de anomalía histórica” tras la salida española de 1975. “Nuestro pueblo seguirá luchando hasta lograr la independencia”, insistió.

El representante del Polisario en España, Abdulah Arabi, no ha tardado en reaccionar. Considera el viaje “especialmente grave” por implicar a una administración pública en lo que define como una “perpetración del expolio”. Recuerda que en la sentencia del 4 de octubre de 2024 el Tribunal de Justicia de la UE reafirmó la obligación de contar con el consentimiento saharaui para cualquier acuerdo que afecte al territorio.

“Es indiscutible que sin el expolio de los recursos naturales Marruecos no ocuparía el Sáhara Occidental a día de hoy”, afirma Arabi. “Evidentemente puede haber actividad económica en el territorio, pero nunca a costa de los derechos del pueblo saharaui. Es inaceptable que las administraciones públicas se conviertan en cooperadores necesarios”. El Frente Polisario exige diálogo serio y advierte de que el nuevo acuerdo económico entre la UE y Marruecos corre el riesgo de acabar, como los anteriores, anulado por la justicia europea.

Para Rabat, la misión empresarial es otro capítulo en una estrategia sostenida de hechos consumados: consolidar inversiones, atraer capital extranjero, normalizar la explotación económica del Sáhara. Dajla es su joya en construcción: puerto, energías renovables, economía azul, logística y una narrativa de desarrollo que busca legitimar la ocupación. En este tablero, Canarias juega con un temor latente: perder peso frente a la pujanza portuaria marroquí en el Atlántico, con Dajla y Tánger Med como polos emergentes.

El TJUE ha reiterado que Marruecos no posee soberanía sobre el territorio y que cualquier actividad económica requiere el consentimiento del pueblo saharaui, representado exclusivamente por el Frente Polisario. Sin él, toda inversión se inscribe en terreno inestable. Y esta, recuerdan los saharauis, no lo tiene.

El presidente canario Fernando Clavijo ya mostró su sintonía con Rabat en 2024, durante una visita oficial en la que respaldó el giro de la política española hacia la autonomía marroquí del Sáhara. Sus declaraciones abrieron grietas en la propia Coalición Canaria, históricamente alineada con la causa saharaui.

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